Caguas - La juez Karina Díaz Pérez encontró este miércoles causa para arresto contra Carlos Manuel Estefano Pino por el asesinato de la enfermera Jennifer Marie Torres Castro, de 36 años, mientras él cumplía una sentencia por otro feminicidio en libertad bajo palabra.

A Esfano Pino le imputaron un cargo por asesinato en primer grado. La jueza le impuso una fianza de $3 millones.

Para comparecer a la vista de causa probable para arresto (Regla 6), Estefano Pino –convicto por otro feminicidio en 1990– fue excarcelado y trasladado al Tribunal de Caguas por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía. Según la investigación policial, los hechos ocurrieron la noche del 23 de junio, en la residencia de la víctima, en el barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas en Caguas.

El imputado es representado por Donald Milán Guindín, director de la Sociedad para la Asistencia Legal de Caguas. Antes de iniciar la vista, el abogado comentó que ya lo había entrevistado en la institución penal.

Este caso dio un giro inesperado la tarde del 5 de julio, cuando la Policía confirmó que reclasificó el caso de Torres Castro como un asesinato, luego que la patóloga Paola Luna García, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), certificara que la muerte fue de forma violenta. En un inicio, la Policía había notificado a los medios que no había signos de violencia en la víctima a pesar de que había sido mordida y asfixiada, según se supo semanas más tarde.

Estefano Pino es convicto por el feminicidio de Mirna Báez Valle en 1990 y otros delitos y, desde 2018, estaba en la libre comunidad al cumplir con los requisitos de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). Cuando comenzó a figurar como persona de interés en el caso de Torres Castro y no respondía a las citaciones y llamadas de su técnico sociopenal, un funcionario notificó al organismo sus evasivas y lo refirió para que fuera arrestado. El liberado no tenía grillete mientras cumplía su sentencia en la libre comunidad.

No fue hasta el 1 de julio, una semana después del feminicidio de Torres Castro, que fue arrestado en Barceloneta por oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), bajo orden de la JLBP, organismo que se encuentra en proceso para revocarle el privilegio por violar seis condiciones de su mandato, entre ellas, no pernoctar en su residencia el día del asesinato de la enfermera.

En su primera vista ante la JLBP, el confinado manifestó que, la noche del crimen, hubo un “altercado físico” contra Torres Castro, a quien identificaba como su supuesta pareja.

La fiscal de distrito de Caguas, Arlene Gardón Rivera, atendería a la prensa una vez concluyera el proceso de formulación de cargos.

---

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.