La defensa del exponente urbano Luis Nomar Isaac Sánchez, conocido artísticamente como “CDobleta”, solicitó una sentencia de 27 años de prisión, lo que representa cinco años menos que los solicitados por la Fiscalía federal en el caso vinculado al asesinato del sargento de la Policía de Puerto Rico, Eliezer Ramos Vélez.

En una moción de seis páginas, radicada el 18 de octubre por el licenciado Francisco Rebollo Casalduc, se expuso que la participación de Isaac Sánchez en el asesinato de Ramos Vélez fue limitada. También se señaló su edad y la ausencia de antecedentes penales como factores que, a juicio de la defensa, justifican una sentencia menor.

A partir de estos argumentos, la defensa busca que la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal en Hato Rey, imponga una condena inferior a los 32 años de prisión que solicitó la Fiscalía federal el 16 de octubre. La pena recomendada corresponde a los dos cargos por los que el músico se declaró culpable.

La vista de sentencia por los cargos de conspiración para poseer sustancias controladas con la intención de distribución, posesión de armas de fuego para adelantar crímenes de narcotráfico y complicidad se celebrará mañana, viernes, a las 9:00 a.m., en la sala 2 del Tribunal federal, según el calendario electrónico del caso.

En su memorando de sentencia, la defensa de CDobleta sostuvo que el relato de los hechos presentado por la Fiscalía federal sobre el asesinato del agente de la Policía, ocurrido el 29 de marzo de 2024, evidenció una “dramática diferencia” en el grado de participación que se atribuye a cada una de las personas involucradas en el crimen.

“Mientras que los individuos que tuvieron una participación más directa en el asesinato dejaron marcadores genéticos en la escena del crimen, no existe este tipo de prueba que apunta a Isaac Sánchez, corroborando su reducido rol”, indicó la defensa, que busca una pena menor para el exponente urbano.

Además de Isaac Sánchez, los acusados Andyel González Sáez, Olvin O’Neill Concepción Tapia y Daniel J. López Vega también conocerán sus sentencias mañana. Todos enfrentaron inicialmente la posibilidad de recibir la pena de muerte por el asesinato de Ramos Vélez, perpetrado el Viernes Santo, 29 de marzo de 2024, en Carolina.

En ruta a la vista de sentencia, los acusados tuvieron que comparecer al Tribunal federal el pasado martes para escuchar las declaraciones de las víctimas, según lo dispuesto. Una vez concluyeron, los acusados fueron retirados de la sala, según establece la minuta.

El agente, que fue ascendido postumamente al rango de sargento en una ceremonia en Trujillo Alto, tenía 36 años y 12 de servicio en la Policía. Fue asesinado a tiros en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina, tras una persecución que comenzó en el expreso Román Baldorioty de Castro, según la Uniformada.

Por el crimen, las autoridades federales acusaron en total a cinco hombres. Además de los antes mencionados, se presentaron cargos criminales contra Víctor Pérez Fernández, alias “La Cone”, presunto líder de la narcoganga vinculada al asesinato, quien fue sentenciado a 45 años de prisión y otros 10 años de libertad supervisada.

No obstante, es importante destacar que el asesinato del sargento destapó una extensa conspiración entre múltiples narcogangas en la zona metropolitana que contaban con la cooperación de “policías corruptos”, según la Fiscalía. En total, las autoridades federales presentaron cargos contra 56 presuntos miembros de la organización criminal.

De acuerdo con la Fiscalía federal, la organización operaba desde 2021 en los municipios de San Juan, Carolina y áreas cercanas, donde distribuía heroína, fentanilo, cocaína, crack, marihuana y otras sustancias controladas. Según la acusación, las operaciones se extendían a los alrededores de varios residenciales públicos, entre ellos Sabana Abajo, en Carolina; Luis Lloréns Torres, en San Juan; Los Mirtos, Lagos de Blasina, La Esmeralda, El Coral y Monte Hatillo.

La acusación sostiene que las organizaciones dedicadas al narcotráfico que operaban en esas zonas establecieron una alianza, mediante la cual acordaron colaborar en sus actividades ilícitas y evitar enfrentamientos entre sus integrantes. A cambio, podían contar con el apoyo de otros grupos para obtener protección, drogas y armas, mientras buscaban mantener el control de los puntos de drogas.

La Fiscalía federal también alegó que los integrantes de la alianza -conocido como “La Familia”- recurrieron a la violencia, las amenazas y la intimidación para proteger sus territorios y expandir sus operaciones. Además, señaló que algunos de los acusados participaron en el transporte de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, así como en el tráfico ilegal de armas y municiones.