La Fiscalía federal presentó una moción este jueves para indicar que no existe investigación de ningún tipo sobre la gobernadora Jenniffer González.

El documento, firmado por el fiscal federal Seth Erbe, aludió a una orden emitida por el magistrado Marshall D. Morgan que señalaba que el arresto de un hombre durante un allanamiento, en Lajas, se relacionaba con una pesquisa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) sobre una propiedad de la familia de la gobernadora.

“Dicha orden afirmaba erróneamente que la orden de registro, en este caso, ‘derivaba de una investigación no relacionada de delitos de cuello blanco involucrando a la gobernadora de Puerto Rico...”, resaltó Erbe en la moción.

“El Ministerio Público presenta este aviso para corregir la información y declara que no existe ninguna investigación de delitos económicos (ni de ningún otro tipo) contra la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”, agregó.

El juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, indicó posteriormente que la corte tomó “conocimiento” de la “corrección de que no hay una investigación de cuello blanco (ni cualquier otra investigación) de la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón”.

En los casos de índole criminal, los jueces de distrito -como Arias Marxuach- presiden los procesos, mientras que los magistrados -como Morgan- usualmente están a cargo de las etapas preliminares o iniciales, como emitir órdenes de allanamiento, arresto y citaciones.

El documento de la Fiscalía fue radicado temprano este jueves, a horas de que fuera reseñada por los medios de comunicación la supuesta pesquisa relacionada con la mandataria y una semana después de que el magistrado federal emitiera la orden, el jueves, 23 de octubre.

No obstante, el lenguaje de la moción de hoy no descarta que sí exista una pesquisa con relación a “las propiedades” mencionadas en la orden del magistrado Morgan.

La orden judicial había indicado que el arresto de Daniel García Martín, de 67 años, se debió a que los agentes encontraron armas de fuego ilegales en su residencia, que fue allanada por el FBI al diligenciar una orden, que fue autorizada judicialmente por “una investigación de cuello blanco no relacionada (con el caso de las armas) que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad que le pertenece a su familia”.

En esa orden, Morgan no precisó si el caso se relaciona con la casa de los suegros de González ubicada en la Reserva Natural La Parguera, que ha sido eje de controversia por años, y qué relación tendría el imputado con la gobernadora o su familia.

Las órdenes de allanamiento son emitidas por los tribunales -en este caso el federal- cuando un agente investigador, a través de la fiscalía, entrega una declaración jurada a un juez para que autorice el registro de una propiedad porque demostró que, durante una pesquisa, ha encontrado razones para pensar que existe causa probable sobre un delito cometido y considera que en ese lugar podría encontrar evidencia útil para procesarlo.

Tras su arresto el 17 de octubre, García Martín tuvo su comparecencia inicial tres días después. Mientras, un gran jurado emitió un pliego acusatorio en su contra el 23 de octubre por un cargo de posesión ilegal de dos revólveres Smith & Wesson, y uno Magnum Ruger, así como municiones.

Ese mismo día tuvo su comparecencia inicial y vista de detención, en la que Morgan le negó la libertad bajo fianza con la orden que mencionó la investigación del FBI.

La lectura de acusación había sido pautada para el 3 de noviembre, pero quedó sin efecto debido a que el acusado renunció a ese derecho y solicitó que el tribunal le anotara una alegación de “no culpable”.

Por su parte, Marxuach, quien preside el caso, estableció el 19 de noviembre como la fecha límite para que las partes radiquen un informe del estado del caso, describiendo cómo va “el descubrimiento de prueba, negociaciones de alegación de culpabilidad y cualquier otra información que sea pertinente”.

Al ser abordado sobre el tema, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, agradeció la moción aclaratoria presentada por la Fiscalía federal, “por hacerle justicia a la injusticia que se hizo contra la gobernadora, de manchar su reputación intachable de 22 años sin ningún señalamiento”.

El Nuevo Día inquirió si el gobierno de Puerto Rico había solicitado la corrección, pero Domenech se limitó a responder que el proceder de la Fiscalía federal se debe a “lo que había en récord”.

Insistió que no entraría en especulaciones sobre la posible investigación federal a la que hizo referencia el magistrado Morgan. “La gobernadora no ha sido entrevistada y no me consta si alguien más ha sido entrevistado”, mencionó el jefe del gabinete, en conferencia de prensa en La Fortaleza.

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La periodista Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.