Julia Keleher durante su visita a la Escuela Elemental Urbana de Guaynabo.
Julia Keleher durante una visita a la Escuela Elemental Urbana de Guaynabo. (Xavier J. Araújo Berríos)

La exsecretaria de Educación, Julia Keleher, se declaró culpable este martes ante el juez federal Francisco Besosa en una denuncia de la fiscalía federal mediante un acuerdo que contiene dos cargos por conspiración para fraude y que sustituiría los dos casos presentados en su contra en el 2019 y 2020.

“Culpable, su señoría”, afirmó Keleher, presente en la vista mediante videoconferencia desde Philadelphia, al ser cuestionada por el juez Besosa sobre su alegación de culpabilidad. Asimismo, aceptó las condiciones establecidas en el acuerdo con la fiscalía, reveladas hoy.

El acuerdo, según descrito en la vista, sostiene que Keleher se declarará culpable de dos cargos por conspiración para fraude, por los que cumpliría seis meses de prisión y un año de libertad supervisada con prisión domiciliaria.

Asimismo, tendría que pagar una multa de $21,000 “que representa el valor de los beneficios que Keleher recibió en conexión con las alegadas ofensas”, sostuvo el fiscal federal Alexander Alum. El tribunal puede o no aceptar el acuerdo.

La pena máxima por esos cargos es en realidad de cinco años de prisión y tres años de libertad supervisada. Pero Alum explicó en la vista que se trata de un acuerdo “tipo C”, lo que significa que la sentencia tendría que ser la acordada o si Besosa no acepta los términos, Keleher tendría la opción de revertir de declaración de culpabilidad y continuar con el juicio por jurado correspondiente a los casos originales, que acumulan en conjunto 16 cargos en su contra.

A preguntas del juez, Keleher afirmó que discutió el acuerdo con su equipo de defensa antes de firmarlo. La vista de sentencia se celebrará el 7 de septiembre de 2021. Si Besosa acepta el acuerdo se traduciría, además, en la desestimación de los cargos originales.

Una moción radicada el 21 de mayo por la abogada de Keleher, María Domínguez, así como los abogados Javier Micheo y Carlos Andreu, sostenía que la fiscalía y la acusada “han llegado a un acuerdo negociado que debería resolver los dos casos penales pendientes en su contra”. En la moción también se indicó que Keleher estaba renunciando a su derecho a estar físicamente en la vista en Puerto Rico y que asistiría mediante videoconferencia, tal cual ocurrió hoy. Debido a la pandemia de COVID-19, se trata de una opción favorecida por la Corte.

A casi dos años de la primera acusación contra Keleher

Un gran jurado emitió el primer pliego acusatorio el 9 de julio de 2019, el verano en que multitudinarias manifestaciones obligaron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, quien la había nombrado titular de Educación. La figura de Keleher y los alegados hechos por los que se le acusó fueron también gasolina para aquellas protestas, dando paso incluso a que el equipo de defensa de la exsecretaria intentara sin éxito trasladar el juicio a una jurisdicción fuera de Puerto Rico.

“Lo que te puedo contestar es que para nadie estos procesos son fácil”, respondió Dominguez al ser cuestionada por este medio sobre cómo Keleher ha asumido este proceso a casi dos años de la acusación.

El juicio contra la exfuncionaria estaba pautado para iniciar el 22 de febrero de este año, pero en octubre de 2020 el Tribunal lo pospuso sin una fecha precisa, después de que los abogados de la defensa plantearan que necesitaban tiempo adicional para poder revisar un nuevo paquete de descubrimiento de pruebas que catalogaron como “voluminoso”. En enero la defensa de Keleher también había solicitado sin éxito la desestimación de cargos. En total, la exsecretaria enfrenta 11 cargos en esa acusación, por conspiración, fraude electrónico soborno y robo de identidad.

Pero en cuanto a este caso la denuncia de la fiscalía mediante el acuerdo le adjudica solo un cargo por conspiración para fraude. El esquema, según lo descrito por Alum, consistió en que Keleher promovió la subcontratación de María Estela Cestero como su asistente en Educación, mediante la firma Colón & Ponce y posteriormente a través de la compañía BDO Puerto Rico, inflando el valor de los contratos de esas entidades con la agencia y a pesar de que en dichos contratos originales se prohibía la subcontratación.

