La jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, revela cómo ocurrió la supuesta corrupción en el Capitolio.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó hoy, jueves, al director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz, y a los asesores legislativos Isoel Sánchez Santiago y Chrystal Robles Báez por un presunto esquema de facturación por servicios profesionales que nunca fueron prestados.

Los cargos presentados son, específicamente, por fraude electrónico y robo de identidad agravada. La magistrada federal Camille Vélez revisó el caso e impuso fianzas de $10,000 para cada uno de los acusados, la cual fue prestada. De ser encontrados culpables, los imputados pueden ser condenados a 20 años en prisión.

  

Estas son las primeras acusaciones asociadas a la investigación sobre los contratos fantasmas en el Capitolio que se comenzó a destapar con la renuncia del ahora exrepresentante Samuel Pagán y las denuncias de uno de sus empleados, Luis Hiram Delgado, a quien se le exigió que facturara como su fuera contratista de la firma International Legislative and Government Consulting Group cuando no lo era.

Según explicó la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, Sánchez Santiago y Robles Báez incorporaron sus empresas Global Instant Consulting Group y International legislative and Government Consulting Group el 1 de enero de 2017, fecha en la que el actual liderato legislativo estaba en pleno proceso de toma de posesión tras obtener una amplia mayoría de los votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado durante las elecciones generales del 2016.

La fiscal indicó que Robles Báez en más de 15 ocasiones facturó, certificó y solicitó falsamente pagos por haber asistido a las oficinas legislativas a ofrecer servicios. “En realidad la acusada no brindó los servicios profesionales, sino que se encontraba en otro lugar”, dijo Rodríguez.

Como parte del esquema, Robles Báez y Sánchez Santiago utilizaron la identificación de varias personas ajenas al fraude para justificar la facturación por servicios que nunca prestaron como coordinadores interagenciales bajo la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado.

Figueroa Cruz autorizó estos pagos fraudulentos, indicó la fiscal federal durante una conferencia de prensa en la sede de la agencia federal en Hato Rey. Él también es presidente de la Asamblea Municipal de Bayamón y presidente de la Junta de Subastas del Senado. Tras conocer sobre la detención, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, solicitó la remoción del funcionario de susfunciones municipales.

“Este es el caso de los famosos empleados fantasmas. Es un esquema para defraudar al gobierno de Puerto Rico. Creo que todos sabemos que ha sido así (el fraude con contratos fantasmas) por muchos años y es momento de decir basta ya”, sostuvo Rodríguez.

La fiscalía federal entiende que puede probar que los acusados se apropiaron con el esquema de al menos $27,300. Esta cifra representa el estimado más conservador de los investigadores que trabajaron el caso. “Debe ser mucho más. El cálculo nuestro es conservador, sumamente conservador”, dijo Rodríguez.

El caso en un inicio fue investigado por el Departamento de Justicia estatal y referido a las autoridades federales.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, no explicó el criterio que se utilizó para decidir hacer un referido a la esfera federal.

Rodríguez, por su parte, recordó que, si los fiscales estatales hubiesen continuado con la pesquisa eventualmente el caso, por disposición legal, llegaría a las manos de los directivos de la Oficina de Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). Esta dependencia ha sido eje de recientes controversias sobre el manejo de casos contra funcionarios públicos.

De hecho, a finales del año pasado, imputaron, sin éxito, cargos por conflicto de intereses contra la secretaria de Justicia. Esa imputación fue justo en momentos en que Justicia investigaba el esquema de los contratistas fantasmas en el Capitolio.

La presidenta de OPFEI, Nydia Cotto Vives, en el pasado hecho donativos políticos para el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz.


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