El Departamento de Justicia informó este lunes que la investigación sobre la muerte de la enfermera Jennifer M. Torres Castro se encuentra en una etapa avanzada y que el Ministerio Público ya recibió la mayoría de los resultados de los análisis periciales realizados como parte de la pesquisa.

La fiscal de distrito de Caguas, Arlene Gardón Rivera, indicó en declaraciones escritas que la Fiscalía ha completado múltiples diligencias investigativas junto a la Policía y que ahora evalúa la evidencia recopilada.

“Ya recibimos la mayoría de los resultados de los análisis encomendados y nos encontramos examinando minuciosamente la totalidad de la prueba recopilada, como parte de nuestra responsabilidad de realizar una evaluación completa y fundamentada antes de determinar las acciones que correspondan en derecho”, expresó Gardón Rivera en el comunicado.

Torres Castro, una enfermera de 36 años natural de Cayey, fue encontrada sin vida el pasado 24 de junio en su residencia del sector Quebrada Arenas, en el barrio Río Cañas de Caguas. La Policía reclasificó posteriormente la pesquisa como un asesinato luego de que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinara que la muerte fue violenta.

Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años, figura como el principal sospechoso del crimen y fue arrestado el 1 de julio en Barceloneta, luego de que la Junta de Libertad Bajo Palabra emitiera una orden relacionada con presuntas violaciones a las condiciones de su libertad.

Como parte de la investigación, el ICF le tomó muestras de ADN a Pino el 4 de julio para compararlas con material recuperado de la escena y del cuerpo de Torres Castro. La agencia informó el 20 de agosto que había concluido el análisis y que el informe con los resultados estaba disponible para el Ministerio Público y los investigadores del caso.

La Fiscalía había informado previamente que esperaba contar con los resultados de esos análisis y completar otras gestiones antes de tomar una determinación sobre la posible radicación de cargos.

Pino, quien cumplía una sentencia por el asesinato de otra mujer y había obtenido el beneficio de libertad bajo palabra en 2018, también fue objeto de un proceso ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. Durante una vista relacionada con las condiciones de su liberación, admitió que la noche del 23 de junio había ingerido bebidas alcohólicas, discutido con Torres Castro y tenido un “altercado físico” con ella, según documentos judiciales.

La Junta informó posteriormente que Pino habría violado seis condiciones de su libertad bajo palabra.