El presunto esquema inició poco después del impacto del huracán María en Puerto Rico. De acuerdo con la descripción de hechos que relató Alum, “Keleher intentó contratar a Cestero, pero oficiales ‘senior’ del gobierno de Puerto Rico no se lo permitieron”.

“Keleher, eso es lo que usted hizo?”, cuestionó Besosa. “Sí, su señoría”, respondió la exsecretaria. “Eso eso por lo que te estás declarando culpable?”, preguntó el juez. “Eso es, su señoría, sí”, afirmó Keleher.

En ese caso, además, están acusados Ángela Ávila Marrero, exdirectora ejecutiva de ASES; Alberto Velázquez Piñol, presidente de la compañía Azur, LLC; Fernando Scherrer Caillet, socio administrador de la empresa BDO Puerto Rico, y el contable público autorizado y y dueño de la compañía Intelligent Gran Solutions (IGS), Aníbal Jover Pages. También estaban acusadas las hermanas Glenda Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza, la primera ayudante especial de Keleher y la segunda, codueña de la firma Colón & Ponce Inc., pero ambas se declararon culpables en mayo del pasado año.

En el segundo caso, un pliego acusatorio emitido por un gran jurado que se remonta al 14 de enero de 2020, Keleher fue acusada junto con el propietario de una firma de bienes raíces, Ariel Gutiérrez Rodríguez, por cargos de soborno, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude. En este caso, Keleher enfrenta cinco cargos por conspiración, fraude electrónico y soborno.

En el presunto esquema, la pieza de intercambio fueron los terrenos de la escuela Padre Rufo en Santurce, según el pliego acusatorio, aledaña al condominio Ciudadela en el mismo distrito capitalino.

El gobierno federal sostiene que Keleher autorizó y firmó la concesión de 1,034 pies cuadrados del terreno del plantel, a cambio de un acuerdo de alquiler y compra de un apartamento en dicho condominio, por valor de $1 mensual hasta que se concretara la compra, en hechos entre mayo y julio de 2018. El acuerdo incluía el que Keleher gozara de un “bono” de $12,000 por la compra del apartamento, valorado en $297,500.

Al describir los alegados hechos en la denuncia de la fiscalía, Alum detalló el intercambio de documentos y firmas mediante correos electrónicos, en relación con la alegación de culpabilidad que hizo Keleher en el segundo cargo por conspiración para fraude.

“Keleher, ¿está de acuerdo con la versión del gobierno que acaba de escuchar en cuanto al segundo cargo?”, preguntó Besosa a la exsecretaria. “Sí, su señoría”, respondió. “¿Es eso lo que hiciste?”, cuestionó el juez. “Sí, su señoría”, reiteró la extitular.

A Gutiérrez Rodríguez se le acusó por “facilitar” el acceso que tuvo Keleher al apartamento en Ciudadela y lograr el acuerdo de alquiler con opción a compra. También se le acusa de entregar al Departamento de Educación una carta ya preparada y que Keleher solo tenía que firmar para que la agencia cediera 1,034 pies cuadrados de la escuela, con el fin de ensanchar una carretera cercana a Ciudadela.

La Federación de Maestros solicita que se le aplique a Keleher “todo el peso de la ley”

Por su parte, la Federación de Maestros de Puerto Rico solicitó, mediante comunicación escrita, que se le aplique “todo el peso de la ley” a la exsecretaria de Educación.

“Julia Keleher le robó a los niños y al sistema educativo del país y debe recibir todo el peso de la ley”, resaltó la presidenta del gremio, Mercedes Martínez Padilla, al reaccionar a la declaración de culpabilidad de la exsecretaria de Educación.

La líder magisterial consideró que la pena negociada por los abogados de la exfuncionaria fue muy leve, en especial al considerar los daños que provocó.

“Keleher no solo cometió fraude y se benefició ilegalmente de su posición, sino que contribuyó a deteriorar el sistema público de enseñanza mediante el cierre de cientos de escuelas, el desplazamiento de miles de educadores y el hacinamiento de estudiantes”, resaltó.

La Federación de Maestros indicó que “es preocupante lo frecuente de los escándalos de corrupción en el Departamento de Educación”, al hacer referencia al caso del extitular de la agencia, Víctor Fajardo, bajo la administración del exgobernador Pedro Rosselló González.

“El Departamento de Educación debe despolitizarse y se deben reducir al mínimo los contratos y la privatización, dos de las raíces de la corrupción. Son los empresarios privados los que pagan sobornos para conseguir ventajas en sus negocios”, señaló Martínez Padilla.

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