Con entrega inmediata: $1,200 por un vehículo hurtado o robado mediante carjacking.

Aunque parezca un chiste de mal gusto, así era básicamente la temible operación que presuntamente desarrollaron diez personas imputadas de pertenecer una organización dedicada a la venta de vehículos robados en múltiples municipios, así como al trasiego de armas de fuego y drogas, hasta que fueron arrestados en un operativo del Negociado de la Policía este jueves.

Por la estructura pequeña y cerrada de la organización, los investigadores tardaron en lograr adentrarse con agentes encubiertos para tener acceso al presunto líder de la pandilla, identificado como Oscar Laguer Medina, de 49 años.

“Por espacio de tres años, la División de Vehículos Hurtados de la Policía estuvo inmersa en una compleja investigación que culminó con la desarticulación de una organización criminal y el arresto de todos sus miembros dedicados al robo de autos y trasiego de drogas”, indicó el comisionado de la Policía, el coronel Antonio López Figueroa, en conferencia de prensa.

El Departamento de Justicia formuló 84 cargos contra Laguer Medina, Manuel Torres Nieves, alias “Pesta”, de 32 años; Xavier Rivera Natal, de 28 años; Luis Daniel Rivera Olivo, de 24 años; Western Rodríguez Rosado, alias “Negro”, de 38 años; José Francisco Candelaria, alias “Gordo”, de 29 años; Luis J. Marí Ocasio, de 25 años; Johnavier Iván Rodríguez Sánchez, de 28 años, y Luis Fernando González Ramos, de 39 años.

Los vehículos fueron reportados como hurtados en Arecibo, Bayamón, San Juan y Carolina.

En el transcurso de la investigación, agentes encubiertos de la Policía compraron 19 vehículos a la ganga para tenerlos como evidencia. También les compraron siete rifles y una pistola modificada para disparar de forma automática.

“Lograr acceso a esta organización y llegar hasta su cabecilla tomó años de esfuerzo e investigación, una inversión considerable de recursos y sobre todo, el valor y el sacrificio de unos agentes que arriesgaron sus vidas en más de una ocasión, para poder sacar de las calles a estos individuos y desmantelar esta organización criminal de una vez y por todas”, manifestó López Figueroa.

La pesquisa destapó un horrendo esquema de “oferta y demanda en el bajo mundo” mediante el suplido de vehículos, presuntamente, utilizados para cometer delitos violentos como ataques a tiros desde autos en movimiento, pero ese ángulo está bajo investigación.

Lo que sí aseguró López Figueroa es que Laguer Medina, supuestamente, se dedicaba a revender vehículos que compraba legalmente en subastas, pero que los reparaba con piezas de vehículos hurtados. Según el funcionario, el sujeto “ordenaba el hurto de autos que cumplieran con las características de los adquiridas legalmente”.

Rivera Natal y Rivera Olivo eran algunos de los supuestos suplidores de vehículos de la organización. Ambos, presuntamente, se dedicaban al hurto de vehículos Hyundai Tucson, los modelos Sportage y Sedona de KIA.

Mientras, Echegaray Gerena, presuntamente, fungía como intermediario entre el líder y los suplidores de vehículos y armas, y también como facilitador de venta de vehículos y armas de fuego dentro de la organización. De este modo, la identidad del líder era protegida y resultaba más difícil tener acceso a él.

Echegaray Gerena también recibía, supuetamente, autos robados de parte de Torres Nieves, quien se dedicaba a robarlos y quien coordinaba la compra de otros automóviles robados por terceros, en acuerdo con Rivera Natal.

“En muchas de las ocasiones el encubierto le solicitaba un vehículo hurtado, y el mismo día lo hurtaban. Y, a la hora, (los agentes encubiertos) ya estaban comprándolo... Muchos de ellos fueron en Barceloneta y muchos en el área de Bayamón”, destacó el fiscal José Acevedo, de la Fiscalía de Arecibo, donde se radicaron los cargos. “(Cobraban) $1,200 por cada vehículo”.

“Cabe destacar que estas transacciones fueron grabadas, y las grabaciones son excelentes. Las evalué antes de radicar”, agregó.

Aunque entienden que son responsables de carjackings, López Figueroa explicó que “la modalidad” era ir a centros comerciales como “Plaza Las Américas o los Outlets de Barceloneta”, para hurtar “cuando les pedían un vehículo en particular”.

Cuando se le preguntó a López Figueroa sobre la razón por la que, presuntamente, preferían modelos de los fabricantes KIA y Hyundai, el comisionado sostuvo “porque son los de más demanda en Puerto Rico”.

Las unidades, supuestamente, eran desmanteladas en un negocio clandestino de hojalatería y pintura de Echegaray Gerena en el barrio La Peña en Camuy, lugar que también utilizaba para vender armas de fuego y sustancias controladas.

