Tras la extensa moción presentada el martes por la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, la Fiscalía federal presentó un escrito en respuesta para “alertar” al Tribunal sobre la existencia de “declaraciones falsas” contenidas en dicho documento, especialmente en relación con la reunión celebrada en Washington, D.C.

En el documento de tres páginas y con fecha de este miércoles, la fiscalía negó, en primer lugar, que algún fiscal o la alta plana del Departamento de Justicia federal dijera en la reunión celebrada el 30 de mayo de 2025 que decidieron “arriesgarse” a presentar el caso a pesar de que había contradicciones sobre la alegada conspiración.

Asimismo, el Ministerio Público negó que alguno de sus fiscales haya afirmado que la acusación se había “derrumbado” o que ya no fuera “viable”, luego de escuchar al licenciado Luis Plaza Mariota, representante legal de la exgobernadora, en el contexto de los esfuerzos por evitar el inicio del juicio programado para el 25 de agosto.

“Las citas atribuidas al personal del gobierno y al liderazgo del Departamento en la moción de Vázquez son completamente fabricadas. La acusación en este caso no se “vino abajo” y los Estados Unidos están listos para proceder a juicio, si fuera necesario", indica la moción presentada por la fiscal Myriam Y. Fernández González.

La fiscalía también discrepó de otras alegaciones hechas por la defensa respecto a la reunión, incluyendo: el efecto que presuntamente tuvo la presentación realizada por Plaza Mariota en Washington; que el gobierno se enfrentó a pruebas contradictorias; y que hubo una falta de fundamento legal o de un quid pro quo comprobable.

“De hecho, la mayoría —si no toda— la información presentada por el abogado Plaza -que fue mínima- estaba contenida en el descubrimiento proporcionado por los Estados Unidos a todos los abogados o ya era conocida por el gobierno", indica la moción sometida por la Fiscalía, en respuesta a la moción de la exmandataria.

Además, el Ministerio Público rechazó que el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, haya alegado o insinuado -en la conferencia de prensa que se celebró luego del arresto y acusación de la exgobernadora en 2022- que esta se benefició personalmente del esquema, incluyendo de unos $300,000.

“La acusada Vázquez concluye audazmente afirmando que la moción “aclara el expediente para reflejar la verdad”, con la falsedad de que la resolución negociada surgió a partir de “nuevas pruebas convincentes y exculpatorias descubiertas a través de la investigación de la defensa”. Eso simplemente no es cierto", dice la moción.

En ese sentido, la fiscalía mencionó que, aunque estaban preparados para el inicio del juicio, la resolución negociada con la acusada y los coacusados —el banquero venezolano Julio Herrera Velutiniy el exagente federal Mark Rossini—, fue apropiada y consistente con las prioridades de aplicación de la ley del Departamento de Justicia.

“Además, los Estados Unidos mantienen su posición de que las negociaciones de acuerdo de culpabilidad se llevaron a cabo de buena fe en representación del gobierno y sirvieron para conservar los recursos judiciales y del Ministerio Público”, concluye la moción disponible en el expediente judicial del caso.

En agosto de 2022, un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

Los acusados enfrentaban cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Sin embargo, Herrera Velutini también enfrentaba cargos por un esquema de soborno distinto.

No obstante, a finales de mayo, las partes anunciaron que estaban en negociaciones para evitar ir a juicio. Tras la reunión en la capital federal con la plana mayor del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la defensa de los acusados y la fiscalía confirmaron el acuerdo.

Ahora, todos los acusados enfrentan un solo cargo por violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA) y tan pronto como el 27 de agosto, ante la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll, estarán haciendo alegación de culpabilidad, conforme al acuerdo alcanzado.

A esos fines, Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini enfrentan un cargo cada uno por contribución de un ciudadano extranjero por las elecciones de 2020.

En el caso de la exgobernadora, la acusación detalla que, desde marzo hasta junio de 2020, “con la ayuda y complicidad de otras personas, aceptó consciente y deliberadamente la promesa de una contribución política por parte de un ciudadano extranjero, en relación con su candidatura en la elección primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP)... que excedió los $2,000, pero fue inferior a $25,000, durante el año calendario".

Mientras, la acusación contra Herrera Velutini establece que, desde marzo a junio de 2020, “un ciudadano extranjero, con la ayuda y complicidad de otras personas, hizo consciente y deliberadamente una promesa expresa o implícita de realizar una contribución relacionada con la elección primarista del PNP para la gobernación de Puerto Rico, por una suma que excedió los $2,000“.

De forma parecida, la acusación contra Rossini indica que, desde marzo hasta junio de 2020, “con la ayuda y complicidad de otras personas, facilitó consciente y deliberadamente una promesa expresa o implícita para realizar una contribución relacionada con la elección primarista del PNP para la gobernación de Puerto Rico, por un monto que supera los $2,000″.