“Lo niego totalmente”. Así respondió la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, a los comentarios generados tras los asesinatos del abogado Luis A. Quiñones González y el empresario Félix Plaud de Choudens, en los que se cuestiona la efectividad del Poder Judicial y se señala su supuesta lentitud en la resolución de conflictos.

Precisó que Plaud de Choudens había enfrentado 17 demandas, y todas fueron resueltas, incluidas algunas “mediante acuerdo entre las partes, en menos de un año”, y mantenía tres pleitos activos, presentados en junio, agosto y septiembre de este año.

“No podemos hablar de un retraso del Poder Judicial cuando las demandas recién comienzan. La más antigua (de las demandas), todavía las partes demandantes no habían emplazado... Eso es responsabilidad de la parte demandante. Emplazar”, explicó.

“Le estamos echando la culpa o estamos responsabilizando a jueces y a juezas, y al Poder Judicial de acciones que no están bajo su control. No puedo aceptar la premisa de que se debe a que los procesos son lentos. Eso lo niego categóricamente. Ese no fue el ‘issue’ en este caso”, continuó la jueza presidenta.

Durante la mañana del viernes, un hombre identificado como William Noel Rivera Sánchez colgó en las redes sociales un vídeo en el que confesaba el asesinato de Plaud de Choudens e informaba que acababa de hacer lo mismo con Quiñones González. El abogado fue ultimado a su salida del Tribunal de Ponce, mientras que el cadáver del empresario y exactivista fue hallado esa tarde en un solar en Guayama. Rivera Sánchez luego se suicidó en su residencia en Santa Isabel.

En dos vídeos, Rivera Sánchez narró que mantenía una disputa económica con Plaud de Choudens y Quiñones González, a quienes había entregado más de $100,000 para el establecimiento de dispensarios de cannabis sin que le cumplieran. Por esos hechos, había presentado dos demandas, una contra Plaud de Choudens y la otra contra ambos implicados, entre otros.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo reveló que, contra el licenciado Quiñones González, había cinco quejas éticas y todas fueron resueltas.

Sobre el doble asesinato y el suicidio, Oronoz Rodríguez enfatizó que existe un problema de salud mental en el país que debe ser atendido. “Tenemos que atenderlo desde temprana edad, desde que los niños son niños y niñas. Y dar recursos. Y el Estado tiene que apoyar y aportar recursos importantes. Asignar presupuestos concretos y significativos a atender problemas de salud mental de nuestros compueblanos”, indicó.

Afirmó que los pleitos ante los tribunales se atienden en “menos de 35 días en promedio”, aunque reconoció que se puede “hacer más para que los casos corran de manera más eficiente”.

“Siempre buscamos reducir ese tiempo. No solamente reducir el tiempo, sino que la contestación del Tribunal sea adecuada en derecho, que sea sensible, así que siempre hay espacio para mejorar”, apuntó Oronoz Rodríguez.

Mientras, para el exjuez y presidente de la Federación de la Magistratura, Carlos G. Salgado Schwarz, los casos presentados por Rivera Sánchez no deben ser usados como barómetro para adjudicarle a la Judicatura morosidad o inefectividad en sus funciones.

“Porque, de entrada, las dos demandas que han sido relatadas, una fue transada y se estaba trabajando a ejecución o, por lo menos, a satisfacción de pago. No como había sido acordado, pero él mismo había presentado una moción admitiendo que le había satisfecho el 86% de la cuantía. El otro caso, que incluía al licenciado Quiñones como demandado, había sido presentado en junio”, dijo el exjuez.

“Se estaba atendiendo en los tribunales. El hecho de que no sea a la velocidad que desea una persona, pues no justifica que, posterior a eso, y luego de que toma una decisión como la que tomó se pretenda echar responsabilidades a todos los demás menos a la parte que cometió los hechos”, agregó.

Salgado Schwarz recordó que las Reglas de Procedimiento Civil disponen que, ante una demanda, la parte demandante tiene 120 días para diligenciar los emplazamientos. Por ende, estaban en el término para ser ejecutados, recalcó.

“No podemos reescribir el ordenamiento de forma reaccionaria por los eventos de un caso en particular, por más oscuros que parezcan los hechos particulares y de que hay múltiples demandas”, puntualizó el exjuez.