A puertas cerradas y bajo estrictas medidas de seguridad, la defensa de varios acusados en uno de los casos federales más complejos de los últimos años en Puerto Rico busca entrar nuevamente a las cárceles donde, según las autoridades, operaba una extensa red criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de drogas.

Entre los acusados figura el excerrajero Jensen Medina Cardona, quien resultó convicto a nivel estatal por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, acompañado por otros confinados señalados en una acusación federal por conspiración relacionada al presunto control del tráfico de sustancias ilegales en varias prisiones.

Ahora, sus abogados han presentado una moción conjunta solicitando acceso a cuatro penales administradas por el Departamento de Corrección y Rehabiliación (DCR) antes de que se celebre una vista con antelación al juicio programada para el 9 de julio a la 1:30 p.m. en la sala 6 del Tribunal federal.

Los cuatro penales claves son Guerrero en Aguadilla, Las Cucharas en Ponce, la Institución Correccional Bayamón 501 y Guayama 1000, según la moción de seis páginas que se presentó el lunes pasado ante la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll, del Tribunal federal, quien tiene a su cargo el proceso judicial.

La defensa sostiene que necesita observar personalmente las condiciones reales dentro de las cárceles: cómo se mueven los confinados, qué controles existen sobre la comunicación y de qué manera interactúan los reclusos entre sí. Según los abogados, esos detalles podrían desmontar —o confirmar— aspectos esenciales de la teoría federal.

En total, son 17 acusados los que están realizando la petición. Además de Medina Cardona, también están en la lista Juan Carlos Ortiz Vázquez, Elías Martínez Rivera, José Luis Audain Rodríguez, Moisés Mojica Torres, Ernesto Malavé Santiago, Jim Almodóvar Quirindongo y Ernesto Vargas Rodríguez.

La explosiva solicitud la completan Abraham Rodríguez Cruz, Alexander Alvarado Almestica, Edwin Sánchez Rijos, Félix Serrano Román, Harry Acevedo Méndez, James Santana González, Kevin Hernández Ruiz, Miguel González Concepción, Aníbal Ramírez Alicea y Christian Candelario Feliciano.

El planteamiento no es menor. Los abogados argumentan que no basta con informes oficiales o testimonios; insisten en que necesitan recorrer las instalaciones para comprender si realmente era posible ejercer el control que describe la acusación.

“Los acusados respetuosamente solicitan a este Tribunal una orden autorizando a los abogados de defensa a realizar inspecciones conjuntas de las instituciones mencionadas por el gobierno en la acusación, así como de aquellas instituciones, unidades y/o secciones donde cada acusado compareciente estuvo recluido durante el período de los delitos alegados e imputados”, indicaron los licenciados.

En el documento radicado ante el Tribunal federal, los representantes legales también solicitaron posponer la conferencia previa al juicio para agosto o posteriormente, luego de señaladas las inspecciones. Alegan que coordinar inspecciones simultáneas en cuatro instituciones de alta seguridad requiere logística compleja, autorizaciones especiales y supervisión directa de las autoridades correccionales.

“Para prepararse adecuadamente para el juicio, los abogados de los acusados comparecientes deben obtener conocimiento directo de las condiciones físicas y operacionales de dichas instituciones, incluyendo la distribución de las unidades de vivienda, los controles de movimiento y comunicación de los confinados, y las condiciones prácticas que rigen la interacción entre confinados”, mencionaron los abogados.

Aunque el interés principal de cada acusado pueda ser la institución donde estuvo recluido personalmente, el equipo legal señaló que “cuatro instituciones son relevantes para los cargos de conspiración imputados contra todos los acusados comparecientes, ya que la teoría del gobierno se basa en el supuesto control ejercido a través de las cuatro facilidades”.

La solicitud de los acusados propone además que un investigador privado coordine las visitas para evitar múltiples gestiones separadas por parte de cada abogado, algo que, según argumentaron, reduciría interrupciones dentro de las instituciones penales.

La moción se presenta pocos días después de que la jueza de distrito acogiera una solicitud que extendió el plazo otorgado a los acusados para informar al tribunal si alcanzaron acuerdos con la Fiscalía federal y, de ser así, formalizar sus declaraciones de culpabilidad. La nueva fecha límite quedó fijada para el 22 de junio.

Medina Cardona fue sentenciado el 11 de enero de 2022 a cumplir 129 años de prisión por el asesinato de Mercado Ríos, de 34 años. En ese entonces, se le imputó haberle causado la muerte el 18 de agosto de 2019, tras una disputa por un celular en el área de los muelles de Villa Marina Boulevard, en Fajardo.

Durante su reclusión, ha sido procesado en varias ocasiones a nivel estatal por la posesión de celulares dentro de la institución carcelaria.

Pero, el 17 de diciembre de 2024, las autoridades federales diligenciaron 34 órdenes de arresto para desarticular una red que presuntamente conspiraba para el contrabando de drogas en casi todas las cárceles de la isla, mayormente con el uso de “drones”.

Entre los arrestados estaba Medina Cardona.

El pliego emitido por un gran jurado consistía de nueve cargos contra 23 personas que ya estaban ingresados en prisiones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y 11 que estaban en la libre comunidad, y que supuestamente pertenecían a una ganga conocida como el “Grupo 31″ o “Los Tiburones”.

Medina Cardona, quien en ese momento se encontraba ingresado en la sección de máxima seguridad de la cárcel en Guayama, junto a los demás acusados, enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de drogas tras el operativo “El Señor de los Drones”.

“Está envuelto en la venta de drogas dentro de la prisión”, dijo el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, en relación a Medina Cardona, durante una conferencia de prensa.