Mientras recopilan diferentes tipos de pruebas, investigadores de la Policía buscan identificar cuál habría sido la causa que llevó al accidente vehicular que cobró la vida de una mujer y dos menores, quienes fueron arrollados en Canóvanas el domingo pasado.

El teniente Rodolfo León, del Negociado de Patrulla de Carreteras, explicó a El Nuevo Día que han comenzado las gestiones para obtener la evidencia que necesitan para establecer las circunstancias del incidente.

Según León, la pesquisa de este caso tomará más tiempo que la del accidente fatal en Vega Baja, también en el fin de semana, cuando se radicaron cargos en 36 horas contra un conductor por la muerte de una mujer y su bebé de dos meses.

“En el caso de Vega Baja hubo una prueba oficial, que fue la prueba de aliento, que fue de .010% y se pudo radicar. El caso de Canóvanas conlleva una investigación adicional. El joven (que los atropelló) arrojó .000%. Entonces, hay que buscar el móvil”, indicó León.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:12 p.m. del 23 de noviembre, en la PR-3, cerca de The Outlets 66, en Canóvanas, donde varias personas participaban de una actividad de recolección de fondos para un equipo de baloncesto juvenil.

En un comunicado de prensa, la Policía indicó que un joven, de 18 años y residente de Loíza, “conducía su vehículo Suzuki Vitara de color rojo y del año 2008, por la ruta PR-66 a exceso de velocidad”.

Agregó que “al llegar a la intersección con la carretera PR-3 y la PR-188, el mismo perdió el control y dominio del volante, desviándose hacia el área verde ubicada al lado derecho de la vía”. Allí impactó a “tres peatones que se encontraban en el área”.

Posteriormente, la Policía indicó que Angélica Lebrón de Jesús, de 42 años, y su hijo Jayden Bermúdez Lebrón, de 12, ambos residentes de Loíza, fallecieron en el lugar. Mientras, Kenny Yadiel Almonte Olea, de 14 años y residente de Carolina, falleció en un hospital del área mientras recibía asistencia médica.

“Según la magnitud del accidente, sí hubo velocidad. Pero, entonces, hay que ‘supinar’ (buscar orden judicial de allanamiento para) cámaras a ver si damos por cuáles circunstancias ese joven atropelló a esas personas”, apuntó León.

Mientras, señaló que solicitaron órdenes de allanamiento para un teléfono celular que ocuparon. También buscarán acceso a cámaras de seguridad. Además, llevarán a cabo una inspección del vehículo con el que fueron impactados los perjudicados.

El conductor, entretanto, quedó citado para una fecha posterior.

“Hay que ser responsable con la prueba que se lleve a un magistrado para que pueda sostenerse un tribunal”, comentó el teniente, al recordar que la ley provee hasta diez meses para la radicación de cargos.

Sobre los comentarios de que se pudo haber quedado dormido, León señaló que “es materia de defensa que se está investigando. En este momento no se puede decir”. Dijo que, de todas formas, cualquier conductor que cause un choque tras quedarse dormido “es negligencia”.

Asimismo, apuntó que, según lo dispuesto por ley, un conductor que cause daño a una persona por “guiar temerariamente” se expone a una pena máxima de 8 años de cárcel.