A una semana de iniciado el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del crimen de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025 en Aibonito, ya han sido seleccionados nueve de los 12 miembros del jurado que evaluará la prueba.

El proceso se lleva a cabo en la sala 1 del Tribunal de Aibonito, ante el juez superior Luis S. Barreto Altieri, donde se procura conformar el jurado, incluyendo a los miembros suplentes, antes de dar paso al desfile de la voluminosa prueba en este notorio caso criminal.

Durante los primeros días del juicio, se han presentado ante la corte más de 50 candidatos a jurado, quienes han sido sometidos a múltiples preguntas para determinar, entre otras cosas, si podrán evaluar la totalidad de la evidencia con imparcialidad.

Los nueve miembros seleccionados hasta el momento provienen de la región judicial de Aibonito, que incluye dicho municipio, Coamo, Barranquitas, Comerío y Orocovis. El grupo representa perfiles diversos, incluyendo maestras, amas de casa y jubilados.

Este jueves, el proceso entró en su séptimo día con la presentación de cinco paneles adicionales de candidatos. Como parte del procedimiento, el juez es responsable de formular inicialmente preguntas sobre la exposición de los candidatos a la cobertura mediática.

Posteriormente, tanto los abogados defensores Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera y Yancarlos Maisonet, como los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto, realizan sus preguntas para evaluar la capacidad de los candidatos de juzgar con objetividad.

Uno de los retos del proceso ha sido el alto nivel de conocimiento público sobre el caso, que además involucra a la hija de la acusada, Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, quien también enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

“Realmente, lo difícil es para la defensa porque como todo el mundo conoce el caso, pues es bien fácil para la defensa”, dijo Velázquez Reyes a El Nuevo Día sobre la complejidad de encontrar candidatos que no hayan estado expuestos a información previa sobre el crimen.

Como parte de la selección, tanto el Ministerio Público como la defensa han agotado al menos seis de las 12 recusaciones —con causa o perentorias— a las que tienen derecho. Las recusaciones son solicitudes que permiten excusar a un candidato de servir como jurado.

Este mecanismo busca que ambas partes puedan depurar el panel de candidatos y conformar un jurado que garantice a la acusada un juicio justo e imparcial.

El Ministerio Público confía en poder probar el caso más allá de duda razonable durante el juicio y anticipa presentar más de 60 testigos para sostener su teoría sobre el crimen. Por su parte, la defensa ha adelantado que planea llamar al menos a seis testigos.

A inicios de semana, el Ministerio Público visitó el lugar de los hechos. La intención era que algunos testigos pudieran precisar dónde ocurrió exactamente el crimen y cómo estaban ubicados. Empero, Velázquez Reyes aclaró que no se trató de una recreación de escena.

“No estamos recreando escena. Como nosotros no fuimos los fiscales que investigamos el caso originalmente, pues era razonable ir con los testigos y que nos indicaran dónde ocurrió exactamente, donde se ubicó cada testigo y eso vinimos a hacer”, dijo.

Asimismo, Velázquez Reyes descartó que se haya alcanzado algún acuerdo para que la acusada se declare culpable. “No se ha trabajado ningún acuerdo todavía. Siempre esa posibilidad existe, pero no se ha concretado nada”, indicó Velázquez Reyes.

Mientras continúa el proceso judicial, la Policía de Puerto Rico investiga una querella por intimidación presentada por una testigo clave en el caso: Betzaida Caratini Ortiz, quien era amiga de Cabrera Rivera y concuñada de Lisandra Rosario, madre de la víctima.

Según la querella, presentada el martes 3 de marzo a las 9:16 a.m., alguien escribió con spray negro en una pared de su casa: “Betzi fabrica caso ATT 100x35”, lo que provocó que la testigo se sintiera intimidada.

Caratini Ortiz recibe asistencia de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos, adscrita al Departamento de Justicia, que provee acompañamiento en el tribunal y, si es necesario, relocalización en albergues.

La testigo es clave en el juicio, ya que asegura haber visto la noche del 10 de agosto de 2025 a Cabrera Rivera sacar un objeto punzante de su cartera y entregárselo a su hija.

En resumen, Cabrera Rivera y su hija enfrentan dos cargos cada una: uno por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, y otro por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico, por el uso y/o portación de arma blanca.

Los hechos que dieron paso al caso ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito. En el lugar, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca.

Acto seguido, los dos adolescentes fueron trasladados en autos separados hasta una institución hospitalaria para recibir asistencia. Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025. Mientras tanto, el otro joven logró recuperarse.

Durante la etapa de vista preliminar, el Ministerio Público presentó evidencia testifical, documental y pericial que buscaba probar su teoría de que las acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario.

En el caso de Cabrera Rivera, su representación legal intentó sin éxito que se le desestimaran los cargos bajo el argumento de que se le violentaron sus derechos al no tener acceso de manera oportuna a prueba que consideran es exculpatoria o favorable.