A solo horas de que se completara la venta de taquillas para la última función de la residencia del exponente urbano Bad Bunny “No me quiero ir de aquí: Una Más”, la empresa Ticketera alertó que cualquier plataforma que ofrezca boletos para el evento es fraudulenta y advirtió sobre un esquema cibernético que ya ha defraudado a clientes.

En comunicado de prensa, la compañía denunció que una plataforma denominada ticketera.online alega tener a la venta boletos para el concierto, cuando en realidad se trata de un esquema fraudulento.

“Exhortamos a los clientes a no entrar a ese enlace, ya que Ticketera es la única empresa a cargo de la venta de boletos y que, en esta ocasión, se hizo mediante un registro; luego, el envío de un correo electrónico con un código único que le permitía la compra del boleto”, explicó Manny Morales, socio fundador de Ticketera.

“Advertimos que esta práctica es ilegal, como también la reventa de boletos en Puerto Rico”, destacó.

Bad Bunny llevará a cabo este sábado su último concierto de la residencia.

Los fanáticos también podrán disfrutar del espectáculo a través de la plataforma de “streaming” Amazon Prime Video.

La última función ocurrirá en momentos en que el artista enfrenta una demanda luego que una persona que se identificó como el dueño del hogar que el cantante utilizó en vídeos para su producción “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” alegara que su propiedad ha sido explotada comercialmente sin una justa compensación y sin un contrato válido.

Según la demanda radicada en el Tribunal de San Juan, de la que El Nuevo Dia obtuvo copia, Carrasco Delgado sostuvo que en noviembre de 2024 fue contactado por una representante de los codemandados -que incluye a las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions- para utilizar su residencia como escenario de la filmación del cortometraje titulado “Debí Tirar Más Fotos”.

Sin embargo, el demandante aseguró que nunca se le explicó el alcance del proyecto y que su firma fue obtenida en la pantalla de un celular y trasladada de forma fraudulenta a contratos que él no pudo leer, dado que no sabe leer ni escribir.

En síntesis, sostuvo que un empleado o representante de los codemandados solicitó su anuencia para utilizar la propiedad como escenario principal para el cortometraje, pero “no le explicó los detalles (...) tampoco le presentó una propuesta formal o informal al respecto. Sin embargo, accedió, aunque no tenía conocimiento detallado de la forma y manera que se utilizaría La Casita”.

Ahora, el residente de Humacao reclama $5 millones por enriquecimiento injusto y $1 millón adicional por daños y angustias mentales, al alegar que su tranquilidad fue alterada al convertirse su hogar, a su vez, en atractivo turístico que es presuntamente visitado a diario por una “gran cantidad de personas que se detienen frente o penetran al perímetro”.