Un numeroso contingente de agentes estatales, municipales y federales llevó a cabo un operativo durante la mañana de hoy, jueves, en el residencial público La Rosaleda, ubicado en Guaynabo.

La intervención respondió a una serie de investigaciones que apuntan a la comisión de actos delictivos en el área, así como amenazas contra funcionarios públicos que acuden al complejo para ofrecer servicios comunitarios.

Como parte del operativo, se diligenciaron varias órdenes de registro y allanamiento. De momento, al menos seis personas han sido arrestadas y se han ocupado cinco armas de fuegos de distintos calibres.

Uno de los objetivos fue inspeccionar apartamentos que no han sido asignados oficialmente por el Departamento de la Vivienda, pero que estarían siendo ocupados de manera ilegal o utilizados para fines ilícitos.

La intervención tuvo como objetivo, entre otras cosas, inspeccionar apartamentos que no han sido asignados oficialmente y que están siendo ocupados de forma ilegal o utilizados para actividades delictivas.

Además, las autoridades seguían la pista de varios individuos que, presuntamente, han amenazado a funcionarios públicos que intentaban acceder al residencial para ofrecer servicios a la comunidad.

La información fue confirmada por el comisionado de la Policía Municipal de Guaynabo, el coronel Jorge Hernández Peña, quien ofreció mayores detalles sobre la intervención en el complejo de vivienda pública.

“A veces cuando agencias de gobierno y, posiblemente, el mismo municipio vienen aquí a dar servicios, son amenazados por estos individuos que les indican que se tienen que ir del lugar”, indicó Hernández Peña.

Además, confirmó que un can especializado marcó como positiva un área dentro de la oficina administrativa, donde posteriormente se halló un arma de fuego, lo que será investigado por el Departamento de Vivienda.

“Nosotros tenemos que lograr que la gente viva tranquila aquí”, explicó Hernández Peña, en entrevista con TeleOnce.

En la intervención participaron policías estatales y municipales, personal del Departamento de Vivienda, así como oficiales adscritos al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals, en inglés).

De igual manera, participan agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), entre otras agencias federales.

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