El Tribunal de Aibonito denegó la petición de la Fiscalía para que estableciera una mordaza en el caso por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La jueza superior Marielem Padilla Cotto emitió una resolución declarando no ha lugar la solicitud del Ministerio Público, aunque se mostró a favor de que los testigos no se expresen públicamente fuera de la sala del tribunal mientras el caso está en curso.

No obstante, enfatizó en que “es un deber fundamental que recae sobre el Ministerio Público orientar a sus testigos para que se abstengan de emitir cualquier tipo de declaración pública, comentario o expresión fuera del procedimiento judicial con relación al caso que se ventila”.

“Al instruir a los testigos a guardar silencio sobre los hechos que se proponen a declarar, el Ministerio Público ejerce el control procesal necesario para asegurar que la única información ofrecida, presentada y sometida a la confrontación sea dentro de la sala del tribunal”, agregó.

La petición de mordaza surgió luego de que el licenciado Jesús Ramos, abogado de una de las imputadas por el crimen, Elvia Cabrera Rivera, se expresara ante los medios de comunicación el pasado 16 de septiembre indicando que su representada “estaba trabajando” el día de los hechos y que tuvo una “mínima participación” en lo que ocurrió.

Según la jueza, la Fiscalía pidió la “imposición de una orden de mordaza en donde se prohíba a las partes, abogados, testigos y demás allegados al caso a emitir expresiones públicas relacionadas con la prueba, méritos, credibilidad de testigos o cualquier otro asunto sustantivo del proceso. Solicitó que se limite la divulgación de información procesal estrictamente necesaria, como fechas de vistas o resoluciones públicas a los portavoces oficiales del Tribunal”.

Señaló que anejó a su moción copias de porciones de entrevistas, fotos y material mediático, incluyendo un artículo de El Nuevo Día que reseñaba las expresiones de Ramos.

Por su parte, Ramos se opuso a la mordaza, considerando que era una medida excesiva y que debe considerarse como último recurso.

Tras un análisis jurídico, la jueza enfatizó que el Código de Ética Profesional, así como, de las nuevas Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico de 2025 establecen los asuntos específicos sobre los cuales se pueden realizar declaraciones, la probabilidad de que no presenten un perjuicio sustancial al caso y particulariza dichas declaraciones en el ámbito criminal.

“Es un hecho cierto que este caso ha tenido una gran cobertura mediática en nuestro país, sin embargo, como profesionales del derecho que enfrentamos este tipo de caso en nuestro quehacer diario, no debe resultar excepcional ejercer el juicio profesional y ético dispuesto en nuestro Código de Ética Profesional”, apuntó Padilla Cotto.

“De los anejos presentados por las partes, este Tribunal no está en posición de imponer una mordaza y coartar la libertad de expresión, derecho consagrado en nuestra Constitución. Este Tribunal confía en el sano juicio, la prudencia y el profesionalismo de las partes que ejercen su función en este caso”, afirmó.

El caso se encuentra en etapa de vista preliminar, que fue pospuesta para el 17 de octubre, luego de que se declarara que la también joven imputada Anthoneiska Avilés Cabrera, fuera declarada no procesable al momento. Su próxima evaluación está pautada para el 14 de octubre.

La tragedia se reportó el pasado 11 de agosto, luego que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, Pratts Rosario falleció.

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, de acuerdo con la pesquisa, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante ese altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió. Fue en ese momento cuando recibió ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

Por estos hechos, las dos imputadas enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Se les impuso una fianza a cada una de $1 millón, la cual no prestaron, por lo que fueron ingresadas a una institución correccional.