El exboxeador convicto Félix Verdejo acudió al Tribunal Supremo de Estados Unidos para buscar la desestimación del caso en su contra por el asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz.

Así lo reveló la semana pasada el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, que ha fallado en contra de Verdejo en varias ocasiones este año.

El expediente del caso reflejó que, en junio pasado, Verdejo radicó una petición por su cuenta insistiendo en el argumento de que el foro federal no tenía jurisdicción para el caso y que el juicio debió celebrarse un tribunal estatal.

Verdejo alegó que su derecho constitucional al “debido proceso fue violado”, debido a que su procesamiento se llevó a cabo en el Tribunal Federal en San Juan.

Por su parte, el procurador general, John Sauer, radicó ayer, lunes, un documento para informar al Supremo federal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos “renuncia a su derecho de presentar una respuesta a la petición en este caso, a menos que el tribunal lo solicite”.

Verdejo fue declarado culpable por un jurado, el 28 de julio de 2023, por cargos relacionados al feminicidio de Rodríguez Ortiz y por la muerte de su bebé por nacer, en abril de 2021. Luego fue sentenciado a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas.

Verdejo permanece en la penitenciaría del Complejo Correccional Pollock, ubicado en Grant, Louisiana, según los registros del Negociado federal de Prisiones (BoP).

En el documento sometido ante el máximo foro judicial estadounidense en verano pasado, Verdejo indicó que “una vez supo que este caso tenía una falta de jurisdicción”, le pidió a su representante legal que lo reclamara en Boston, pero “se rehusó a hacerlo”, lo que consideró una violación a su derecho a una “representación efectiva del abogado para la defensa”.

La moción no detalló cómo Verdejo “supo” que el caso adolecía de jurisdicción federal.

Ante la negativa de su abogado, Verdejo radicó las mociones por su cuenta a principios de este año, pero fueron desestimadas por el Apelativo de Boston al plantear que debieron ser sometidas por su abogado, quien estaba en proceso de presentar una apelación por otros planteamientos, incluyendo presuntos errores durante el juicio.

Según Verdejo, su abogado nuevamente “se rehusó a hacerlo, afirmando” que “el gobierno federal puede tomar jurisdicción en todos los crímenes locales basados en la decisión del Supremo” en el caso de “Sánchez Valle”, en el que determinó que el poder de las autoridades en la isla para procesar a una persona emanan del Congreso, al igual que el foro federal.

Precisamente, por el precedente del caso Sánchez Valle fue que el entonces secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, decidió no presentar cargos estatales contra Verdejo.

“Basado en el caso de Sánchez Valle y luego de la ponderación de consideraciones prácticas en la presentación de evidencia, tomamos la determinación de que los cargos contra Félix Verdejo Sánchez y (el cómplice confeso) Luis Antonio Cádiz Martínez sean procesados por el foro federal", dijo Emanuelli a El Nuevo Día.

No obstante, Verdejo indicó en su petición de certiorari que “rechazó ese argumento por el hecho de que” el caso Sánchez Valle ”fue decidido” por el Supremo federal “para (un asunto de) doble exposición (double jeopardy) y no por falta de jurisdicción”.

En marzo, Verdejo solicitó la remoción de su abogado e insistió en la desestimación con el mismo planteamiento, solicitando que el Apelativo “invocara los poderes de supervisión” de ese tribunal, pero Boston lo denegó, mientras que el abogado solicitó salir del caso por “diferencias irreconciliables”.

El Apelativo en Boston no ha resuelto aún la apelación en sus méritos, pues sustituyó el abogado, pero Verdejo invocó la regla de intervención del Supremo federal por entender que “este caso es de gran importancia imperativa para el público”.

Tras destacar que se trata de una “persona bien conocida que ha representado a Puerto Rico en el mundo del boxeo”, Verdejo sostuvo que “cada procedimiento en este caso se publicó en los medios”.

Añadió que desde el momento en que retó la jurisdicción del caso, “el público está bien interesado en saber” si “ha sido correctamente juzgado” y si “ha habido un robo de la jurisdicción de Puerto Rico que podría constituir una indiferencia a la Constitución de Puerto Rico y su gente”.

El documento cita varios casos que Verdejo asegura sostienen su argumento de que el caso debió ser procesado en un tribunal estatal.

Señaló que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico “debe ser considerado un Estado soberano, por lo que la ley federal, en este caso, es inaplicable, siendo la ley de Puerto Rico la única en aplicarse”.

Mantuvo que la Fiscalía federal “falló en probar que los cargos en su contra violaban la ley federal porque nunca encontraron una conexión con el comercio interestatal o extranjero”.

Añadió que el crimen “tampoco ocurrió en una jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos”.

Asimismo, Verdejo explicó que radicó el recurso por su cuenta ante los tribunales porque “ninguno de sus abogados quiere retar la falta de jurisdicción, que es el primer asunto que todas las cortes deben hacer”.

Por la misma razón, Verdejo fue más lejos aún al denunciar una supuesta “mala fe y mala conducta” de la Fiscalía federal, por procesarlo sin contar con la jurisdicción requerida.

Entre las preguntas que presentó ante el Supremo federal, Verdejo cuestionó si el gobierno federal “puede hacer que un carjacking local (sea) un crimen federal por el hecho de que fue fabricado en otro estado o país extranjero”.

También preguntó si “el gobierno federal puede convertir un secuestro local en un crimen federal sin probar que haya afectado el comercio interestatal o comercio extranjero”.

“Respetuosamente, el peticionario solicita a este tribunal que investigue la situación que está subvirtiendo el orden constitucional”, reclamó Verdejo.

“Este tribunal es el único que puede corregir lo que ningún otro tribunal ha podido hacer. Tanto los abogados defensores como los fiscales federales han ocultado tales defectos jurisdiccionales al acusado durante muchos años en su proceso judicial”, afirmó.

En abril, aunque Justicia federal no presentó una contestación al momento, en Boston, sí defendió la validez de la jurisdicción del caso.

“Los argumentos de Verdejo carecen de fundamento”, afirmó una moción del fiscal federal Ricardo Imbert ante el Primer Circuito.

Recalcó, además, que “los tribunales federales tienen jurisdicción para juzgar una acusación penal siempre que la acusación alegue un delito conforme a las leyes penales de Estados Unidos”.

“La acusación enmendada, que reproduce el lenguaje de los delitos imputados y expone los hechos relevantes, cumple plenamente con ese estándar”, acotó.