El alcalde de San Juan, Miguel Romero, solicitó al Tribunal de Primera Instancia de San Juan una vista urgente ante lo que describió como un “impasse” con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que, según el funcionario, ha impedido completar los trabajos de campo acordados para atender la falta de agua en varias comunidades de la capital.

La reciente controversia se centra en que, según el Municipio, la AAA no ha puesto a disposición del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua las brigadas y el personal operacional necesarios para inspeccionar, localizar y manipular válvulas, pese a que ese apoyo formó parte de las obligaciones pactadas entre las partes.

“El Comité queda impedido de operar y de realizar las pruebas y ajustes necesarios para adelantar el restablecimiento del servicio en los sectores de San Juan que aún no lo reciben”, sostuvo la representación legal del ayuntamiento en la moción presentada este jueves.

La administración municipal también denunció lo que considera un patrón del representante de la AAA en el Comité de “rechazar, retrasar o minimizar” las recomendaciones técnicas del ingeniero Roberto Martínez Toledo, exdirector de la Región Metro y quien representa a San Juan en el organismo.

El Nuevo Día solicitó a la AAA una reacción a las alegaciones contenidas en la moción y aguarda por una respuesta.

Según el documento judicial de 13 páginas, persisten los problemas de falta de agua en los residenciales públicos Las Casas, Las Margaritas y Villa Kennedy, así como en los sectores Monteflores y Sagrado Corazón.

La moción fue presentada mediante la representación legal del Municipio como parte del pleito que la administración municipal había incoado a finales de mayo contra la AAA y su presidente ejecutivo, Luis González Delgado.

A raíz de esa demanda, las partes alcanzaron una estipulación transaccional que dio paso a la creación del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, integrado por representantes municipales y uno de la corporación pública. El acuerdo fue acogido por el tribunal, que retuvo jurisdicción para atender posibles incumplimientos.

La estipulación dispone que “la Autoridad deberá identificar y poner a disposición el personal necesario en apoyo del Comité”. Además, obliga a la AAA a proveer trabajadores con las herramientas requeridas para operar las válvulas.

“Se trata, pues, de una obligación exigible y no de una cortesía ni de una gestión discrecional de la Autoridad”, argumentaron los abogados de Romero Lugo.

El Municipio reconoció que el trabajo conjunto permitió restablecer el servicio en algunas comunidades durante varios días de junio y julio, particularmente después de las labores de mantenimiento y mejoras operacionales realizadas en la planta de filtros Sergio Cuevas y la represa Carraízo.

No obstante, planteó que esos avances se han visto afectados por averías en el sistema, fallas operacionales y la falta de apoyo para realizar los trabajos de campo contemplados en el pacto.

La controversia por las brigadas se remonta a una reunión celebrada el 1 de julio, luego que el juez Anthony Cuevas declarara no ha lugar, por el momento, una moción de incumplimiento y solicitud de desacato presentada previamente por el Municipio.

En lugar de conceder el remedio solicitado, el juez Cuevas ordenó a las partes reunirse y posteriormente informar al tribunal los resultados o acuerdos alcanzados.

Durante ese encuentro, en el que participó González Delgado, la AAA supuestamente informó que se encontraba en proceso de contratar una brigada privada para responder al Comité durante las labores de campo, particularmente en la manipulación de válvulas.

Sin embargo, el Municipio aseguró que, pese a varios requerimientos realizados durante julio, el personal no estuvo disponible en momentos en que el Comité intentó realizar los trabajos.

El 16 de julio, por ejemplo, sus integrantes acudieron a la intersección de las avenidas Barbosa y Borinquen para identificar válvulas, tomar lecturas de presión y determinar si procedía realizar ajustes dirigidos a mejorar el servicio en sectores bajos, incluido el residencial Las Margaritas.

De acuerdo con la moción, el grupo tuvo que retirarse sin completar la operación porque no había una brigada disponible para asistir en la manipulación de las válvulas.

Según el documento, la corporación pública respondió que “el Comité no coordinó con anticipación la presencia de una brigada”.

El Municipio rechazó esa explicación y sostuvo que la obligación de proporcionar empleados no estaba condicionada a que culminara la contratación privada ni requería una solicitud individual antes de cada visita.

El 23 de julio, 22 días después del anuncio inicial, la AAA informó que el servicio de la brigada había sido aprobado y que el contratista había sido notificado, con la expectativa de comenzar a prestar apoyo la semana siguiente, detalla el documento judicial.

No obstante, el 29 de julio, Martínez Toledo solicitó personal para inspeccionar al día siguiente válvulas de 24 pulgadas ubicadas en las calles Inglaterra y Argentina, así como una de 12 pulgadas en la intersección de las calles Uruguay y Quisqueya.

Luego de varios seguimientos, presuntamente se le comunicó que no había empleados disponibles.

La AAA supuestamente atribuyó la situación a “la corta notificación previa” y a las emergencias que enfrentaba debido a “la sequía histórica que afecta a Puerto Rico”, según la respuesta citada en el documento.

Ante ello, el Municipio presentó el 30 de julio otra notificación formal de incumplimiento.

La moción también cuestionó la forma en que el representante de la AAA ha evaluado las propuestas de Martínez Toledo, quien, de acuerdo con el Municipio, cuenta con unos 35 años de experiencia en sistemas de agua potable y alcantarillado.

El Municipio alegó que existe un patrón de rechazo, retraso o minimización de las propuestas del ingeniero y aseguró que el representante de la corporación recurrió en una ocasión a herramientas de inteligencia artificial para sustentar su oposición.

“Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración que el representante de la AAA en el Comité recurrió a la inteligencia artificial para justificar su rechazo a una recomendación del ingeniero Martínez, en lugar de presentar datos operacionales, análisis hidráulicos o información técnica verificable”, lee el documento.

La administración municipal aclaró que no pretende que todas las recomendaciones de Martínez Toledo sean aceptadas automáticamente, pero sostuvo que cualquier oposición debe estar respaldada por datos, modelaciones hidráulicas, análisis operacionales u otros fundamentos técnicos verificables.

Como ejemplo, señaló que una recomendación para abrir una vuelta adicional en la válvula ROTC-2 fue descartada inicialmente. Según la moción, la propia AAA realizó después la operación y su representante reconoció que la medida podía resultar beneficiosa, dependiendo de los niveles del tanque Covadonga.

El escrito destacó que Martínez Toledo trabajó durante cerca de 11 años como director regional de la Región Metropolitana y posee conocimiento histórico y operacional sobre las válvulas, bombas, tanques, presiones y puntos críticos del sistema.

“Si la AAA insiste en su posición, entonces nos encontramos en un impasse y en una actuación arbitraria de mala fe que atenta contra el propósito de la Estipulación Transaccional”, alegaron los abogados del Municipio.

El escrito también señala que el presidente de la AAA supuestamente rechazó participar en una reunión solicitada por el Municipio para discutir las diferencias y tratar de resolverlas fuera del tribunal.

Ante esa negativa y la alegada falta de personal, Romero Lugo pidió que se celebre una vista para discutir la disponibilidad de las brigadas, la evaluación de las recomendaciones técnicas y otros asuntos pendientes sobre la ejecución del acuerdo.

“La intervención del Honorable Tribunal resulta necesaria y urgente porque las diferencias que han surgido entre las partes ya no se limitan a una controversia operacional aislada”, concluyó el Municipio.