“Los vehículos legales eran reparados y reacondicionados con las piezas de los vehículos hurtados y así los vendían en las calles”, expuso el jefe policiaco.

Según la pesquisa, Marí Ocasio, presuntamente, ayudaba a Echegaray Gerena en el desmantelamiento de vehículos hurtados y transportaba los autos robados.

Por su parte, Rodríguez Rosado, supuestamente, también ayudaba a desmantelar los autos y vendía armas. Durante el curso de la investigación, participó en la venta de tres vehículos y un rifle, según los cargos.

“Robaban 10 a 12 vehículos diarios”, señaló el teniente Gerardo Oliver, director del Negociado de Vehículos Hurtados de la Policía.

De acuerdo con la jefa de fiscales de Justicia, Jessika Correa González, formularon cargos por violaciones a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular relacionados con el comercio ilegal de vehículos y piezas, así como con la mutilación, alteración y/o destrucción de números de identificación.

Agregó que también enfrentan cargos por por el trasiego de drogas, portación y distribución ilegal de armas de fuego automáticas.

En la conferencia de prensa, Acevedo indicó que los imputados “se exponen a sobre 200 años de cárcel nada más que por las armas”.

Explicó que la Ley de Armas dispone que, por la posesión ilegal de una pistola, una persona pudiera pasar hasta ocho años en prisión; hasta 10 años por la venta ilegal de armas; y 18 años por realizar modificaciones ilegales. De ser encontrados culpables en todos los cargos, las sentencias se cumplirían de forma consecutiva.

Mientras, Rivera Natal estaba en la calle después de cumplir, aproximadamente, un año en una prisión federal por la posesión de un arma alterada para disparar de forma automática.

Rivera Natal fue arrestado el 28 de marzo de 2019 por cargos de posesión del arma alterada, en un caso procesado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La denuncia federal radicada en aquel momento relató que la División de Vehículos Hurtados de Bayamón lo detuvo en Toa Alta al ejecutar una orden de allanamiento en su residencia, donde encontraron a Rivera Natal, así como a su compañera consensual, su padre y tres menores de edad.

En la vivienda también hallaron una pistola alterada marca Glock, cuatro cargadores y 48 municiones calibre .40, además de otros artículos ocupados.

Según la denuncia, en entrevista con los agentes de ATF, Rivera Natal confesó que el arma había sido un pago que recibió de alguien por hacerle un trabajo de mecánica.

En junio de 2020, Rivera Natal se declaró culpable. Luego de estar bajo custodia desde que fue arrestado, en octubre de 2020, en la vista de sentencia, el juez federal Pedro Delgado dictó una condena de tiempo servido en prisión, por lo que salió a cumplir tres años de libertad condicionada.

Para el 17 de junio de 2021, la Oficina de Probatoria notificó al Tribunal federal que Rivera Natal violó las condiciones de libertad debido a que fue arrestado por la Policía en enero de ese año por la venta ilegal de autos robados, al ser atrapado con una Kia Sportage de 2017 robada. Sin embargo, el caso no pasó de vista preliminar. Otro caso, por violación a la Ley 22 de Vehículos de Motor, no prosperó porque pasó más del tiempo requerido para ser procesado.

De todas formas, el juez Delgado encontró causa para revocarle la libertad condicionada, pero no lo envió a prisión, sino que le sumó dos años de libertad condicionada después de cumplir seis meses de arresto domiciliario con grillete.

Un año después, en agosto de 2022, la Oficina de Probatoria volvió a notificar que Rivera Natal violó las condiciones impuestas por el tribunal. En una moción, el oficial probatorio señaló que fue arrestado nuevamente por violación a la Ley de Vehículos Hurtados por dos incidentes separados en Bayamón y San Juan, y fue ingresado a prisión estatal al no pagar la fianza.

Según el expediente federal, ese segundo caso estatal tampoco prosperó, pero se mantuvo bajo custodia federal hasta que, en abril de 2023, la defensa y la Fiscalía federal recomendaron que fuera sentenciado a tiempo cumplido nuevamente, sumándole 18 meses de libertad condicionada.

Rivera Natal fue arrestado por, tercera ocasión, un año después; esta vez en el operativo de este jueves. Para arrestarlo, el oficial probatorio le avisó que lo visitaría a las 6:00 de la mañana, cuando se suponía que estuviera en su casa. Sin embargo, no estaba y acordaron encontrarse en el estacionamiento de una mega tienda, donde fue puesto bajo custodia por la Policía.

Al ser trasladado este jueves al Cuartel General de la Policía, en San Juan, Rivera Natal llegó sonriente y saludando a las cámaras de la prensa. “Na, eso es fabricado. No tienen na”, declaró Rivera Natal, a preguntas de TeleOnce sobre las alegaciones en los cargos. “Eso es mentira, eso es mentira. Eso es esa gente hablando estupideces y fabricando”.