Un nuevo informe de la organización Kilómetro Cero cuestiona la efectividad de la Reforma de la Policía, al plantear que “ha fracasado” por no lograr “algunos de sus objetivos más cruciales”, particularmente sobre el uso de la fuerza.

Mientras, el superintendente Joseph González defendió la Reforma, al asegurar que ha habido avances en el proceso que inició hace más de una década.

La denuncia de Kilómetro Cero se basa en los resultados de una investigación que produjo el informe “Ignorancia deliberada: el fracaso sistémico de la Reforma Policial de Puerto Rico”, que será presentado este martes, en el Colegio de Abogados de Puerto Rico.

La directora ejecutiva de la organización, Mari Mari Narváez, explicó que el estudio se trata sobre los patrones de uso de fuerza policial que no resultaron en muertes, analizando miles de reportes de la Policía, obtenidos de la agencia a través de una demanda en el Tribunal de San Juan.

“Este informe se basa en tres preguntas centrales sobre la Reforma de la Policía: si ha habido algún avance en desescalar la fuerza, si ha habido progreso en eliminar el discrimen racial en el uso de la fuerza, si ha habido progreso en la forma en cómo la Policía identifica y corrige sus propias deficiencias en el uso de fuerza”, detalló Mari Narváez.

“En las tres preguntas, que entendemos que son centrales para responder si la Reforma ha sido exitosa o no, el proceso de la Policía ha sido deficiente”, agregó. “Nosotros lo que decimos es que ha sido un fracaso”.

La Reforma de la Policía de Puerto Rico resultó de un acuerdo en el Tribunal Federal en San Juan en 2012, luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos radicara una demanda por violaciones de derechos civiles.

Con un presupuesto de fondos estatales de $20 millones anuales, la Policía ha estado sujeta a cumplir con 212 puntos que son evaluados por la Oficina del Monitor, que responde al Tribunal Federal y emite informes bianuales.

Ese proceso continuará hasta que el monitor John Romero encuentre que la agencia cumplió con cada área por dos años consecutivos.

El director de investigaciones de Kilómetro Cero, Luis Alberto Avilés, indicó que la nueva investigación analizó los informes de incidentes de uso de fuerza por oficiales, reportados por la Uniformada entre 2016 y 2024. El estudio contó con la asistencia de la organización “Human Rights Data Analysis Group”, con base en San Francisco.

Avilés señaló que los 12,127 reportes estudiados, surgidos de 6,387 incidentes policiales, los llevó a concluir que no ha habido una reducción en el uso de fuerza.

“A pesar de 13 años de una política de desescalar, los propios informes de la Policía dan datos que demuestran que no se ha desescalado”, dijo Avilés.

Observó que, durante el periodo de nueve años analizado, se mantuvo básicamente “igual” la cantidad de veces que se aplicó el “Nivel 4” del uso de fuerza, que es el más alto y que implica acciones que pueden causar grave daño o, incluso, la muerte.

Con un total 565 incidentes, Avilés dijo que no hubo una variación significativa entre los 52 casos en 2016 y los 71 en 2024.

Mientras, resaltó que hubo un aumento de los reportes de uso de fuerza en los otros tres niveles, que van desde un agarre de muñecas, hasta el uso de dispositivos electrónicos y apuntar con un arma de fuego.

En el Nivel 1, vieron un incremento de 238 en 2017 a 4010 en 2024, mientras que el Nivel 2 subió de 171 a 265 y el Nivel 3, de 335 a 410.

Añadió que el aumento señalado contrasta con el hecho de que se ha reducido la cantidad de oficiales activos.

El informe no expone las razones alegadas por los agentes para usar la fuerza. Ante la pregunta sobre si estuvo justificada, Mari Narváez expuso que casi la mayoría de los reportes aparecen con la aprobación de los supervisores.

Sin embargo, dijo que, en algunos casos, se ha revertido la aprobación inicial luego de ser revisados por la Unidad de Investigación de Fuerza (FIU, por sus siglas en inglés).

“Aquí el punto tiene que ser”, añadió Avilés, “que independientemente de si se justifique o no, (en la Policía) no han cumplido con el mandato de desescalar. Si ellos lo justifican o no, eso es un criterio diferente”.

De otro lado, el informe plantea que la Policía no ha eliminado el discrimen racial en el uso de la fuerza, como también mandata la Reforma de la Policía.

El análisis encontró que los vecindarios “con las concentraciones más alta de personas negras experimentan una tasa de disparos policiales no fatales que es 114% más alta” que los vecindarios “con mayor concentración de personas blancas”.

La conclusión surge de un estudio que realizaron de los incidentes junto con estadísticas demográficas, con relación al lugar en que ocurrieron.

El analista de datos de Kilómetro Cero, Luis Emilio Muñoz, explicó que la necesidad de esta metodología de estudio se debió a que los informes de la Policía no han documentado consistentemente la información racial de las personas intervenidas.

Relató que el formulario sobre los incidentes de uso de fuerza ha tenido varios cambios con el pasar de los años, resultando en que, por ejemplo, en 2023 no se documentó la información de raza en el 76% de los casos, mientras que la cifra, en 2024, fue de un 59%.

Destacó que, específicamente, en los casos Nivel 4, el 38.2% de los informes no tenía información racial.

