Ante el revés sufrido en el Tribunal de Primera Instancia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) acudió de inmediato ante el Tribunal de Apelaciones en busca de que se revierta la decisión que le ordena entregar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico el requerimiento o subpoena administrativo que recibió del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para suministrar los datos de inmigrantes con licencias provisionales.

Representada por el Departamento de Justicia, la agencia volvió a oponerse el lunes a divulgar los documentos relacionados con la filtración de información de sobre 6,000 inmigrantes con permiso de conducir al amparo de la Ley 97 de 2013, que también dispone ciertos criterios de confidencialidad en torno a los datos de los conductores sin estatus migratorio definido.

El 7 de noviembre, el juez superior Anthony Cuevas Ramos le dio la razón a la ACLU y ordenó revelar el requerimiento de ICE y demás documentos suministrados, “salvaguardando la divulgación de información que pudiera permitir la identificación de las personas cuyos expedientes fueron divulgados”.

Sin embargo, el pasado viernes en la tarde –al vencer el término para la entrega– el DTOP solicitó una reconsideración de la determinación judicial, la cual fue denegada ayer, lunes.

“No cabe duda que la expedición del auto de mandamus dictado en ese caso impacta adversamente el interés público y resulta en una innecesaria e indebida intromisión en las funciones del Poder Ejecutivo federal y estatal”, establece el recurso presentado por el procurador general Omar Andino Figueroa, quien representa al DTOP frente a la demanda de la ACLU.

De acuerdo al escrito de apelación, el gobierno entiende que la decisión del Tribunal de Primera Instancia “es contraria a derecho” y “constituyó un craso abuso de discreción”.

Al mismo tiempo, el procurador argumentó que, mediante la ley federal de libertad de información (FOIA, en inglés), se prohíbe “la divulgación de la información recopilada para propósitos de implantación o aplicación de las leyes federales, cuando la producción de dichos registros o información pudiera razonablemente interferir con los procedimientos de las agencias encargadas de esa función”.

Además, advirtió que el requerimiento administrativo dirigido al DTOP incluyó “una advertencia expresa de que al gobierno de Puerto Rico le estaba prohibido –por tiempo indefinido– divulgar la existencia de dicha subpoena”.

“El gobierno de Puerto Rico fue advertido en la subpoena de que –en caso de incumplirla, lo que incluye la condición consignada en esta de no divulgar siquiera su existencia– los funcionarios responsables podrían estar sujetos a que se incoara en su contra un procedimiento judicial de desacato ante el foro federal”, planteó Andino Figueroa.

A principios de junio, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), adscrita a ICE, reveló que había requerido información de inmigrantes con licencias de conducir, desde enero.

“Confirmamos que HSI le notificó la solicitud de divulgación a la oficina legal de ICE, quienes son los asesores legales de la agencia. Seguimos comprometidos con enforzar (poner en vigor) las leyes de inmigración en Puerto Rico”, reiteró Yariel Ramos, director interino de ICE-HSI San Juan, en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

El DTOP insiste que la demanda no incluye “una parte indispensable” al referirse al Departamento de Seguridad Nacional –agencia a cargo de ICE– que es la que señalan tiene “un interés apremiante”, de preservar la confidencialidad de los datos que solicita la ACLU.

“¿[E]s procedente en derecho obligar a una agencia estatal, por la vía de un recurso extraordinario de mandamus, para que divulgue información relacionada con una investigación que conduce una agencia del gobierno federal encargada de leyes federales, siendo esa pesquisa una en la cual el gobierno estatal no es parte?”, cuestionó el procurador, en el recurso.

Mientras tanto, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, rechazó este martes comentar sobre el caso de la ACLU contra el DTOP, así como de otros pleitos judiciales de alto interés público.

“Algunos de estos son de gran relevancia e, incluso, podrían tener implicaciones para el gobierno, en otros casos pendientes. Con el único propósito de salvaguardar los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, a quienes representamos cada día, debemos guardar estricta confidencialidad sobre la información relacionada con alguno de estos casos”, manifestó la jefa de Justicia, en declaraciones escritas.