La iniciativa busca reducir los conflictos en las comunidades, empoderando a las personas con el conocimiento necesario para resolver pacíficamente disputas personales o comunales
La iniciativa busca reducir los conflictos en las comunidades, empoderando a las personas con el conocimiento necesario para resolver pacíficamente disputas personales o comunales
19 de septiembre de 2024 - 3:39 PM
La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez, anunció el jueves la implementación del Servicio de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales de Puerto Rico (SFJ), un proyecto que busca capacitar a lideresas y líderes, seleccionados por sus comunidades, para ofrecer información sobre los tribunales y sus servicios, participar en la resolución de conflictos interpersonales y comunitarios de baja intensidad y orientar sobre los derechos de las personas.
Oronoz Rodríguez indicó, en declaraciones escritas, que la iniciativa surgió del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad con la que colaboraron durante un año para conceptualizar el proyexto.
“Esta iniciativa tiene el propósito de encausar un servicio voluntario en el que el liderato comunitario en Puerto Rico sirva como enlace entre el tribunal y su comunidad”, expresó la jueza presidenta.
“Con el apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos, proyectamos fomentar y lograr cambios significativos en la manera en que el Poder Judicial y las comunidades colaboran para intentar proveer soluciones prácticas, ágiles y sostenibles a los problemas cotidianos que aquejan a nuestra sociedad”, agregó.
De acuerdo con Oronoz Rodríguez, el proyecto pretende guiar a las personas a través de la orientación y el desarrollo de una cultura de solución pacífica de conflictos mediante vías legítimas de inclusión, participación y diálogo en su comunidad.
La jueza presidenta indicó, además, que la iniciativa busca reducir los conflictos en las comunidades, empoderando a las personas con el conocimiento necesario para resolver disputas personales o comunales pacíficamente y sin la intervención de un tribunal.
“Su objetivo es promover el acceso a la justicia de las personas económicamente desventajadas y de los grupos más vulnerables”, concluyó.
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