La controversia sobre la solicitud para inspeccionar varias instituciones correccionales vinculadas a un presunto esquema de tráfico de drogas no será atendida solo mediante mociones escritas, sino que se discutirá en una vista presencial en el Tribunal federal.

Así lo determinó la jueza de distrito Silvia Carreño Coll luego de que la Fiscalía federal solicitara tiempo adicional para responder a una explosiva moción presentada por la defensa del excerrajero Jensen Medina Cardona y otros coacusados en el caso.

Ante ello, Carreño Coll ordenó que el asunto se ventile directamente en sala. Como resultado, convirtió una conferencia previa al juicio, pautada para el 9 de julio, en una vista para atender los méritos de la solicitud presentada por 18 de los 34 coacusados.

“La conferencia previa al juicio pautada para el 9 de julio de 2026 a la 1:30 p.m. en la sala 6 del Tribunal de Hato Rey, ante la jueza Silvia L. Carreño Coll, queda convertida en una conferencia de estatus”, indica la orden firmada por la togada el 10 de junio.

En resumen, los coacusados -vinculados al “Grupo 31″ o “Los Tiburones”- enfrentan cargos radicados en diciembre de 2024 por alegadamente conspirar para poseer y distribuir sustancias controladas dentro de varias instituciones correccionales del país.

Los penales administrados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) incluidos en la petición en cuestión son los siguientes: Guerrero, en Aguadilla; Las Cucharas, en Ponce; la Institución Correccional Bayamón 501; y Guayama 1000.

En su moción de seis páginas, presentada a finales de mayo, los abogados de los coacusados argumentaron, entre otras cosas, que las mencionadas inspecciones a las instituciones correccionales son necesarias para preparar la defensa para el juicio.

Sostuvieron que deben tener acceso a las instituciones para observar sus condiciones físicas y operacionales, incluyendo el diseño de las instalaciones, los sistemas de seguridad, los controles de comunicación, y la dinámica interna de la población penal.

Entre los solicitantes figura Medina Cardona, quien fue sentenciado a cumplir 129 años de prisión por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, de 34 años, ocurrido el 18 de agosto de 2019 tras una disputa por un celular en Villa Marina Boulevard, en Fajardo.

“Para poder prepararse adecuadamente para el juicio, los abogados deben obtener conocimiento de primera mano sobre las condiciones físicas y operacionales de estas instituciones, incluyendo el diseño de la instalaciones que albergan a los reclusos, los controles de comunicación y movimiento de la población correccional y las condiciones prácticas de rigen la interacción entre los confinados”, reza la moción.

La defensa añadió que la información sobre las cuatro cárceles resulta relevante para todos los equipos legales, ya que la teoría del Ministerio Público sostiene que la alegada organización operaba de forma coordinada para controlar el trasiego de drogas dentro de los complejos correccionales.

Asimismo, plantearon que las inspecciones conjuntas, supervisadas por el tribunal y coordinadas por una persona designada, serían más eficientes que solicitudes individuales, al garantizar acceso uniforme para todas las defensas. En ese sentido, proponen la designación del investigador privado Enrique Figueroa para organizar el proceso.

Junto a Medina Cardona, la petición incluye a otros coacusados como Juan Carlos Ortíz Vázquez, Elías Martínez Rivera, José Luis Audaín Rodríguez, Moisés Mojica Torres, Ernesto Malavé Santiago, Jim Almodóvar Quirindongo, Ernesto Vargas Rodríguez, Abraham Rodríguez Cruz, Alexander Alvarado Almestic, Edwin Sánchez Rijos, Félix Serrano Román, Harry Acevedo Méndez, James Santana González, Kevin Hernández Ruiz, Miguel González Concepción, Aníbal Ramírez Alicea y Christian Candelario Feliciano.

La semana pasada, el Ministerio Público solicitó diez días adicionales para presentar su postura por escrito, lo que llevó a Carreño Coll a reestructurar la vista del 9 de julio para atender directamente la controversia.

Según el pliego acusatorio, la organización criminal contaba con apoyo de personas en la libre comunidad que facilitaban la entrada de drogas como fentanilo, cocaína, marihuana y heroína a las cárceles mediante drones, correo regular y visitas familiares.

El documento añade que las sustancias también eran introducidas ocultas en alimentos, controles remotos, consolas de videojuegos o lanzadas desde el exterior hacia los patios, supuestamente aprovechando la negligencia o corrupción de algunos empleados del DCR.

Aunque Medina Cardona enfrenta un solo cargo por conspiración, otros acusados también figuran señalados por lavado de dinero, y se les vincula además con la muerte de cuatro confinados por sobredosis de fentanilo entre 2021 y 2024.