LUMA Energy presentó este martes, en el Tribunal de San Juan, una contrademanda contra el gobierno en la que exponen que la administración de Jenniffer González supuestamente utiliza su poder de manera ilegal para “cumplir una promesa de campaña, sin importar las consecuencias que sufrirá el pueblo de Puerto Rico”.

“La administración, en su empedernido afán de ganar las elecciones, han actuado con mala fe, dolo intencional y de manera temeraria en total detrimento del interés público”, indicó LUMA, mediante declaraciones escritas.

La empresa que administra el sistema de transmisión y distribución eléctrica alegó, además, que el gobierno actúa en contra de sus propias decisiones, sosteniéndose en la extensión del contrato suplementario que se le otorgó en 2022.

“Esto, a sabiendas de que la cancelación del acuerdo le costará al pueblo, al menos, $4,500 millones en daños y costos operacionales. Este tipo de acciones, motivadas políticamente, fue en parte lo que llevó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la quiebra”, planteó LUMA en el escrito.

“Como ya ha advertido la Junta de Supervisión Fiscal y otras partes en la quiebra federal de la AEE, la terminación del contrato con LUMA causaría caos en Puerto Rico y comprometería la operación del sistema eléctrico, a su vez, poniendo en peligro el acceso a fondos federales. La obstinación del gobierno en continuar con un pleito sin sentido no solo coloca en inminente riesgo a nuestros clientes, el pueblo de Puerto Rico, sino que pone en entredicho la credibilidad de esta administración ante el sector privado global”, añadió.

LUMA Energy enfrenta dos demandas, desde diciembre, una por parte de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la AEE, y la segunda, por la gobernadora. Aunque originalmente fueron presentadas en el foro judicial estatal, la empresa energética buscó moverlas a la sala de la jueza Laura Taylor Swain, quien adjudica el proceso de Título III de Puerto Rico, bajo la premisa de que su contrato de operación es un componente indispensable de los procedimientos de bancarrota de la AEE.

El viernes, no obstante, un panel del Primer Circuito de Apelaciones en Boston denegó el pedido del consorcio de paralizar los procedimientos ante el foro estatal de las dos demandas que persiguen la anulación de su contrato, lo que deja en manos de las cortes en Puerto Rico los casos incoados por la presente administración.