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(GFR Media)

El Tribunal Supremo paralizó el viernes la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declara inconstitucionales las escuelas charter.

También se les concedió a las partes cinco días laborables para que se expresen “sobre los tres señalamientos de error y los argumentos esbozados en la petición de certificación intrajurisdiccional”.

La administración de Ricardo Rosselló Nevares recurrió el miércoles al más alto foro judicial para solicitar que se revierta la determinación que también invalidó la creación de un nuevo programa de vales educativos.

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, indicó en declaraciones a endi.com que el gobernador y la secretaria (Julia) Keleher siguen trabajando para brindarle mejores oportunidades educativas a nuestros niños".

"La decisión interlocutoria emitida hoy por el Tribunal Supremo nos permite continuar con los trabajos para implementar la transformación del sistema público de enseñanza para hacer alianzas con universidades, municipios y entidades sin fines de lucro", añadió.

El gobernador firmó en abril la Ley 85 de Reforma Educativa, la cual generó controversias durante su análisis legislativo debido a que viabiliza el establecimiento de escuelas charter en Puerto Rico, un modelo de organización escolar que pone en manos de entidades privadas la administración de escuelas públicas. Asimismo, revive el programa de vales educativos, mediante el cual las familias podrían recibir fondos públicos para matricular a sus hijos en instituciones educativas privadas.

La semana pasada, la jueza Iris L. Cancio, del Tribunal Superior de San Juan, declaró inconstitucionales ambos programas al determinar que estos son contrarios a la Cláusula de Sostenimiento de la Constitución de Puerto Rico que prohíbe el traspaso de propiedad o fondos públicos a instituciones privadas.

Dicha decisión surgió luego de una demanda que entabló la Asociación de Maestros.

En 1994, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional el programa de vales educativos que intentó establecer la administración de Pedro Rosselló González bajo argumentos similares.


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