“Eso nos da una inconsistencia en cómo la Policía ha estado recogiendo la información de raza. En algunos, con categorías, en el otro, con encasillados abiertos”, puntualizó Muñoz.

El informe indica que, a partir de 2022, se incluyeron categorías para indicar si los intervenidos son de raza blanca o negra. Luego, en 2023, se añadieron otras opciones en el formulario.

Por su parte, Avilés recordó que la demanda federal que llevó a la Reforma señalaba que la Policía “tiene un problema, porque si no puede recoger datos raciales de una forma apropiada, luego no se puede evidenciar el discrimen racial”.

“Al día de hoy, esa afirmación que hizo el Departamento de Justicia (federal), en 2011, sigue siendo igual”, sostuvo Avilés. “La Policía tiene un problema sistémico”.

Al alegar que falta documentación que consideran adecuada, Kilómetro Cero concluyó que “existe una práctica consistente de subregistro, subinforme y subconteo del uso de fuerza policial” de forma deliberada para no identificar y corregir deficiencias.

Por ejemplo, Avilés dijo que un análisis de los casos de uso del dispositivo electrónico -conocido como “taser” - pudo identificar un patrón de los oficiales que lo utilizaron con mayor frecuencia. Uno lo usó en 12 ocasiones, otro lo aplicó 10 veces, mientras que dos oficiales lo activaron ocho veces, y otros dos lo usaron dos veces.

“Bajo el lema ‘si no hay datos, el problema no existe’ (no data, no problem), la PPR (Policía de Puerto Rico) utiliza la ignorancia como estrategia para evitar u obstruir la producción y difusión de la información para visibilizar, medir y rendir cuentas por la violencia policial”, afirmó.

Por su parte, el superintendente de la Policía defendió la Reforma asegurando que la agencia “ha cambiado para mejorar”.

El funcionario contrastó la conclusión del informe de Kilómetro Cero con las evaluaciones positivas recibidas recientemente por el monitor Romero.

“Basado en la última vista en el tribunal, el mismo juez, el monitor y todas las partes, están de acuerdo de que ha habido un mejoramiento significativo en lo que es el uso de fuerza”, expresó González.

En su informe de diciembre, que evaluó el periodo de abril a septiembre de 2025, Romero informó que analizó al azar 59 reportes, concluyendo que los agentes actuaron “de acuerdo con los derechos, privilegios e inmunidades aseguradas y protegidas por la Constitución, las leyes de Estados Unidos y el Estado Libre Asociado, que prohíben el uso de fuerza irrazonable”.

González, quien trabajó hasta el año pasado como agente del FBI, comentó que, en las agencias federales, cuando se efectúa “un arresto, el equipo completo tiene que sacar sus armas de fuego, porque la acción no le gana a la reacción”. “Eso es cuestión de seguridad”, enfatizó.

“En la Policía, cada vez que se saca un arma, eso genera un reporte Nivel 3”, explicó.

Dijo que los requisitos de la Reforma han resultado en que más policías entreguen informes sobre uso de fuerza, recordando que el reglamento establece un plazo de ocho días para someterlo o se exponen a una suspensión de 40 días.

González planteó que un reporte de “uso de fuerza” no significa que se trate de un caso de “fuerza excesiva”.

El Nuevo Día solicitó las cifras de la Policía sobre la cantidad de incidentes considerados como casos de uso de fuerza excesiva bajo los criterios de la Reforma, pero la información no fue entregada.

González mantuvo que, “definitivamente”, la Policía ha mejorado en desescalar las intervenciones para reducir los casos de uso de fuerza excesiva, como lo define la Reforma.

“Muchos de nuestros policías ya tienen las cámaras corporales. Muchas veces, llegan alegaciones de uso de fuerza y otras cosas, y se aclara al momento con el uso de las cámaras”, agregó.

De otra parte, contestó con un “no” cuando se le preguntó si la Policía aplicaba la fuerza de forma discriminatoria.

El funcionario, no obstante, se abstuvo de comentar más sobre el análisis demográfico de los casos “sin ver el informe con estadísticas” mencionadas por Kilómetro Cero.

La Uniformada no proveyó cifras para el periodo del 2016-2024, pero sí entregó a este medio un informe sobre el periodo del 2024-2025, con estadísticas que muestran una reducción en el uso de fuerza en el Nivel 2 del 4%, en el Nivel 3 del 20% y en el Nivel 4 del 19%, mientras que el Nivel 1 aumentó un 20%.

Ese mismo documento indica que, en “2025, 1,815 personas intervenidas fueron de raza blanca. En 2024, fueron 1,688 personas de la misma raza intervenidas, para un aumento de 127 personas de raza blanca; reflejándose un aumento de 7%”.

“En 2025, 401 personas intervenidas fueron de raza negra. En 2024, fueron 464 personas de la misma raza intervenidas, para una disminución de 63 personas de raza negra; reflejándose una disminución de un 14%”, añadió.

“Sabemos que, si no tenemos la confianza, si el pueblo no confía en la Policía, no podemos hacer el trabajo”, manifestó González. “Tenemos que estar seguros de que estamos respetando los derechos civiles de todos y todas para ser exitoso como un cuerpo”.

“Siempre hay espacio para mejorar, y siempre estamos mejorando y buscando áreas donde podemos mejorar. Es evidente con el último informe del monitor y la última vista (en el Tribunal Federal)”, afirmó.