La Fiscalía federal solicitó una orden de protección de la evidencia que entregará en el caso de un hombre arrestado en Lajas por parte de un agente investigador de corrupción pública para el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

“El Ministerio Público está preparado para producir el descubrimiento de prueba y solicita una orden de protección”, indicó la fiscal Linet Olinghouse en la moción.

“Una orden de protección que regule el uso y manejo del material probatorio es necesaria porque dicho material contiene información confidencial y protegida”, añadió Olinghouse.

Se trata del caso contra Daniel García Martín, de 67 años, quien permanecerá detenido por el resto del proceso judicial por una orden del magistrado federal Marshal D. Morgan.

Su orden de detención llamó la atención la semana pasada porque indicó que García Martín fue arrestado tras ejecutar una orden de allanamiento que surgió de una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad de su familia”.

Una moción posterior de la Fiscalía federal aseguró que “no hay investigación de cuello blanco (ni cualquier otra investigación) de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”.

No obstante, el lenguaje de la moción de la Fiscalía no descartó que sí exista una pesquisa con relación a “las propiedades” mencionadas en la orden de Morgan.

García Martín fue arrestado debido a que en su residencia encontraron armas de fuego y municiones, según indicó un agente del FBI en la declaración jurada que se describe en el documento como “responsable de llevar a cabo y/o asistir en investigaciones de corrupción pública, incluyendo cuello blanco y crímenes financieros”.

La denuncia señaló que García Martín cumplió una condena en prisión por un caso de asesinato, por lo que es un delito federal que posea armas o municiones.

Las autoridades federales procesan comúnmente a personas arrestadas por posesión ilegal de armas de fuego, pero no es usual que en esos casos el Ministerio Público solicite proteger la evidencia que entregará en el descubrimiento de prueba.

En este caso, la moción de Olinghouse recuerdó que los tribunales de distrito tienen la autoridad de preparar órdenes de protección que regulan el descubrimiento de prueba.

La Fiscalía solicitó, en la moción radicada el 4 de noviembrer, que “se emita una orden de protección que permita al Ministerio Público presentar ciertas pruebas documentales etiquetando dichos documentos como ‘confidenciales’; limite la reproducción y difusión por parte del acusado de los documentos ‘confidenciales’; y exija la devolución de todos los documentos ‘confidenciales’ al finalizar el caso”.

“Dicha orden de protección garantizará que el Ministerio Público pueda cumplir con sus obligaciones de divulgación de información conforme a la Regla 16 sin contravenir su deber de salvaguardar la información confidencial y protegida”, resaltó Olinghouse.

La moción incluyó una propuesta para el texto de la orden, que establecería colocar la etiqueta a ciertos documentos como “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL - SUJETO A ORDEN DE PROTECCIÓN”.

Al recibir dicha evidencia, según establecería la orden, la defensa o cualquier persona que le asista “tendrá prohibido diseminar los documentos designados como confidencial o su contenido a cualquiera que no sea investigador de la defensa” o del “equipo de la defensa en relación con este caso criminal”.

“Además, el abogado del acusado y/o cualquier persona que preste asistencia” en este caso “tienen prohibido permitir que el acusado conserve personalmente los documentos confidenciales designados dentro de cualquier prisión o centro de detención”, estableció Olinghouse en el texto sugerido para la consideración del juez presidente del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach.