El súper PAC Salvemos a Puerto Rico hizo campaña en contra de los oponentes de Pedro Pierluisi, primero de la novoprogresista Wanda Vázquez Garced y luego del popular Carlos Delgado Altieri.
El súper PAC Salvemos a Puerto Rico hizo campaña en contra de los oponentes de Pedro Pierluisi, primero de la novoprogresista Wanda Vázquez Garced y luego del popular Carlos Delgado Altieri. (Ramón “Tonito” Zayas)

Dos individuos que participaron del esquema para ocultar la procedencia del dinero utilizado para financiar la campaña de publicidad masiva en contra de los rivales principales del gobernador Pedro Pierluisi en el año electoral 2020, no serán procesados, por el momento, como conspiradores de fraude ni por posible coordinación ilegal entre ellos.

Así lo dejó entrever ayer, jueves, el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, al ser abordado por El Nuevo Día, en una conferencia de prensa en las oficinas de la fiscalía federal en Hato Rey.

“No podemos, bajo las reglas, hablar de la investigación de otras personas que quizás están mencionadas en la acusación formal, pero sin sus nombres. Pero, este caso tiene que ver con las declaraciones falsas que hizo (Joseph) Fuentes Fernández y el súper PAC”, se limitó a contestar.

Los súper PAC pueden recibir dinero ilimitado por parte de corporaciones, sindicatos, asociaciones e individuos, pero tienen la obligación de informar su procedencia.

Ayer, la corporación Salvemos a Puerto Rico y su presidente, Joseph “Joey” Fuentes Fernández, se declararon culpables por falsificar, ocultar o encubrir, mediante esquema, la identidad de los donantes, quienes aportaron $495,000 en la campaña electoral de Puerto Rico en 2020.

La denuncia criminal contra el súper PAC y Fuentes Fernández dice explícitamente que hubo comunicaciones con otros dos individuos, quienes “discutieron (entre sí) aspectos de su esquema para evadir informar la fuente verdadera de los donativos”. Esta acción va en violación de leyes electorales y criminales creadas para proveer mayor transparencia sobre la influencia del dinero en la política electoral.

Las comunicaciones interceptadas por los federales se dieron mediante mensajes de texto y correos electrónicos, que Fuentes Fernández intercambió directamente con un “asociado” del gobernador Pierluisi e “importante recaudador de fondos para su campaña electoral de 2020″ [Individuo-1], así como con el secretario de las organizaciones sin fines de lucro, Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad [Individuo-2], según la información en las cuentas bancarias.

El Individuo-2 fue responsable de transferir hasta $495,000 en fondos de las entidades fantasmas a Salvemos a Puerto Rico entre el 25 de junio al 16 de noviembre de 2020. Esta persona es descrita como el secretario de Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad, de acuerdo a la información en las cuentas bancarias comerciales.

Este diario contactó al abogado Álvaro Pilar Vilagrán, exdirector de la Autoridad de Puertos, quien posteriormente apareció como incorporador de ambas entidades en los registros públicos. Pilar Vilagrán alegó que su participación fue de mero “portavoz” de estas entidades, a petición del mismo Fuentes Fernández y dijo desconocer quién era el secretario o firmante autorizado en las cuentas bancarias.

Mientras, un tercer individuo es mencionado en la acusación, puesto a que fue orientado por el secretario corporativo sobre cómo podía donar sin que su nombre apareciera públicamente. “El 23 de octubre de 2020 o alrededor de esa fecha, el Individuo-2 explicó que un cheque que el Individuo-3 estaba entregando a la Organización-2 iría ‘a la fundación, y es la fundación quien, en el momento adecuado, hará la donación’”, lee la acusación.

A pesar de la prueba recopilada por la fiscalía federal, Muldrow descartó hablar de delitos cometidos por estas otras personas involucradas en el esquema. “No hemos acusado de conspiración en este caso. Es el hecho de que Fuentes Fernández sometió declaraciones falsas a la FEC... Ese es el delito”, afirmó al añadir que la obligación legal recaía sobre él.

Ayer, Fuentes Fernández subió su mano derecha y juró decir la verdad ante el juez federal Joseph Laplante. A preguntas del juez sobre si estaba seguro de que quería renunciar a su derecho a juicio, el acusado contestó: “El gobierno tiene base justa (para este caso). Fue un error enorme de mi parte. Me siento terriblemente mal sobre esto y solo quiero poner esto detrás de mí”.

Salvemos a Puerto Rico también se declaró culpable como persona jurídica, por lo cual se expone a una multa de $150,000 y a probatoria por tres años.

“Hubo dos beneficios principales (del esquema criminal). Había un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes podían ser beneficiados al permanecer anónimos y, al mismo tiempo, el funcionario público no podía ser ligado a esos anuncios. Beneficiaba tanto a los donantes como al recipiente o la tercera parte, que es el funcionario público”, explicó Jonathan Jacobson, el fiscal de la sección de Integridad Pública.

Fuentes Fernández, de 62 años y contador público con licencia para ejercer en Virginia y Puerto Rico, puede ser sentenciado hasta cinco años de prisión. Conforme a las guías de sentencia, el gobierno federal notificó que recomendará dos años de prisión. José Aguayo, el abogado de defensa, buscará que sea menos tiempo, dice el acuerdo de culpabilidad.

La FEC se creó en 1975, “luego de informes de abusos financieros graves en la campaña presidencial (de Estados Unidos) de 1972″, en la que Richard Nixon buscaba la relección.

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El periodista Carlos Tolentino Rosario colaboró en esta historia.

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