La empresa Ganaderos Borges, Inc., solicitó un mes adicional al Tribunal Federal en San Juan para demostrar el cumplimiento con las condiciones fijadas para continuar con sus operaciones tras la radicación de un pliego de un gran jurado.

La compañía, su dueño y otros tres empleados enfrentan cargos por, supuestamente, descargar desperdicios de animales en una quebrada aledaña que lleva al mar.

Tras la radicación del pliego, el tribunal autorizó a la empresa a continuar operando, pero bajo condiciones estrictas que incluyen presentar en diez días la evidencia de la contratación de una compañía especializada en la disposición de aguas con desperdicios.

En una moción radicada ayer, lunes, la defensa de la corporación solicitó 30 días adicionales para completar el acuerdo con la empresa especialista.

Los abogados indicaron que Ganaderos Borges contactó a Oiltec Eco Logistics y a EC Waste Management, quienes mostraron interés en ofrecer sus servicios, pero ambos informaron que necesitaban resultados de estudios de laboratorio sobre los componentes de los desperdicios para finalizar la contratación.

Según GBI, el laboratorio ambiental EQ Lab lleva a cabo los análisis en el estanque de retención con desperdicios.

“Se esperan los resultados en breve, pero el proceso de pruebas no puede completarse razonablemente dentro del plazo original de diez días”, indicó la defensa en la moción.

“Por lo tanto, la demora no se debe a falta de atención ni a falta de voluntad para cumplir. Es consecuencia de las pruebas técnicas exigidas por las instalaciones receptoras potenciales como requisito previo para la ejecución de un contrato válido. GBI no puede obligar a un tercero autorizado a aceptar las aguas residuales ni a firmar un acuerdo vinculante antes de que dicho tercero complete la revisión requerida”, enfatizó la defensa en el escrito.

La compañía no negó las alegaciones contenidas en el pliego como parte de la primera moción presentada.

Aunque no ha hecho alguna admisión, GBI sí resaltó que ha continuado con un “Plan de Cumplimiento” junto con la Junta de Calidad Ambiental.

Informó que han estado en comunicación sobre permisos y el diseño de una instalación de tratamiento de aguas residuales.

Señaló que, supuestamente, ese plan “ha estado en desarrollo y bajo revisión por parte de la agencia desde 2022 y ha sido modificado durante ese proceso”.

“Su componente central es un sistema de tratamiento diseñado para tratar las aguas residuales, permitir su reutilización adecuada y proporcionar un método de gestión y eliminación a largo plazo más responsable con el medio ambiente”, apuntó.

Incluso, detalló que el equipo fue comprado en abril de 2026, por lo que se encuentra “en tránsito” hacia Puerto Rico, donde se espera que llegue entre finales de este mes y principios de septiembre.

“Estas medidas a largo plazo no sustituyen el requisito inmediato de un contrato de eliminación autorizado. Sin embargo, demuestran que los esfuerzos actuales de GBI forman parte de un programa de cumplimiento continuo, y no una respuesta temporal emprendida únicamente tras la orden judicial”, mantuvo.

Mientras eso ocurre y se obtiene el contrato de disposición requerido por el tribunal, GBI indicó que “adoptó múltiples medidas de seguridad”.

Aseguró que voluntariamente redujo la operación a un 50% para procesar menos animales y generar menos agua con desperdicios.

También explicó que cuentan con un tanque de 30,000 galones que puede usar temporeramente para “evitar desborde” del estanque, que alega se encuentra a “un nivel seguro de operación”.

Argumentó que con estas medidas, “una extensión (de tiempo) no dejará desprotegido el canal (de agua) adyacente”.

De acuerdo con la moción, la información fue provista a personal de la Fiscalía federal y a agentes federales, pero al momento desconocían su posición sobre la petición.

“GBI sigue comprometido con el cumplimiento ambiental y la protección de los recursos naturales de Puerto Rico. La gestión responsable de las aguas residuales es tanto un deber regulatorio como un componente esencial de las operaciones a largo plazo de la corporación”, expuso la compañía.

De igual forma, planteó que continuar con la operación permitirá apoyar a “120 familias aproximadamente” que “forman parte de la infraestructura local de Puerto Rico para la cría de ganado vacuno, porcino, el sacrificio de animales y el procesamiento de carne”.

“Una prórroga mesurada, que permita realizar pruebas técnicas y lograr contratos legales, fomentará el cumplimiento de la normativa medioambiental sin perturbar innecesariamente a los empleados, agricultores, proveedores, transportistas, clientes ni la producción local de alimentos”, manifestó.

La defensa sostuvo que en el periodo de tiempo solicitado también esperaban completar el proceso de remoción de una máquina de bombeo, otro requisito del tribuna para operar la planta de procesamiento de carne.

Según la acusación, esa máquina era usada por GBI para que aguas con residuos se desbordaran del estanque para que cayeran en la quebrada.

“El acusado anunció que la máquina de bombeo puede ser retirada en cualquier momento y las partes acordaron que el agente especial Derrick Ortiz se pondrá en contacto con el acusado y elaborará planes para la retirada de la bomba, según ordenado por el tribunal”, apuntó la moción de la defensa de GBI.

Ortiz es un agente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que encabezó la investigación.

La vista inicial de comparecencia de GBI en el Tribunal Federal en San Juan está pautada para el 28 de agosto. El magistrado Héctor Ramos Vega indicó que ese día discutirán la solicitud de tiempo adicional.

Los otros acusados son el dueño de GBI, César Borges Arroyo, el operador Héctor Fulgencio Cabrera, y los empleados Erison Delgado Santos y Neftalí Borges Gómez. Todos presentaron alegaciones de no culpabilidad y permanecen libres bajo fianzas no aseguradas. Sus vistas de estatus se celebrarán el 4 de septiembre.