Un magistrado federal autorizó ayer que la empresa Ganaderos Borges Inc continúe con sus operaciones en Naguabo con la condición de que cumpla con las regulaciones ambientales que una acusación federal le imputa haber violado.

La compañía Ganaderos Borges Inc (GBI), su presidente César Borges Arroyo, el operador Héctor Fulgencio Cabrera, y los empleados Erison Delgado Santos y Neftalí Borges Gómez enfrentan cargos criminales emitidos por un gran jurado federal.

El pliego alega infracciones a la Ley federal de Aguas Limpias entre el 2018 y 2025, por descargas ilegales de residuos desde su laguna de acumulación de desperdicios a un arroyo cercano y que luego llegaban hasta el mar.

Tras ser arrestados en la mañana de ayer, comparecieron en la tarde ante el magistrado Héctor Ramos Vega, en el Tribunal Federal en San Juan.

El presidente, Borges Arroyo, declaró no culpable y se les permitió salir en libertad condicionada con una fianza “no asegurada” de $10,000 hasta el juicio.

De inmediato no estuvo disponible el resultado de las vistas de los otros acusados, mientras que el representante legal de la entidad corporativa tendrá que comparecer al tribunal el próximo 28 de agosto.

La Fiscalía federal había solicitado que, de salir de la custodia oficial, no le permitiera reanudar operaciones de la compañía debido a que provocaría más descargas ilegales de desechos.

No obstante, al permitir la salida en libertad condicionada del presidente de la compañía, el magistrado determinó que “la corporación podrá continuar sus operaciones”.

“Sin embargo, el acusado deberá presentar pruebas que documenten la correcta eliminación de las aguas residuales generadas por sus operaciones”, ordenó el magistrado.

Los cargos están relacionados precisamente con el vertido ilegal de residuos por parte de la compañía, que consistían en sangre animal, pelo, tejido y heces, así como grasa, aguas residuales, desinfectante y otros líquidos generados durante el despiece y el procesamiento de la carne para consumo.

La acusación alegó que para evitar el pago de millones de dólares para camiones que recogieran los desperdicios animales, los acusados hicieron las descargas al cuerpo de agua utilizando una bomba sumergible colocada en la laguna de retención de desechos en los predios de la planta procesadora.

En su orden de operación condicionada, el magistrado ordenó que “se le concede a la corporación un plazo de 10 días a partir de hoy (ayer) para presentar pruebas de un contrato válido con una empresa autorizada de eliminación de residuos”.

“Además, como presidente de la corporación, dispondrá de 30 días a partir de esta orden para resolver el problema relacionado con la bomba y presentar pruebas de dicha resolución bajo la supervisión de la Agencia de Protección Ambiental” (EPA, por sus siglas en inglés)“, puntualizó.

Por su parte, la alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario, declinó emitir cualquier comentario relacionado a este tema.

“Al tratarse de un asunto bajo la jurisdicción de dichas agencias, la alcaldesa, Hon. Miraidaliz Rosario Pagán no emitirá comentarios sobre los hechos ni sobre una investigación en curso”, indicó su oficina de comunicaciones.