El Departamento de Justicia anticipó este sábado que apelará la determinación del Tribunal de San Juan a favor de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregue a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico el requerimiento o “subpoena” administrativo recibido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para compartir los datos de más de 6,000 inmigrantes con licencia provisional en el archipiélago.

“El Departamento de Justicia está inconforme con la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, notificada el 7 de noviembre de 2025. En consecuencia, el Estado presentará una moción de reconsideración y, de ser necesario, acudirá ante el Tribunal de Apelaciones. Esta determinación responde a que el Estado no puede divulgar información obtenida mediante un ‘subpoena’ del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), la cual está sujeta a estrictos lineamientos de confidencialidad”, planteó la agencia, en declaraciones escritas compartidas con El Nuevo Día.

El 1 de octubre, la ACLU de Puerto Rico demandó al secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado para que el gobierno entregara, de manera inmediata, documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley 97 de 2013.

La vista argumentativa se celebró el jueves, en la sala del juez superior Anthony Cuevas Ramos. Luego de escuchar los argumentos de los abogados de la ACLU de Puerto Rico y la representación legal del DTOP –a cargo de Justicia–, Cuevas ordenó –en corte abierta– que los documentos debían entregarse. Su sentencia fue notificada el viernes en la tarde.

El 10 de junio, la ACLU de Puerto Rico hizo una petición de documentos al DTOP. Según la organización, el DTOP negó –en su contestación del 27 de junio– la divulgación del requerimiento de información emitido por ICE y de toda la información entregada por el DTOP para cumplir con el “subpoena”, con el argumento de “que no se tratan de documentos públicos”.

En la sentencia del viernes, el juez Cuevas Ramos sostuvo que “el interés de proteger la identidad e información de las personas cuyos expedientes fueron divulgados a la agencia federal, en cumplimiento con el ‘subpoena’, no es incompatible con la divulgación del resto de los datos que se debe proveer”.

“Mantener en completa confidencialidad toda la información provista por el DTOP no está sustentado por un interés apremiante que justifique su falta de divulgación. Siendo la transparencia y el acceso a la información el oxígeno de nuestra democracia, y en ausencia de un interés apremiante que justifique el denegar el acceso a la información a la ciudadanía, la peticionada no puede mantener bajo el manto de la confidencialidad la información solicitada. Por tal razón, extendemos únicamente el reclamo de confidencialidad a aquella información que pueda identificar a las personas cuyos expedientes fueron divulgados. Así que, fuera de esto, el resto de la información es susceptible de ser divulgada, incluyendo el ‘subpoena’ emitido al DTOP”, añade.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscrita a ICE, y espera por una respuesta.