El banquero venezolano Julio Herrera Velutini, coacusado en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, volvió a solicitar que se aplace su vista de sentencia, la cual está programada para celebrarse el 29 de enero ante el Tribunal federal.

Así consta en una moción de cinco páginas que radicó ayer, jueves, la licenciada Sonia Torres Pabón, una de las representantes legales del dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, en la que se detallan las razones de esta nueva solicitud.

En el documento judicial, la defensa de Herrera Velutini pidió a la jueza de distrito Silvia Carreño Coll que extienda el plazo para presentar las objeciones escritas al informe presentencia (PSR, en inglés), y que aplace la vista de sentencia para febrero.

Según la moción, “el remedio solicitado es necesario porque, a pesar de los esfuerzos diligentes realizados, el abogado del acusado y el oficial de probatoria no han podido reunirse ni sostener la consulta requerida por la Regla Penal Local 132(b)(3)(A)”.

Esta regla establece cómo se lleva a cabo la fase de sentencia tras una declaración de culpabilidad o un veredicto, incluyendo la preparación, entrega, objeciones y resolución del PSR antes de la audiencia para fijar la pena.

Por ello, el equipo legal solicitó que se aplace la sentencia “durante al menos dos semanas, para permitir la finalización de la consulta informal, cualquier revisión o adenda resultante al PSR, y la presentación del memorando de sentencia”.

La defensa recordó que el 3 de diciembre de 2025, el Tribunal aprobó una moción conjunta para posponer la vista de sentencia para enero de 2026. Sin embargo, el PSR fue divulgado el 22 de diciembre de 2025. Tras analizarlo, la defensa intentó consultar con el oficial de probatoria y, el 5 de enero, envió una carta con las objeciones y solicitó una reunión.

“Sin embargo, el abogado del señor Herrera recibió una respuesta automática de ausencia indicando que el oficial de probatoria no regresaría a la oficina hasta el 12 de enero. No se recibieron comunicaciones adicionales durante esa semana”, indica la moción.

Entre el 13 y 14 de enero, la defensa dio seguimiento, pero no recibió respuesta. Finalmente, el 15 de enero, el oficial de probatoria respondió que las objeciones preliminares habían sido recibidas y que ofrecería una respuesta más tarde ese día, pero sin coordinar la reunión requerida, según el documento.

Por ello, la consulta aún no se ha realizado, y el proceso exigido por la Regla Local 132 permanece incompleto. La defensa advirtió que, incluso si el oficial de probatoria responde rápido, no habría tiempo suficiente para revisarla y coordinar la reunión antes de la sentencia.

Además, la defensa señaló que el PSR “plantea asuntos significativos de carácter fáctico, legal y constitucional que deben y merecen ser desarrollados plenamente antes de su finalización y presentación” ante la corte.

Cabe destacar que Herrera Velutini no es el único acusado en el caso federal que ha mostrado objeciones a su informe presentencia: también lo han hecho Vázquez Garced y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Mark Rossini.

Según la moción, “debido a que la vista de sentencia está actualmente señalada para el 29 de enero de 2026, no hay tiempo suficiente para recibir ahora una respuesta preliminar del oficial de probatoria, completar la consulta, permitir que la oficial de probatoria considere e incorpore cualquier cambio o modificación acordada, y permitir que las partes ajusten sus escritos de sentencia en consecuencia”.

“Una posposición de dos semanas permitirá completar la consulta informal y cualquier adenda resultante. Una breve posposición también asegurará que al señor Herrera se le garantice un debido proceso adecuado durante esta fase y que el PSR y cualquier memorando de sentencia reflejen fielmente el resultado de la consulta entre las partes y provean al Tribunal un expediente completo”, añade el documento.

El caso federal comenzó en agosto de 2022 cuando un gran jurado emitió una acusación inicial de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

Las autoridades federales sostuvieron que Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, junto a otras personas no acusadas, participaron en un presunto esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora, presuntamente, reemplazó al jefe de la OCIF, George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini. El banquero venezolano, en cambio, habría accedido a realizar contribuciones políticas a la campaña primarista de la entonces gobernadora, según las autoridades.

Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo tras una reunión con la plana mayor del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington D.C., los cargos originales fueron archivados y se presentó una nueva acusación por un solo cargo por violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés).

Actualmente, Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini se encuentran a la espera de ser sentenciados, tras declararse culpables en agosto de 2025.

De igual forma, Frances Díaz, exejecutiva de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, quienes hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales no han sido condenados.