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Nina Alejandra Droz Franco se exponía a una pena de cinco años de cárcel. (GFR Media) (horizontal-x3)
Nina Alejandra Droz Franco se exponía a una pena de cinco años de cárcel. (GFR Media)

La jueza federal Aida Delgado Colón sentenció esta tarde a Nina Alejandra Droz Franco a 37 meses de cárcel por haber conspirado para prender fuego en las inmediaciones del edificio de Banco Popular, en la Milla de Oro, durante las protestas del 1 de mayo de 2017.

En su primera intervención en la sala 7 del Tribunal Federal de Hato Rey, Droz Franco insistió en que su intención no fue causarle daño físico a ninguna persona. “Eso ni me pasó por la mente… Me eché a correr porque no quería que me arrestaran, no porque algo fuera a explotar”, expresó.

El tiempo que Droz Franco ha pasado detenida, desde el momento de su arresto el 2 de mayo de 2017, se acreditará a su sentencia. Su abogada, Lydia Lizarríbar, confirmó a este medio que, de todo seguir su curso, Droz Franco saldría a la libre comunidad, bajo libertad supervisada, en junio del 2020. Incluso, el Negociado Federal de Prisiones (BOP, en inglés) podría reducir en un 10 a un 15 por ciento la sentencia, lo cual podría estar motivado por buena conducta.

El 12 de julio de 2017, Droz Franco se declaró culpable del cargo de conspiración a cambio de una sentencia que no excediera el período de 37 meses. Por su parte, el gobierno, representado por el fiscal federal Alexander Alum, desestimó el cargo de uso malintencionado de fuego para quemar el edificio de Banco Popular.

En caso de que la jueza Delgado Colón no hubiese tomado en cuenta las recomendaciones de las partes, Droz Franco se exponía a una pena de cárcel de cinco años, una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada. Droz Franco renunció a su derecho a apelar si la sentencia era igual o menor a 37 meses.

“En circunstancias como estas, he impuesto sentencias mucho más estrictas”, indicó Delgado Colón. Además, recomendó que, durante el período de reclusión, Droz Franco reciba tratamiento para su trastorno de personalidad y bipolaridad, con el fin de juntar a “las dos Nina” y lograr controlar sus episodios de ira.

Una de las Nina la dibujó su abogada: una estudiante de ingeniería eléctrica, maestra, defensora de los animales, amante de la pintura y la escritura, dotada de compasión y afán de ayudar a los necesitados. La otra Nina la construyó Fiscalía: una mujer con un pasado violento, que ha agredido a personas, ha sido detenida por guiar bajo los efectos del alcohol y que tuvo la intención de causar daño a personas en aquella protesta del 1ro de mayo.

“Vivimos en una sociedad de ley y orden. La violencia no está justificada bajo ninguna circunstancia… En una democracia, tiene que haber un respeto por las diferencias de opiniones y por la ley… Tienes el potencial de mejorar y de seguir luchando por las causas en las que crees, sin que medien fines violentos”, sostuvo la jueza.

Droz denuncia condiciones de las reclusas

En su alocución, Droz Franco tomó la palabra para denunciar las condiciones en que viven las reclusas bajo la administración del BOP. Denunció la falta de tratamiento médico en enfermedades como el cáncer, el VIH, la diabetes, los tumores en la piel y en el seno, “hasta algo tan simple como una infección de oído”. Indicó que, incluso, ha habido casos de fracturas que se han tenido que subsanar “a base de simples muñequeras y con solo un ibuprofeno de 800 miligramos”.

“Desde el momento de mi arresto, comenzaron las denuncias de trato hostil… Se cometen abusos aberrantes en contra del confinado bajo el Negociado Federal de Prisiones… La vida y la salud del confinado son motivos de burla del 99% del personal del BOP”, manifestó la joven de 37 años.

En corte abierta, denunció abiertamente al guardia Antonio Cesany por hostigar a las reclusas con sus historias personales y sus llamadas telefónicas, y al guardia Roberto Guzmán, por acosarla a nivel visual. “Me veía a través de la ventana de la puerta. Lo acusé y me manda en solitario”, dijo.

Nombró “abusos y barbaries” como impedir que se bañaran las reclusas por siete días luego del huracán María, dejarlas sin ventilación, decirles que tomaran agua del inodoro si tenían sed, limitarles el acceso a productos de higiene y cuidado personal, restringirles documentos que, por derecho, les corresponden para emitir querellas a las autoridades por situaciones de maltrato, y tomar represalias ante las voces de las quejas.

“Se les quita las visitas de la familia, los hijos, los padres, los amigos. Eso es una tortura mental. Las visitas deben ser un derecho, no un privilegio. Es la manera más eficaz de corregir a un prisionero”, puntualizó Droz Franco.

La jueza Delgado Colón atribuyó la falta de servicios públicos a los estragos que causó el huracán María, el cual dejó el centro de detención sin cisterna ni aire acondicionado.


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