El viernes, Ángel “Chago” Marcano Rivera testificó en el juicio federal contra Áurea Vázquez Rijos y otros dos acusados. (vertical-x1)
El viernes, Ángel “Chago” Marcano Rivera testificó en el juicio federal contra Áurea Vázquez Rijos y otros dos acusados. (Alex Figueroa Cancel)

Durante los siete días que van del juicio federal por el asesinato de Adam Anhang, han salido a relucir nuevos cuestionamientos sobre el procesamiento estatal que llevó a Jonathan Román Rivera a cumplir ocho meses de cárcel tras ser convicto, en 2007, por un crimen que no cometió.

Desde la distancia, Román Rivera sigue el proceso que aún le resulta doloroso, pese a los años transcurridos desde que las autoridades estatales tuvieron que liberarlo, en 2008, cuando Alex Pabón Colón confesó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) haber asesinado a Anhang, el 22 de septiembre de 2005.

El hermano de Román Rivera, Ángel “Chago” Marcano Rivera, dijo que el entonces joven residente de la barriada La Perla vive ahora en Estados Unidos.

“Jonathan sigue tranquilo. Ahora esto lo está trayendo a memoria”, expresó Marcano Rivera. “Sigue por las redes lo que está pasando, pero se pone ansioso”.

“Quedó afectado… siempre queda algo. Jonathan es Jonathan antes del juicio y después del juicio. Tenemos otro Jonathan. No es el mismo de antes”, agregó, tras negarse a comentar sobre la información que ofreció como testigo, el viernes, en el juicio federal.

En ese juicio, Áurea Vázquez Rijos está acusada de liderar una conspiración para el asesinato de Anhang, su esposo. También está acusada su hermana, Marcia Vázquez Rijos, y el entonces novio de esta, José Ferrer Sosa.

Otro de los testigos, el agente a cargo de la investigación policíaca por el asesinato de Anhang, José Miranda, dijo que el mismo día en que arrestó a Román Rivera, el 12 de octubre de 2005, dudó de si era el asesino. Testificó que, esa misma noche, la madre del detenido le confirmó la identidad de Román Rivera, por lo que entendió que no era Pabón Colón, quien era la persona que buscaba desde el principio.

Según Miranda, al día siguiente del arresto le comunicó a la fiscalía de San Juan sus dudas sobre la responsabilidad de Román Rivera por el crimen, pero el Ministerio Público siguió con el proceso y radicó los cargos por asesinato, por los que llegó a ser sentenciado a 105 años de prisión.

Luego que la fiscalía federal le pasara parte de su prueba, el Estado accedió a una moción para que Román Rivera fuera liberado. Aun así, en aquel momento, el jefe de fiscales, José Capó, defendió la labor de su equipo.

El entonces secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos ordenó una investigación interna, pero el resultado nunca trascendió públicamente.

“Aunque nos desesperamos, en un momento, siempre estuvimos confiados de que, en un momento, iba a salir toda la verdad”, expresó Marcano Rivera.

Áurea lo sabía

Por otro lado, el abogado Luis Rullán testificó, en el juicio federal, que Áurea declaró bajo juramento que Román Rivera no era el asesino de su esposo.

Rullán dijo que la declaración de Áurea fue parte de su deposición para la demanda que sometió contra los padres de Anhang para reclamar que se le pagaran los $8 millones estipulados en las capitulaciones matrimoniales.

La deposición bajo juramento ocurrió entre el 27 y 28 de agosto de 2007, un mes antes del juicio contra Román Rivera.

“Le mostramos la foto que salió en el periódico (de Román Rivera). Dijo que ese no era la persona que asaltó a Adam”, recordó Rullán.

“Eso fue justo antes del juicio de Jonathan Román. Así que le dijimos si estaba dispuesta a testificar por él. Dijo que sí, si se lo pedían”, agregó.

Luego, la defensa de Vázquez Rijos le preguntó si la viuda había sido citada formalmente para testificar en el juicio estatal contra Román Rivera. Rullán contestó “no sé”, porque Vázquez Rijos, “poco después (de la deposición), se fue de Puerto Rico”.

Incongruencias

“Lo que prueba este juicio (federal) es que la primera investigación estuvo muy mal hecha y, si no es por el gobierno federal, esa persona todavía estaría presa”, dijo el abogado criminalista Ignacio Rivera.

