El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó durante la noche del lunes una demanda contra la gobernadora Jenniffer González Colón y la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Marieli Padró Raldiris, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El documento establece que ambas han violentado la libertad de prensa al impedir que periodistas del CPI cubran conferencias de prensa en La Fortaleza por no presentar la credencial del Departamento de Estado, un requisito que advierten es inconstitucional.

En la “Demanda de Sentencia Declaratoria y Solicitud de Injuction Preliminar y Permanente”, que consta de 22 páginas, la organización periodística impugnó la constitucionalidad de esta actuación, que insistieron que es contraria al derecho a la libertad de prensa.

De esta manera, el CPI busca que los periodistas que laboran para dicho medio puedan acceder a cubrir las conferencias de la gobernadora y sus funcionarios en La Fortaleza sin la credencial que emite el Departamento de Estado y solo con la credencial de la entidad.

A modo de contexto, la organización periodística enfatizó que, en noviembre, la directora editorial, Wilma Maldonado Arrigoitía, y el periodista Luis Valentín Ortiz, ambos del CPI, enfrentaron trabas en el puesto de seguridad de La Fortaleza cuando se les exigió el carnet de prensa para entrar a la Mansión Ejecutiva.

Aunque ese día ambos periodistas tuvieron acceso al evento luego de una larga espera, el personal de seguridad y oficiales de prensa de La Fortaleza aseguraron que la identificación del Estado es un requisito para acceder a las conferencias de prensa, indica un comunicado de prensa de la entidad.

Tras el incidente, Maldonado Arrigoitía solicitó el protocolo, reglamento o ley en el cual se basaba la directriz, pero al día de hoy, según se indicó, ninguno de los funcionarios de la administración de González Colón ha presentado documento o certificado alguno.

Adicional a este suceso, el parte de prensa emitido por el CPI hace alusión a otras dos ocasiones ocurridas en diciembre, donde a Valentín Ortiz y al editor Noel Algarín Martínez se les prohibió, por separado, entrar a conferencias de prensa en La Fortaleza, pese a que ambos tenían sus identificaciones personales y sus carnets del CPI, que aseguran es lo que siempre se ha exigido en La Fortaleza a los periodistas.

“La identificación del Departamento de Estado es un documento que el o la periodista solicita y lo lleva consigo si quiere, porque no es un requisito para ejercer el periodismo. Esa identificación, que en realidad la única utilidad práctica que tenía era acceder a los estacionamientos de prensa en ciertos lugares, puede ser útil para periodistas que trabajan de manera independiente porque puede ayudarle a acceder a lugares o fuentes y tal vez a periodistas que viajan fuera de Puerto Rico. Así que requerirlo, como una condición para la cobertura a la Gobernadora, es solo un capricho. Durante décadas los periodistas han acudido a las conferencias de prensa de los gobernadores mostrando las identificaciones de sus medios, sin problemas”, señaló Maldonado Arrigoitía.

De acuerdo al CPI, la credencial del Estado se estableció para facilitar el acceso a estacionamientos designados en instituciones públicas y eventos de interés noticioso a periodistas que soliciten una tablilla que identifique su vehículo como “de prensa” al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

La demanda argumenta que “el poder delegado al Departamento de Estado para emitir Certificaciones de Prensa está limitado a determinar quiénes pueden solicitar una tablilla especial o rótulo removible para periodistas interesados en acceder a estacionamientos habilitados para la prensa en lugares públicos”.

“La Certificación de Prensa expedida por el Departamento de Estado no constituye un mecanismo válido para determinar qué periodistas pueden acceder a una conferencia de prensa convocada por la Gobernadora o cualquier otro funcionario”, agrega.

El documento añade que “limitar el acceso a conferencias de prensa convocadas por las codemandadas, sean estas celebradas en La Fortaleza o en cualquier otro lugar, a periodistas que posean una Certificación de Prensa vigente expedida por el Departamento de Estado viola el derecho a la libertad de prensa del CPI y los periodistas codemandantes”.

Precisamente, la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, señaló que “la libertad de prensa no puede estar sujeta a permisos discrecionales ni a credenciales que no están requeridas por ley para ejercer el periodismo”.

“Impedir el acceso a conferencias de prensa por no tener un carnet administrativo, creado para otros fines, es una forma de censura que limita el derecho del pueblo a estar informado”, añadió Minet.

En este pleito el CPI es representado legalmente por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt del Proyecto de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.