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Revés de la defensa de Mari Tere González (horizontal-x3)
En la investigación del FEI se le imputa a Mari Tere González López ejercer presión para que confirmaran a Sally López como directora de la Administración de Derecho Laboral. (Ramón “Tonito” Zayas)

El juez Rafael Enrique Taboas Dávila declaró esta tarde que no procede una solicitud de desestimación presentada por la defensa de la exsenadora Mari Tere González López, a quien se le imputan 13 violaciones de ley como perjurio, traspaso de documentos falsificados y falsedad ideológica.

El abogado Youseph Lamboy argumentó, sin éxito, que la presunta conducta criminal imputada a su clienta, en todo caso, debió manejarse en el escenario administrativo desde la Oficina de Ética Gubernamental y no por el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Tras escuchar el fallo, anunció que acudiría al Tribunal de Apelaciones.

“Se presentó una moción de desestimación precisamente porque el FEI no cumplió con la Ley de Ética. Existen unos procedimientos administrativos que se están siguiendo en estos momentos y el FEI ha presentado una acusación sin tener la prueba completa”, argumentó Lamboy ante periodistas al finalizar la vista. El letrado estaba acompañado por González López, quien no hizo comentarios.

El juez Taboas Dávila pautó una vista de seguimiento para el 23 de junio.

La prueba es presentada en este caso por los fiscales independientes Leticia Pabón y Ramón Mendoza.

“Entendemos que los elementos o bases de jurisdicción del FEI son sumamente claras”, dijo Mendoza, quien dijo que no tenía comentarios cuando se le preguntó si la investigación en torno a las acciones de González López como legisladora seguía abierta.

El FEI, de hecho, mantiene una investigación, desde el 20 de enero, contra varias figuras, incluyendo al expresidente de la Cámara, Jaime Perelló, por enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, malversación de fondos públicos e infracción a la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas.

"Con Perelló la investigación continúa", dijo Mendoza. "Todavía faltan elementos (para acusar", agregó.

El caso criminal contra González López emana del proceso judicial por corrupción contra el íntimo amigo de González López y exrecaudador de fondos del Partido Popular Democrático (PPD). En medio del proceso, la exlegisladora se amparó en su derecho a no prestar declaración cuando se le cuestionó sobre un donativo para su campaña que le había hecho Hernández.

En la investigación del FEI se le imputa a González López ejercer presión para que confirmaran a Sally López como directora de la Administración de Derecho Laboral. Supuestamente también llamó al entonces presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Alberto Lázaro, para que nombraran a Sonia Barrero como jefa de la Oficina de Compras y Logística de la corporación pública.

Ambas mujeres fueron nombradas, aunque la defensa de González López ha argumentado que su clienta no tenía el poder para influenciar en esos nombramientos.

Supuestamente a cambio, González López vivió tres años sin pagar renta en un apartamento en Aguadilla del oncólogo Rolando Jiménez, pero le mintió a la OEG al asegurar en documentos que pagaba por la renta del apartamento. Ese acuerdo fue alcanzado con Jiménez, según el gobierno, a través de la mediación de Héctor Vargas, socio de Anaudi Hernández.

Jiménez, Vargas y Hernández figuran como testigos de cargo en el caso. Hoy se hubiera iniciado el proceso con el testimonio de la agente Yanira Valdés, del Negociado de Investigaciones Especiales y Juan Báez, auditor de la OEG.


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