El equipo legal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó el martes a la jueza federal Silvia L. Carreño Coll que le conceda una prórroga de 15 días, hasta el próximo 31 de octubre, para presentar sus objeciones al informe previo a la sentencia.

Vázquez Garced se declaró culpable de haber aceptado una promesa de contribución política de parte del banquero venezolano Julio Herrera Velutini en 2020 para su campaña política en violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés).

En la moción de cuatro páginas, que fue presentada por el licenciado Ignacio Fernández de Lahongrais, uno de los representantes legales de Vázquez, se alega que se encuentran revisando aspectos importantes, por lo que aún no han concluido la redacción de las objeciones.

De acuerdo al trámite judicial, las objeciones al informe presentencia (PSR, por sus siglas en inglés), que fue radicado el pasado 2 de octubre, deben ser sometidas en o antes de este jueves, en caso de que la corte no acceda a conceder el tiempo adicional solicitado.

Según la defensa de la exsecretaria del Departamento de Justicia, el informe consideró como conductas relevantes al caso las alegaciones y hechos señalados en el pliego acusatorio inicial, que contenía siete cargos criminales por conspiración, soborno y fraude.

Además de Vázquez Garced, las autoridades federales acusaron a Herrera Velutini y al exagente federal Mark Rossini en el esquema. A estos se les imputó ofrecer dinero y apoyo a la campaña política de Vázquez Garced en la primaria por la candidatura a la gobernación por el PNP del 2020 a cambio del ssupuesto despido George Joyner como comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), ya que dicho funcionario tenía una investigación en curso contra la institución de Herrera Velutini, conocida como Bancrédito International Bank.

Tras alcanzar un acuerdo con la plana mayor del Departamento de Justicia federal en 2025, los tres acusados se declararon culpables de violar la Ley FECA a cambio de la desestimación del pliego inicial. Actualmente, todos se encuentran a la espera de ser sentenciados en el Tribunal federal en Hato Rey.

“La inclusión de la conducta a ser desestimada, la cual la acusada negó, como relevante en el PSR representa un asunto legal significativo que requiere de un análisis cuidadoso, consultas con el oficial de probatoria y la redacción de objeciones formales de no poder alcanzar una resolución”, expresó el equipo legal de la exgobernadora, compuesto por los licenciados Fernández de Lahongrais, Peter John Porrata, Edgar Sánchez Mercado y Luis A. Plaza Mariota.

La investigación legal se enfoca en determinar si es admisible considerar conductas desestimadas bajo las Guías de Sentencia federales, prestando especial atención al peso de la prueba y al respeto del debido proceso cuando el acusado niega los hechos.

En el plazo de 15 días solicitado, la defensa buscará reunirse con el oficial de probatoria responsable del PSR para abordar los puntos en disputa y discutir con el gobierno federal posibles acuerdos.

“La extensión solicitada no retrasará la vista de sentencia... y asegurará que todas las partes y la corte tengan un récord completo de cualquier asunto en disputa antes de dicha audiencia”, indicaron.

Inicialmente, la vista de sentencia contra la exgobernadora estaba programada para llevarse a cabo este miércoles en el Tribunal federal. Sin embargo, la jueza accedió a una petición de la defensa de la convicta, que pidió la posposición y señaló que las Reglas de Procedimiento Criminal establecen procedimientos específicos para impugnar los PSR.

Ahora la vista de sentencia de la exgobernadora está pautada para el próximo 4 de diciembre, a las 9:30 a.m., en la sala 6 de la mencionada corte federal.

Por este alegado esquema, la exmandataria se expone a una pena de hasta un año en prisión, una multa de hasta $100,000, un período de libertad supervisada no mayor de un año y al pago de una contribución especial de $25 destinada al Fondo para Víctimas del Crimen.