Tras un acuerdo entre las partes, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) fue removido de la demanda federal que impugna un proyecto de restauración que cerró parte del Paseo del Morro, donde ubican tres comederos para los gatos habitantes, por hasta 18 meses.

En su determinación, la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly dio a las organizaciones Save a Gato y Alley Cat Allies 14 días laborables para que radiquen una demanda enmendada en la que remuevan al USACE.

La decisión se dio después de que los demandados del gobierno federal expresaran que el rol del USACE se limita a administrar el contrato del llamado “Proyecto Cliff”, a nombre del Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés). Es decir, que no se le pueden atribuir los alegados daños que reclaman los demandantes.

“A la luz de las alegaciones presentadas en la moción de desestimación parcial de los demandados federales (…) entre las que se incluye que el USACE y el coronel Brandon L. Bowman no emitieron ninguna decisión para cerrar el Paseo o restringir el acceso de los demandantes al Paseo, los demandantes y los demandados federales estipulan y acuerdan por la presente la desestimación voluntaria de las reclamaciones de los demandantes contra el demandado USACE y el coronel Brandon L. Bowman”, lee parte de la estipulación conjunta.

Según los documentos presentados por los demandados, el NPS es responsable del cierre del tramo de la vereda que bordea el Castillo San Felipe del Morro y de la impugnada declaración de exclusión categórica, en la que se alegan violaciones a la Ley federal Nacional de Política Ambiental (NEPA, en inglés).

El “Proyecto Cliff” busca reforzar el acantilado que sostiene las fortificaciones del Sitio Histórico de San Juan. En el área cerrada, se ubican tres de las seis estaciones de comida que Save a Gato mantiene en la zona.

En diciembre de 2025, Save a Gato y Alley Cat Allies presentaron su demanda en la que alegan que el proyecto de conservación también viola la Ley Orgánica del NPS y la Ley federal de Procedimiento Administrativo.

Igualmente, el recurso alega violaciones al plan de remoción de los gatos que el NPS acogió en 2023, pues establece que los comederos se removerían a medida que se capturaran los felinos que circundan cada estación. Esto se haría en un período de seis meses por una organización de bienestar animal. No obstante, al no recibir cartas de interés de ninguna entidad, la agencia federal ejecutará el plan mediante la contratación de una agencia de remoción.

El recurso alerta que el cierre parcial pondría “en peligro la vida y el bienestar de los gatos comunitarios, causándoles daños directos, sufrimiento y una amenaza inmediata para su supervivencia; consecuencias mucho peores que las que plantea el plan (de remoción) del 2023, que ya de por sí contó con una oposición abrumadora de la ciudadanía”.

Como parte de la demanda, la jueza Kollar-Kotelly rechazó una moción de interdicto preliminar para permitir el acceso limitado de los demandantes para alimentar a los felinos del área afectada.