Un gran jurado federal acusó a dos mujeres por labor forzada y explotación financiera de una persona con discapacidad intelectual.

En un comunicado de prensa, el fiscal general adjunto Harmeet Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal, y el fiscal Stephen Muldrow informaron este miércoles que el pliego también presentó cargos contra un agente de la Policía Municipal de Carolina por encubrimiento.

Los acusados fueron identificados como Luz María Peña López, de 55 años; Tatiana Correa Peña, de 36 años; y Enrique Gutiérrez Rivera, de 54 años y esposo de Peña López, todos residentes de Carolina.

El gran jurado acusó a Peña López y su hija, Correa Peña, por trabajos forzados y conspiración para cometerlos.

Peña López también fue acusada de servidumbre de documentos, mientras que su esposo, el policía municipal Gutiérrez Rivera, fue acusado de encubrimiento de un delito grave relacionado con su conocimiento, omisión de informar y ocultar el uso indebido de los beneficios del Seguro Social de la víctima por parte de sus coacusadas.

Los tres acusados ​​fueron arrestados en la mañana de este miércoles, indicó el comunicado.

Según el pliego, Peña López y Correa Peña recurrieron a palizas, inmovilización física, amenazas de violencia, servidumbre documental, aislamiento, negación de higiene básica y atención médica, y suministro de drogas o medicamentos sin receta contra una mujer adulta con discapacidad intelectual.

Los cargos alegan que de esa forma obligaban a la víctima a mendigar, participar en actividades delictivas y fraudulentas para su propio beneficio económico y realizar labores domésticas en la vivienda compartida.

La acusación señala que, como parte de su plan coercitivo para obligar a la víctima a trabajar, Peña López y Correa Peña amenazaron a la víctima con violencia y muerte.

También alega que la golpearon físicamente, a veces usando objetos como cinturones, palos de escoba y cables, además de que restringieron la capacidad de la víctima de salir de la residencia, obligándola a dormir en un espacio anteriormente utilizado para albergar cabras y gallos, incluso encerrándola a veces durante la noche.

Una moción de la Fiscalía federal, que solicita que no se les permita salir bajo fianza a los acusados, indica que la víctima dormía en un catre y utilizaba un balde debajo como un inodoro para hacer sus necesidades.

De acuerdo con los cargos, las acusadas utilizaron los beneficios de discapacidad del Seguro Social de la víctima para su propio uso personal, negándole esos fondos incluso para artículos de higiene básicos como ropa, cepillos de dientes, desodorante y toallas sanitarias.

“El Departamento de Justicia condena el atroz abuso y trabajo forzado infligido a esta víctima discapacitada, como se alega en esta acusación, y estamos comprometidos a garantizar que los perpetradores enfrenten todas las consecuencias de la ley”, Dhillon, en declaraciones escritas.

Según la Fiscalía federal, la pena máxima por el delito de trabajo forzoso es de 20 años de prisión. Mientras, el castigo máxima por encubrimiento de un delito grave es de tres años de cárcel.

El caso está siendo investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), mientras que las fiscales Daynelle Álvarez y Jessica Arco, de la Unidad de Trata de Personas de la División de Derechos Civiles, están a cargo de la acusación.