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Mientras transcurría la audiencia de la jueza Swain, frente a la corte federal, ciudadanos llevaron a cabo protestas. (Ramón “Tonito” Zayas)

La jueza Laura Taylor Swain denegó ayer el pedido del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) para actuar como síndico del gobierno en ciertas demandas contra entidades o individuos que se cree que propiciaron el colapso financiero de la isla, al señalar que la ley federal Promesa le impide tomar una decisión en torno a la propiedad del gobierno si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no da su aprobación.

Pero acto seguido, Swain pareció advertir que si bien la ley Promesa le confiere deferencia, toca al organismo fiscal ganarse “la confianza” de todas las partes interesadas en el proceso de reestructuración de la deuda de la isla y también tocará a sus integrantes vivir con las consecuencias de sus actos.

Con esas palabras, la jueza que preside los casos de Título III de Puerto Rico denegó el pedido que Luc A. Despins, abogado principal del UCC, radicó a la luz de la sección 926 del Código de Quiebras y que, hasta ayer, parecía la única avenida para intentar fijar responsabilidades sobre las entidades e individuos que habrían sido responsables de la emisión de millones de dólares en bonos que ahora el territorio estadounidense no puede pagar.

En síntesis, Swain emitió su fallo estableciendo que la sección 305 de Promesa prohíbe a la corte disponer de la propiedad o los activos del deudor sin que la JSF dé su aprobación. En ese contexto, Swain indicó que el UCC no pudo demostrar que, en efecto, el organismo fiscal haya renunciado a la propiedad o a los activos del gobierno al determinar que no tomará ciertas acciones legales por el colapso financiero de la isla.

El UCC alegaba que la JSF, en esencia, ha “abandonado” parte de los activos del gobierno al determinar que no radicará demandas por fraude o violaciones contractuales, recursos que servirían para que Puerto Rico reciba alguna indemnización por tales eventos.

“La Junta no quiere ir a donde le llevan los hechos”, dijo Despins en un intento por avanzar su causa.

Swain falló en contra del UCC luego de casi una hora de argumentaciones, pero sobre todo, luego que el abogado del Comité de Reclamaciones Especiales de la JSF, Edward Weisfelner, revelara en corte abierta que antes del próximo 2 de mayo, el organismo fiscal radicará varias demandas por el colapso financiero de la isla.

Larga lista de demandados

Según Weisfelner, la JSF se propone demandar a 27 bancos de inversiones, nueve bufetes de abogados y cinco firmas de contabilidad, que se entendería que actuaron como auditores.

La identidad de los demandados, empero, es desconocida hasta la fecha porque la JSF sometió los nombres de estos en una moción sellada.

Sin revelar el alcance de tales acciones o qué entidades serán demandadas, Weisfelner, del estudio legal Brown Rudnick, aseguró a Swain que contrario a lo dicho, la JSF sí se propone recobrar honorarios de los bancos de inversiones.

Aseguró también que la JSF es consciente de las teorías que apuntan a que en ciertas instancias, Puerto Rico emitió bonos para pagar deudas a los propios bancos que estructuraron la transacción, y aquellas en torno a la práctica de refinanciar bonos (lo que se conoce como “scoop and toss”), y adelantó que la JSF se propone radicar varias acciones legales por la causal de fraude implícito.

Si, en efecto, la JSF demanda a terceros, sucedería prácticamente en la fecha límite para tomar ese curso de acción.

Ello, porque mientras el UCC no logró su objetivo, la JSF tampoco prevaleció en su intento por que la corte le concediera tiempo adicional para recobrar de ciertos bonistas hasta $9,000 millones en pagos de principal e interés que no proceden porque corresponden a bonos que se habrían emitido ilegalmente.

A pesar de que Weisfelner aseguró que Puerto Rico es “un caso único” y relató los escollos que el Comité de Reclamaciones Especiales de la JSF ha tenido para identificar a los bonistas que interesa demandar, la jueza indicó que tales argumentos no le convencían. Agregó que ella tampoco tenía jurisdicción porque no había un caso propiamente ante su consideración.

Si bien Swain cerró la puerta a los reclamos individuales del UCC y de la JSF, la jueza abrió la puerta para los litigios que se avecinan, al aprobar la estipulación revisada que convierte al organismo fiscal y al grupo de acreedores en codemandantes y cofiduciarios en las causas de acción contra terceros que se radicarán la semana próxima.

Swain dio paso a la estipulación entre la JSF y el UCC, reconociendo que el organismo federal podría quedar inoperante a partir del próximo 16 de mayo, en caso de que el Primer Circuito de Apelaciones no suspenda el plazo de 90 días que dio para que la Casa Blanca corrija los nombramientos inconstitucionales de los integrantes de la JSF.

Ayer, de hecho, mientras Swain presidía la vista en la corte de distrito de Puerto Rico, la JSF radicaba el pedido para detener el plazo de 90 días ante el foro apelativo federal.

En tanto, Swain pospuso hasta la audiencia general de junio una moción del Comité Oficial de Retirados que busca anular unos $3,100 millones en Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés).


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