Según reseñas periodísticas de 2007, en el juicio estatal de 2005 chocaron las versiones de dos testigos en cuanto a la identificación del asesino.

El abogado criminalista Carlos Cotto Cartagena, quien fue el testigo estrella de la fiscalía estatal, dijo que llegó a estar a 15 pies de la escena, y que tuvo contacto visual con el asesino antes de que se fuera corriendo. Luego, señaló a Román Rivera en una rueda de confrontación por fotografías.

En el mismo juicio, Cotto Cartagena admitió que en el lugar de los hechos –a eso de la medianoche del 22 de septiembre– había poca iluminación y no llevaba puesto sus espejuelos para su condición de astigmatismo.

Cotto Cartagena dijo que la persona llevaba gorra y el pelo recogido en un rabo de una pulgada. Esa descripción coincidió con la ofrecida por la también testigo Gloribel López. Pero López, quien declaró como testigo de la defensa de Román Rivera, ofreció detalles más específicos, al asegurar que vio el desarrollo de los acontecimientos desde antes.

López declaró que desde el balcón de su apartamento, en un segundo piso de la calle Luna, vio primero a una pareja, que resultaron ser Anhang y Áurea Vázquez Rijos.

Acto seguido, vio frente a su apartamento al sujeto que identificó como “Alex”. Dijo que rápidamente se escondió, pues le temía, porque la había perseguido dos veces por el Viejo San Juan.

Más aún, ofreció un dato que nadie más ha destacado y que ni si quiera fue mencionado por la fiscalía federal en su apertura del juicio actual: López declaró que una persona en un auto dijo algo a “Alex” en ese momento y éste se ocultó hasta que la pareja le quedó de frente, y atacó a Anhang.

También dijo que vio a Vázquez Rijos tirarse sobre el cuerpo ensangrentado de su esposo y luego acostarse a su lado.

El otro testigo ocular de la fiscalía estatal, Damián Vázquez, describió al agresor como “un poco alto”.

Señalando a Román Rivera, quien estaba sentado, el abogado le preguntó: “¿más alto que esta persona?”.

El testigo contestó: “sí, un poco más alto”.

Versión ignorada

López admitió que al principio no quiso hablarle a la Policía cuando fueron a entrevistarla, poco después del crimen, porque no confiaba y temía por su seguridad.

Dijo que poco antes del juicio, en septiembre de 2007, decidió hablar con el abogado de Román Rivera por “la conciencia, porque no podía estar tranquila”.

De hecho, en los primeros días del juicio, los abogados de la defensa indicaron al juez que una de sus testigos había solicitado escolta policiaca.

No obstante, los autoridades estatales se aferraron al testimonio de Cotto Cartagena e, incluso, tacharon de mentirosa a López.

El fiscal Manuel Núñez dijo que Lo´pez era “Lydia Echevarría parte dos, acongojada con la conciencia porque está mintiendo”, en referencia a la actriz que fue convicta por el asesinato del animador Luis Vigoreaux.

Insinuación en el aire 

Las autoridades estatales nunca acusaron a Áurea, pero a lo largo del juicio insinuaron que la viuda de Anhang había tenido algo que ver y que tenía un vínculo con Román Rivera.

Como prueba de la relación, Núñez apuntó que se le había referido a Gordon, quien era el abogado de Áurea.

El joven fue arrestado el 12 de octubre de 2005 en el local comercial Pink Skirt de Áurea, en el Viejo San Juan.

Los fiscales federales indicaron que hay evidencia de que Román Rivera llevado allí por Aixa Correa, a quien conocía porque trabajaron juntos en un restaurante de comida rápida. Correa también era empleada doméstica de Áurea.

Durante el juicio estatal tampoco salió a relucir una de varias cartas que supuestamente Pabón Colón le envió a Áurea y Marcia para que le pagaran el dinero prometido por asesinar a Anhang.

Dos testigos han declarado en el juicio federal sobre tener conocimiento de esas cartas.

Demandó

Después de que fuera liberado, Román Rivera demandó al gobierno de Puerto Rico y varios funcionarios de la Policía y la fiscalía estatal alegando que se le ocultó evidencia exculpatoria.

Al menos en la demanda federal solicitaba una compensación de $12 millones.

Tanto la demanda estatal como la federal fueron desestimadas tras un aparente acuerdo entre las partes, pero se desconocen los detalles.


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