En cumplimiento con el plazo concedido de 48 horas, la Policía entregó este jueves para revisión del Tribunal de Carolina la opinión legal que sustenta la permanencia de las escoltas de la exgobernadora Wanda Vázquez, pero invocó el “privilegio abogado-cliente” para solicitar que el documento no sea divulgado.

En una moción de tres páginas, el Estado, en representación de la Policía, informó que entregó en la Secretaría del Tribunal de Carolina un sobre sellado con los documentos que componen la opinión legal que solicitó el representante Ramón Torres Cruz, quien entabló una demanda para acceder a la información.

Sin embargo, el documento establece que el informe es “para la exclusiva inspección en cámara” de la jueza Gloria María De Jesús Machargo, que tiene ante su consideración la adjudicación de este caso. Como prueba de la entrega, se incluyó como anejo II una copia de la portada del sobre, según sellada en la Secretaría.

“El Estado reitera y sostiene que la opinión legal en controversia constituye una comunicación confidencial y privilegiada por disposición de ley. Específicamente, le cobija el privilegio abogado-cliente, así como el privilegio para el producto de trabajo del abogado o work product privilege y el de información oficial que utilizan los funcionarios públicos durante los procesos deliberativos relacionados con el desarrollo de política pública", dice el documento en poder de El Nuevo Día.

Según el Estado, se trata del resultado de la gestión profesional de los abogados de la Policía en el descargo de su responsabilidad de proveer asesoramiento legal al superintendente de la Uniformada, Joseph González.

“Conforme con los argumentos expuestos, la Policía de Puerto Rico no renuncia a los privilegios evidenciarios antes mencionados y sostiene que no procede la producción de la opinión legal a la parte recurrente. Lo anterior, dado que el “informe” solicitado no es objeto de ser divulgado, pues no constituye información pública; es un documento confidencial y está protegido por nuestro marco jurídico", agrega la moción.

Por tanto, el gobierno solicitó al Tribunal que avale la posición del Estado y no permita la divulgación del informe, pues “su único propósito fue brindarle consejo legal a este para la toma de decisión relacionada con la determinación de asignación de agentes para la seguridad y escolta de la señora Wanda Vázquez”.

Respecto a la información solicitada sobre los peajes, el Estado estableció que la Policía entregó al representante un informe de mantenimiento de flota con relación a los vehículos asignados a exgobernadores durante los años 2024 y 2025.

“Como parte de dicho informe se indica que “(n)o se reflejan los gastos de peaje, ya que la Policía utiliza una cuenta ‘Non-revenue’ la cual no genera gastos por paso de peajes”. En ese sentido, se incluye como anejo I, copia del correo electrónico del que surge el envío realizado el 18 de diciembre de 2025, dirigido al recurrente Ramón Torres Cruz", precisó el Estado.

Finalmente, el gobierno recordó que la Policía había provisto el gasto de combustible de cada vehículo en la prestación del servicio de seguridad y protección a los exgobernadores, incluida Vázquez.

La moción fue presentada por la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres; la secretaria Auxiliar de lo Civil, Tania L. Fernández Medero; el subsecretario Auxiliar de lo Civil, Samuel Wiscovitch Corali; Lorna M. Rivera Franco, directora de la División de Recursos Extraordinarios, Política Pública y Ambiental; y Sanery del Mar Santos Sánchez, también de la agencia.

La controversia por las escoltas de la exgobernadora surgió luego de que esta se declarara culpable en el Tribunal federal en un caso de delito menos grave por violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés), por, presuntamente, aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para una campaña política.

En una conferencia de prensa en septiembre, el superintendente de la Policía indicó que no podía retirarle las escoltas a la exmandataria. “La legislación actual no establece la perdida de dicho derecho por convicción en foro federal y estatal”, dijo.

El oficial afirmó en ese momento que, “según el marco jurídico vigente, la escolta de los gobernadores son derechos adquiridos”, validado por una decisión del Tribunal Supremo, tras un pleito de los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló.

“La única manera de retirar este beneficio sería mediante la aprobación de una ley expresa que así lo disponga, aplicable únicamente de forma prospectiva”, añadió el también exjefe de la Oficina de San Juan del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).