José Ferrer Sosa y Marcia Vázquez Rijos, dos convictos federales por el asesinato del empresario canadiense Adam Anhang, ocurrido en el Viejo San Juan en 2005, acudieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos para solicitar la revisión de su caso, alegando errores cometidos tanto por el Tribunal Federal en San Juan como por el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

Entre los distintos planteamientos que presentaron, ambos coincidieron en alegar que resultaron perjudicados por unas expresiones del entonces juez de distrito, Daniel Domínguez, ante el jurado, con relación a la salud mental del testigo estrella Alex Pabón Colón, alias “El Loco”, durante el juicio en 2018.

Pabón Colón declaró haber asesinado a Anhang con un cuchillo tras haber sido contratado por la esposa del canadiense, Áurea Vázquez Rijos, en conspiración con Marcia Vázquez Rijos y Ferrer Sosa.

Según la acusación, el móvil del crimen fue aprovechamiento económico de Anhang a través de una herencia, pues el canadiense había iniciado los trámites de divorcio de Vázquez Rijos. Un jurado los encontró culpables “por asesinato por encargo”, y fueron sentenciados a cadenas perpetuas, mientras que Pabón Colón fue condenado a 19 años de prisión.

En sus peticiones ante el Supremo federal, los abogados argumentaron que sus clientes se vieron perjudicados durante el juicio cuando Domínguez aceptó una petición de la Fiscalía federal para expresar frente al jurado que, al momento de declararse culpable en el 2008, Pabón Colón fue encontrado “competente” por el tribunal, mientras que posteriormente recibió un diagnóstico de una condición de salud mental.

Los abogados destacaron que, posteriormente, el juez repitió esa expresión al momento de leer las instrucciones al jurado antes de retirarse a deliberar.

“Al instruir al jurado dos veces sobre la competencia de Alex el Loco, el tribunal de distrito inclinó la balanza en contra de José y causó importantes desigualdades. Reforzar el testimonio insuficiente del único testigo de la conspiración no fue inocuo y resultó en un grave perjuicio para José”, sostuvo el escrito del licenciado José Olmo Rodríguez.

Agregó que “estas dos instrucciones contradecían directamente la teoría de la defensa de José”, sobre que “Alex ‘El Loco’ estaba loco y estaba inventando una historia sobre la conspiración”.

“Al dar estas dos instrucciones, la tesis de defensa de José quedó invalidada. Es muy probable que el resultado del proceso hubiera sido diferente si el Tribunal de Distrito no hubiera confirmado el testimonio insuficiente de Alex ‘El Loco’ y menoscabado gravemente la única tesis de defensa”, apuntó.

Por su parte, el licenciado Carlos Sánchez, abogado de Marcia Vázquez Rijos, alegó que, antes del juicio, la Fiscalía federal “intencionalmente” le escondió a la defensa información sobre la salud mental de Pabón Colón, que le hubiera servido para impugnar su testimonio.

Señaló que esa evidencia informaba que Pabón Colón fue “diagnosticado con esquizofrenia, del tipo delirante” en la prisión federal, “en noviembre de 2008, después de la alegación de culpabilidad de Pabón”.

“Para empeorar las cosas, el Ministerio Público también le ocultó a Marcia el hecho de que, justo antes del juicio, Pabón les dijo a los fiscales que planeaba romper su acuerdo de cooperación y no testificaría”, añadió.

El abogado apuntó que, durante el juicio, el testigo “cambió materialmente su historia”, pues “inicialmente, ante el gran jurado, Pabón ubicó a Marcia solamente en una reunión donde discutieron ‘una paliza’ (para Anhang)”, mientras que en el juicio “alegó que ella también estaba presente en la reunión clave donde se planificó el asesinato de Anhang”.

Asimismo, indicó que su representada fue convicta “basado grandemente en el testimonio no corroborado y cambiante de un solo testigo, Pabón, el cooperador del Ministerio Público”, sin “material de impugnación que hubiera destruido la credibilidad del testigo clave”.

También argumentó que, si “Pabón era creíble o no, era una cuestión que debía resolver el jurado, lo que necesariamente incluía si era competente”.

Los abogados destacaron la opinión parcialmente disidente emitida, en el 2024, por el juez apelativo Kermit V. Lipez, quien consideró que la expresión del juez sobre la competencia del testigo fue un error, por lo que entiende que las condenas de Ferrer Sosa y Marcia Vázquez Rijos deben ser anuladas.

“Esa intervención del tribunal creó el riesgo inaceptable de que los jurados entendieran que la notificación judicial de la determinación de competencia reflejaba la opinión del juez de primera instancia de que la enfermedad mental de Pabón no lo hacía indigno de confianza, independientemente de la percepción del jurado sobre su desempeño en el estrado de los testigos”, indica la opinión de Lipez.

Entre otros argumentos para revisar el caso, el abogado de Ferrer Sosa presentó planteamientos de que su sentencia es “ilegal”.

De su lado, el abogado de Marcia Vázquez Rijos alegó que su clienta se vio perjudicada por la interpretación legal del Tribunal de Distrito de que la conspiración de “asesinato por encargo” puede extenderse hasta después de la muerte de la víctima.

Cuatro años después de las sentencias dictadas en el 2019, el caso fue argumentado ante un panel de jueces de Boston, que mantuvo las mismas. Peticiones posteriores para volver a atender el caso por el Primer Circuito fueron denegadas en el 2025.

La opinión del panel de jueces apelativo encontró que el caso contaba con suficiente evidencia incriminatoria para mantener las sentencias.

Con relación al asunto de la expresión del juez, el panel señaló que “competencia y credibilidad son conceptos diferentes”, resaltando que la defensa no pidió al tribunal que detallara al jurado la diferencia entre ambos.

También apuntó que el jurado sí escuchó sobre la condición de salud mental del testigo estrella, a preguntas de la abogada de Áurea Vázquez Rijos, durante un extenso contrainterrogatorio.

Además, señaló que, “al dar contexto al jurado sobre la aceptación de la alegación de culpa (como demostró la defensa) pese a que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico en aquel momento, el juez limitó cuidadosamente la notificación a la alegación de culpa de Pabón en el 2008”.

“El juez no mencionó nada sobre la credibilidad del juicio de Pabón en 2018; la frase ‘credibilidad del juicio en 2018’ (o alguna similar) no aparece en ningún lugar”, apuntó el panel apelativo. “Por lo tanto, la credibilidad de Pabón en el juicio sigue siendo un hecho en disputa” para que el jurado resolviera.

De igual manera, la opinión resaltó que, antes de la deliberación final, Domínguez instruyó que “los jurados (y solo ellos) seguían siendo los evaluadores de la credibilidad de los testigos y, por lo tanto, no ‘tenían que aceptar el testimonio de ningún testigo’ que consideraran ‘no creíble’”.

“Por lo tanto, en este expediente, no podemos decir que la notificación judicial del juez (sobre la competencia de Pabón) represente un abuso de discreción”, afirmó.