Una pareja extraditada desde la República Dominicana a Puerto Rico enfrenta cargos federales por presuntamente participar en un esquema internacional de extorsión sexual por internet, mediante el cual, supuestamente, utilizaron fotografías y videos íntimos para exigir dinero a sus víctimas bajo amenazas de divulgar el contenido.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía Federal en Puerto Rico informó que Patricia Joanna Almonte Frías y su pareja, Rineldys Feliciano Díaz Cuevas, fueron arrestados en la República Dominicana el 19 de agosto, a solicitud de las autoridades federales, y extraditados a Puerto Rico el 30 de septiembre.

Según documentos judiciales citados por la Fiscalía federal, la pareja, supuestamente, operaba desde la República Dominicana un esquema internacional de extorsión sexual con fines económicos, mediante el cual conspiraron para cometer acoso cibernético y emitir amenazas interestatales, delitos que presuntamente también llevaron a cabo.

La Fiscalía federal aseguró que los acusados identificaban y extorsionaban a sus víctimas mediante redes sociales como Facebook, WhatsApp y otros servicios. Presuntamente, Almonte Frías utilizaba su imagen para persuadir a víctimas en Puerto Rico a compartir fotografías y videos de contenido sexual explícito por internet, los cuales eran grabados en secreto.

Posteriormente, Díaz Cuevas y otros presuntos cómplices supuestamente exigían dinero a las víctimas bajo la amenaza de divulgar las imágenes comprometedoras entre sus familiares y amigos. En algunos casos, los acusados presuntamente creaban montajes fotográficos que combinaban imágenes sexuales explícitas de las víctimas con fotografías de menores de edad, con el propósito de dar la falsa impresión de que las víctimas mantenían relaciones sexuales con menores, reveló la Fiscalía federal.

De acuerdo al comunicado de prensa, en múltiples ocasiones, las víctimas pagaron las cantidades exigidas e incluso vaciaron sus cuentas bancarias. A pesar de ello, los acusados presuntamente cumplieron sus amenazas y distribuyeron las imágenes sexuales de las víctimas entre sus contactos en internet, incluidos familiares y amigos.

“Estos acusados ejecutaron un esquema calculado que se aprovechaba de la confianza, el miedo y la vulnerabilidad de las personas, dejando a su paso consecuencias duraderas”, expresó Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico.

“La extorsión sexual es un delito despiadado, y este proceso judicial deja claro que quienes exploten a sus víctimas, sin importar dónde se escondan, serán identificados, perseguidos y llevados ante la justicia”, concluyó.

De igual forma, Carlos R. Goris, agente especial a cargo (SAIC) del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), agencia que estuvo a cargo de la pesquisa, indicó que “en el entorno digital actual, que cambia constantemente, los delincuentes desarrollan métodos cada vez más ingeniosos para atacar y explotar a sus víctimas. La extorsión es un delito grave que puede causar daños económicos y psicológicos duraderos”.

“El FBI exhorta a todos los ciudadanos a mantenerse alerta mientras navegan por internet y a informar a las autoridades si sospechan que han sido víctimas de extorsión. Sus denuncias ayudarán a las agencias del orden público a desarticular estas redes y evitar que otras personas se conviertan en víctimas. El FBI demuestra una vez más que, sin importar dónde se encuentren, los encontraremos y los llevaremos ante la justicia”, añadió Goris.

La Fiscalía federal precisó que Almonte Frías y Díaz Cuevas enfrentan cargos por conspiración para cometer acoso cibernético y emitir amenazas interestatales, en violación de la sección 371 del título 18 del Código de Estados Unidos.

Los acusados comparecieron por primera vez ante el Tribunal federal en Puerto Rico el 1 de octubre, ante el magistrado Marcos E. López.

De ser declarados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión. No obstante, la Fiscalía federal indicó que un juez determinará cualquier sentencia tras considerar las Guías Federales de Sentencias y otros factores establecidos por ley.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el agregado legal del FBI en Santo Domingo, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) y las agencias del orden público de la República Dominicana brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto.

El fiscal federal auxiliar Julián Radzinschi, de la División de Fraude Financiero y Corrupción Pública, está a cargo del procesamiento del caso.