Altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y los abogados de dos de los acusados en el caso por corrupción contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvieron hoy, viernes, una “reunión productiva” en Washington D. C.

La Fiscalía federal y los abogados de los acusados informaron al Tribunal federal en Hato Rey sobre la reunión en un “Informe de Estatus Conjunto y Solicitud de Audiencia de Estatus” radicado este viernes ante la jueza de distrito Silvia Carreño Coll.

En 2022, Vázquez Garced, el empresario venezolano Julio Martín Herrera Velutini y el exagente especial del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini, fueron acusados por un presunto esquema de soborno supuestamente ejecutado durante la campaña electoral de 2020.

“Las partes tienen la intención de continuar estas conversaciones hoy (viernes) y la próxima semana, con el objetivo de resolver el caso y evitar la necesidad de ir a juicio”, dice el informe de dos páginas radicado por el fiscal Nicholas Cannon.

Las partes solicitaron a Carreño Coll una audiencia mediante videoconferencia para el 9 de junio “para poder informar al tribunal sobre el estado de las negociaciones y (para) discutir los plazos pendientes”.

En el documento se estableció, además, que informarán de inmediato al tribunal si alcanzan un acuerdo antes del 9 de junio.

“Las partes informan al tribunal que actúan de buena fe con miras a resolver el asunto sin necesidad de juicio, y así conservar recursos judiciales y privados sustanciales”, dice el informe.

Asimismo, el documento reveló que uno de los abogados de los acusados no asistió a la reunión, pero solicitó un resumen del mismo.

El informe no contiene los nombres de los abogados que se reunieron en la capital federal, ni a quienes representan.

La notificación sobre la reunión fue incluida en un reporte conjunto presentado ante Carreño Coll que también aborda una solicitud de extensión de tiempo de 30 días en todas las fechas límite estipuladas en el proceso, incluyendo el inicio del juicio programado para el 25 de agosto.

Sin embargo, Carreño Coll denegó posponer el comienzo del juicio por conspiración, soborno y fraude electrónico, así como otras fechas claves en el proceso judicial. La jueza de distrito solamente cambió para el 16 de junio el último día para la presentación de mociones de supresión de evidencia, y fijó el 16 de julio como plazo final para someter réplicas a dichas mociones.

En el reporte conjunto se informó que “las partes acordaron entrar en discusiones de buena fe para resolver el caso en interés de la justicia. A dichos fines, una reunión en persona ha sido calendarizada para la próxima semana en Washington D. C. que contará con la participación de la Fiscalía y el liderato del Departamento (de Justicia federal)”.

Mientras, la Fiscalía federal radicó este viernes una “Moción No Opuesta”, que consta de dos páginas, en la que solicitó una prórroga hasta el 18 de junio para responder a dos mociones presentadas por el equipo legal de Herrera Velutini.

Las mociones tienen que ver con el acceso a información clasificada bajo la Ley de Procedimientos sobre Información Clasificada, conocida como CIPA, con miras a que la Fiscalía federal revele presunta información clasificada.

Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini fueron acusados por un gran jurado por un supuesto esquema de soborno para detener una pesquisa de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) contra Bancrédito International mediante la destitución del funcionario a cargo de la agencia en ese momento, George Joyner. A cambio, Vázquez Garced, supuestamente, recibió una contribución para su campaña primarista de 2020.

Los tres acusados sometieron alegatos de no culpabilidad.