El Tribunal de Apelaciones atenderá la petición de certiorari que presentó Moshayra Vicente Cruz, viuda del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos, que busca impugnar el fallo absolutorio del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez por el asesinato de su esposo.

En una resolución de una página emitida el jueves, el panel integrado por su presidente, el juez Felipe Rivera Colón, el juez José Monge Gómez y la juez Annette Prats Palerm, fijó un plazo clave para que el Estado someta su alegato en oposición, para entonces resolver la petición.

“Presentado el recurso el 16 de marzo de 2026, por la parte peticionaria, se le concede al Procurador General de Puerto Rico un término a vencer el 30 de marzo de 2026, para que someta su alegato en oposición”, indicó el panel de jueces en la resolución.

Asimismo, los togados dejaron claro para el récord que, “transcurrido el término concedido, sin que comparezca, procederemos a dar por perfeccionado el presente recurso y a resolverlo sin el beneficio de su comparecencia (del Procurador General”.

El 16 de marzo, la viuda del biólogo presentó una petición de 15 páginas solicitando que se le reconozca legitimación activa para actuar como víctima indirecta de los hechos, que se revoque el fallo absolutorio y que se revise si el togado incurrió en un error de derecho.

De esta forma, Vicente Cruz compareció por derecho propio ante el Apelativo para solicitar la revisión del fallo emitido el 6 de febrero por el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, quien exoneró de todos los cargos al enfermero.

La solicitud se presentó luego de que el Estado, a través de la Oficina del Procurador General, adscrita al Departamento de Justicia, informara oficialmente a la familia del biólogo marino que no estaría recurriendo al apelativo para impugnar la decisión en el caso notorio.

“Nuestro planteamiento es que esta sentencia absurda por parte del juez resulta contradictoria y está errada. Hay un error manifiesto allí con toda la intención”, indicó a El Nuevo Día Vicente Cruz, quien busca que el crimen de Viqueira Ríos no quede impune.

Como víctima secundaria del asesinato de Viqueira Ríos, ocurrido el 15 de julio de 2025 durante una disputa con Meléndez Velázquez en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco, Vicente Cruz sostuvo que el fallo se fundamenta en criterios jurídicos contradictorios.

Meléndez Velázquez enfrentaba cuatro cargos por asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas por el crimen de Viqueira Ríos, de 49 años, padre de familia y director de la organización ambiental Protectores de Cuencas.

“(Hay que tomar en cuenta) la desproporción del arma utilizada y la reacción de este individuo en contra de Robert ante una provocación que claramente él comenzó porque él era quien estaba con ese sonido de los coquíes hacia nosotros”, dijo.

Para Vicente Cruz, resulta inconcebible que, aunque su vecino iniciara la provocación —con una bocina amplificada reproduciendo el canto de los coquíes, entre otras acciones—, “no reciba ningún castigo” por el asesinato de su esposo y padre de sus hijos.

Por ello, insistió en que el juez cometió un error al emitir un fallo que sostenía simultáneamente que concurrían los elementos de la legítima defensa y que, al mismo tiempo, existía duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, cuando se trata de fundamentos distintos.

A tales fines, explicó que la duda razonable se relaciona con el estándar probatorio que rige la determinación de culpabilidad, mientras que la legítima defensa es una causa de justificación que supone la realización del acto, pero lo declara permitido bajo ciertas excepciones.

En esa línea, Vicente Cruz precisó que la sentencia recurrida no delimita cuál de estas doctrinas constituye el verdadero fundamento jurídico de la absolución decretada, y que, por ende, surge una controversia de derecho susceptible de revisión en el foro apelativo.

Vicente Cruz mencionó que el foro secundario debe examinar si la sentencia recurrida contiene un error de derecho al fundamentar la absolución de Meléndez Velázquez en doctrinas jurídicas distintas sin delimitar claramente la base jurídica de la decisión emitida.

“Consideramos que el juez erró en derecho porque en este caso la legítima defensa no se sustenta. Es una defensa afirmativa que debe hacer el imputado y que debe también probarse. Y en este caso, pues consideramos que no se reúnen los requisitos”, dijo.

De igual manera, mencionó que “el juez utiliza la duda razonable para justificar esa legítima defensa”. Insistió que el argumento no se sustenta y que la Oficina del Procurador General, que representa al Estado en los procesos apelativos, debió apelar la determinación.

“Yo asumo mi representación por derecho propio, ya que el Estado no me escuchó, no asumió mi representación, que entiendo que tengo como víctima y y me dejó desprovista de este recurso (de apelación). Por lo tanto, he asumido esa auto representación”, puntualizó.