El subcontratista Alberto Velázquez Piñol se unió a la exsecretaria de Educación Julia Keleher en una petición al Tribunal Federal para que suprima la evidencia obtenida a partir de los correos electrónicos de los acusados, alegando que quienes tuvieron a cargo la investigación se excedieron de los límites de búsqueda establecidos en diversas órdenes de allanamiento.