Sin haber sido citadas por la Policía de Puerto Rico, Elvia Cabrera Rivera y sus dos hijas Anthonieska y Anthiany Avilés Cabrera acudieron durante la tarde del lunes, 11 de agosto de 2025, al cuartel de distrito de Aibonito, pero guardaron silencio.

Así lo reveló el agente Ángel Torres Romero, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, quien asumió las riendas de la pesquisa sobre el crimen de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años.

Durante el interrogatorio de la fiscal Silda Rubio Barreto, mencionó que las tres mujeres se ampararon en la Quinta Enmienda, lo que significa que ejercieron el derecho constitucional a guardar silencio para no autoincriminarse por instrucciones de su abogado.

Antes de entrar inicialmente en estos detalles, la fiscal solicitó activar la Regla 109 de Evidencia de Puerto Rico, que provocó que el jurado fuera retirado de la sala 1 mientras se discutía la admisibilidad de esta parte del testimonio del agente como evidencia en el caso.

“Se me notificó que llegó una dama con sus dos hijas al cuartel. Era Elvia con sus dos hijas. Nadie las había citado. Tampoco nadie había citado a Gabriela Figueroa Arroyo ”Gaba", que antes de que ellas llegaran, también llegó al cuartel en compañía de sus padres", dijo.

Indicó que procedió a llevarlas al cuarto de entrevista en el cuartel y que les leyó las “Advertencias Miranda para persona sospechosa en custodia”, que incluyen, por ejemplo, que una persona tiene derecho a permanecer callada y negarse a contestar preguntas.

Estos aspectos de la declaración del agente no se escucharon en la transmisión electrónica, por lo que solo pudieron ser escuchados inicialmente por el juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, las fiscales, la defensa y el público presente en sala.

“Ellas leyeron las advertencias y decidieron no hacer la entrevista. Me informaron donde residían porque yo se lo solicito. No proveyeron ninguna información relacionada a la querella. Lo que me dice Elvia era que no quería que se le estuviera entrevistando porque así se lo informó su licenciado”, dijo Torres Romero.

Según la evidencia presentada, Cabrera Rivera firmó las advertencias de ley a la 1:58 p.m. del 11 de agosto de 2025 y “ejerció el derecho a no declarar”, al igual que sus hijas Anthiany y Anthonieska, que hicieron lo mismo a las 2:00 p.m. y 2:10 p.m., respectivamente.

Es importante destacar que, cuando una persona se acoge a la Quinta Enmienda, está ejerciendo una protección constitucional que es absoluta, por lo que no puede interpretarse su silencio como una admisión de culpabilidad, un elemento que recordó la defensa.

“Yo les pregunté también sobre el vehículo que ella poseía y dónde residía porque quería corroborar lo que me había indicado Gabriela Figueroa Arroyo por instrucciones de la fiscal, que ya había dado instrucciones para registrar la casa”, comentó.

Tras esta parte del testimonio, las partes argumentaron en corte abierta las razones por las que debía o no ser admitida como evidencia. El licenciado Alberto Rivera Ramos planteó que, en caso de que se admitiera, se debían preservar los derechos de su representada.

Con esto, alegó que el agente vulneró el derecho constitucional de su representada al exponer la razón específica por la cual se acogió a la Quinta Enmienda, un derecho que protege a cualquier ciudadano a no autoincriminarse cuando es sospechoso de un delito.

Advirtió, incluso, que este aspecto del testimonio podría desencadenar en un mistrial, que en derecho penal se traduce como “juicio nulo” o “nulidad del juicio”. Es decir, que un juicio se interrumpe o se invalida antes de llegar a un veredicto.

Sin embargo, el juez rechazó que esto pueda derivar en un mistrial, pero sí ordenó proteger parcialmente lo que se declararía ante el jurado. Tras esto, se decretó un receso de 20 minutos. Luego, se reanudaron los trabajos y se ordenó la entrada del jurado a sala.

Con los 12 miembros principales del jurado y los cinco suplentes presentes en la audiencia, la fiscal retomó el interrogatorio centrado en la llegada de la acusada y sus hijas al cuartel, pero el testimonio se limitó a indicar que no quisieron ofrecer expresiones.

Asimismo, Torres Romero reveló que, cuando Avilés Cabrera, también coacusada del crimen de Pratts Rosario, tomó el bolígrafo para firmar el documento sobre las advertencias en ley, notó que esta tenía cortaduras en sus dedos y en la mano derecha.

El agente indicó que esto corroboraba que la versión ofrecida por Figueroa Arroyo a la Policía “era la correcta”. Explicó que, antes de que Cabrera Rivera y sus hijas llegaran al cuartel, Figueroa Arroyo ya había acudido a las instalaciones junto a sus padres.

En esa entrevista, Figueroa Arroyo declaró que la noche del domingo 10 de agosto de 2025, cuando Pratts Rosario fue gravemente herida, Avilés Cabrera, cerca del negocio La Placita Martínez, le mostró sus manos ensangrentadas y le dijo: “Gaba, Gaba, la apuñalé”.

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