El perdón presidencial en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otras dos convictos no ha detenido los procesos en el Tribunal Federal en San Juan.

La jueza Silvia Carreño Coll denegó ayer, sábado, la solicitud de la defensa de Vázquez Garced para que elimine la recomendación de sentencia de un año de cárcel que había radicado la Fiscalía federal.

La decisión surgió un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el perdón firmado por el presidente Donald Trump para Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini, en relación a las “ofensas enumeradas individualmente” en la acusación original radicada en el 2022.

Tras largas negociaciones para llegar a acuerdos, los tres hicieron alegación de culpa por delitos menos grave de violación a la ley electoral en tres casos nuevos radicados por separado en junio del pasado año 2025.

Las vistas de sentencia para los tres convictos siguen en pie para el próximo 29 de enero, en el Tribunal Federal de Hato Rey.

El Ministerio Público solicitó un año de cárcel para Vázquez Garced, pero los abogados pidieron que ese memorando se eliminara alegando que había violado el acuerdo. Denunciaron que, tras un acuerdo Vázquez Garced, aceptó declararse culpable por una violación menos grave por aceptar una aportación de un extranjero para su campaña política, por lo que no se deben considerar las alegaciones de la acusación original sobre soborno y fraude.

Tras evaluar la posición de las partes, la jueza destacó un precedente judicial que establece que, “a la hora de determinar la mejor manera de formular una sentencia penal, ‘la autoridad sentenciadora siempre ha tenido la libertad de considerar una amplia gama de material relevante’”.

En el expediente del caso, Carreño Coll señaló que la recomendación de la Fiscalía federal “es solo uno de los elementos que el Tribunal considerará al dictar sentencia”.

Agregó que, “ademas, el Tribunal coincide en que la información proporcionada por el Ministerio Público en su memorando de sentencia, sobre el predicamento fáctico” de la acusación original, “tiene el objetivo de contextualizar la conducta imputada en el presente caso y por el que Vázquez Garced se declaró culpable”.

“A tal efecto, el Tribunal entiende que (la Fiscalía) no se ha incumplido con el acuerdo de culpabilidad que figura en el expediente y que no es necesario eliminar del expediente el memorando de sentencia del Ministerio Público”, resolvió la jueza.

Mientras, los procesos también continuaron en el caso contra Velutini, quien había vuelto a solicitar que se pospusiera la vista de sentencia.

Pero Carreño Coll destacó que esta es la tercera vez que el banquero solicitaba atrasar su vista de condena. Señaló que, en esta ocasión, la petición es para completar “la resolución informal” de objeción ante el Informe Presentencia de la Oficina de Probatoria, por contener alusiones a las alegaciones del pliego acusatorio original.

No obstante, la jueza señaló que “las circunstancias han cambiado desde entonces” porque el viernes pasado la Oficina de Probatoria presentó un informe enmendado atendiendo las objeciones

“Por lo tanto, solo queda que Herrera Velutini presente sus objeciones formales y presente su memorando de sentencia. Ante esta situación, el Tribunal entiende que, para la fecha de la sentencia, Herrera Velutini, junto con sus cuatro abogados, habrá tenido tiempo suficiente para revisar los materiales necesarios para prepararse adecuadamente para su audiencia de sentencia en este caso”, apuntó la jueza, en el expediente del caso.

En el caso de Rossini, la Oficina de Probatoria también radicó un informe enmendado. Según una moción de los abogados de Rossini, el oficial probatorio les indicó que incorporó algunas correcciones “limitadas”, mientras que explicó sus razones para declinar la adopción de otras objeciones de la defensa.

“Ahora se requiere la intervención de la corte”, planteó la defensa de Rossini, que no solicitó posposición de la audiencia.

Alegó que el informe, “tal como está redactado actualmente, superpone especulaciones a rumores, importa relatos no adoptados de otros acusados ​​y transforma un caso de delito menor en algo que no es: un referéndum para todo propósito sobre acontecimientos políticos más amplios”.