El Departamento de Justicia federal solicitó este lunes la suspensión de una vista judicial en Puerto Rico por el cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos.

El Tribunal Federal en San Juan había pautado una audiencia para el próximo 30 de octubre, en el caso que se mantiene activo desde que Justicia federal demandó al gobierno de Puerto Rico en 1994 por violación de derechos civiles que encontraron en aquel momento en las instalaciones de la Administración de Instituciones Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Parecido al caso de la Reforma de la Policía, el gobierno de Puerto Rico aceptó responsabilidad por las denuncias y en 1997 firmó un acuerdo judicial para cumplir con condiciones de cambios que, desde entonces, han estado bajo la supervisión de un monitor.

En la agenda para la vista de la próxima semana, publicada el pasado 5 de septiembre, el juez federal Francisco Besosa indicó que se discutirían los señalamientos incluidos el mes pasado en el informe bianual de la monitora federal Kimberly Tandy.

En esa vista se esperaba abordar temas como el progreso en los indicadores de seguridad con la percepción de empleados y la población, reducción de agresiones, amenazas e intimidación entre menores y reducción en la dependencia de aislamiento, así como reducción y prevención sobre contrabando, entre otros puntos.

Sin embargo, en una moción, el abogado de la División de Litigios de Derechos Civiles de Justicia federal asignado al caso, Richard C. Goemann, alertó sobre los inconvenientes sobre el cierre del gobierno de Estados Unidos.

“Ante falta de una asignación (de fondos), los abogados del Departamento de Justicia tienen prohibido trabajar, incluso de manera voluntaria, excepto en circunstancias muy limitadas, incluyendo ‘emergencias que involucren la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad’”, indica la moción.

Pidió “la suspensión de la vista de estatus” hasta “que el Congreso haya restablecido las asignaciones” de Justicia, que se ha visto afectado igual que otras agencias de la Rama Ejecutiva federal.

No obstante, advirtió que Justicia federal “no sabe cuándo esos fondos serán restablecidos por el Congreso”.

El abogado se limitó a comprometerse en avisar tan pronto se normalice la situación para que se establezca una nueva fecha para la vista.

Señaló que la representación legal del gobierno de Puerto Rico no se opuso a la posposición, mientras que la monitora sí tuvo reparos.

El cierre del gobierno federal se debe a que el Congreso no ha podido aprobar un nuevo presupuesto de operación para las agencias desde que expiró el 30 de septiembre pasado debido a que legisladores federales de ambos partidos políticos no han logrado ponerse de acuerdo.