Marielis Falcón Nieves, acusada en el caso por corrupción que involucra al exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Hernández se declaró culpable en el Tribunal Federal en Hato Rey.

La admisión de culpabilidad, que formó parte de un acuerdo con la Fiscalía federal, se hizo pública este miércoles, día en que estaba pautada la vista para alegación de culpa ante el juez federal Pedro Delgado.

Según el documento de 11 páginas, cuya copia obtuvo El Nuevo Día, Falcón Nieves se declaró culpable de un cargo por ocultar deliberadamente información relacionada al esquema fraudulento.

“Desde aproximadamente el año 2012 hasta aproximadamente el año 2013, en el Distrito de Puerto Rico, Marielis Falcón Nieves, la acusada, teniendo conocimiento de la comisión real de un delito grave contemplado por un tribunal de los Estados Unidos, a saber, extorsión mediante temor a un perjuicio económico, ocultó dicho delito al facilitar comunicaciones entre la víctima y un empleado de la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados), y no lo dio a conocer lo antes posible a un juez u otra autoridad civil o militar de los Estados Unidos”, dice el acuerdo de culpabilidad en poder de este medio.

De acuerdo al documento, la pena máxima establecida por ley para el delito imputado en el Cargo Uno es un término de prisión no mayor de tres años, una multa que no exceda los $250,000 y un período de libertad supervisada no mayor de un año.

“La acusada acuerda pagar una cuota monetaria especial de $100 por cada cargo de condena. La SMA (cuota monetaria) será depositada en el Fondo para Víctimas del Crimen”, dice el acuerdo donde, además, se revela que las partes acordaron recomendar al tribunal una restitución de $5,000.

El documento dispone que, con respecto al cargo uno y tras la debida consideración de los factores pertinentes, las partes acordaron recomendar conjuntamente una sentencia de un año de libertad condicional.

“Las partes acuerdan que cualquier recomendación por parte de cualquiera de las partes para un término de prisión inferior o superior a la recomendación estipulada de sentencia constituirá una violación sustancial del Acuerdo de Declaración de Culpabilidad”, dice el documento.

Como parte del acuerdo, Falcón Nieves aceptó “de manera consciente y voluntaria, que si el tribunal impone una sentencia de un año de libertad condicional o menos, renuncia al derecho de apelar cualquier aspecto de la sentencia y del fallo del caso”.

“Entre 2012 y 2013, la acusada, teniendo conocimiento de la comisión de un delito federal —específicamente, extorsión bajo apariencia de derecho oficial, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1951(a)—, deliberadamente lo ocultó y no lo informó tan pronto como fue posible a algún juez u otra persona con autoridad civil o militar bajo la jurisdicción de los Estados Unidos", detalla el acuerdo.

El documento establece que Falcón Nieves aceptó que, durante el mencionado período, utilizó su cercanía tanto con la AAA como con un contratista que hacía negocios con la mencionada corporación pública.

“Aunque no ocupaba un cargo público ni aprobaba pagos, facilitó y se benefició del esquema, en el cual se recibía dinero del contratista bajo la amenaza implícita de que, si no pagaba, sus pagos serían demorados o denegados", detalla el documento.

“La evidencia demostraría que la acusada sabía que su conducta y la de otros constituía un delito federal. En lugar de denunciar el esquema a las autoridades o desvincularse, tomó medidas activas para encubrirlo. Estas acciones incluyen: actuar como intermediaria entre la AAA y el contratista; hacer llamadas telefónicas insinuando que podía influir en el proceso de pagos de la AAA; aceptar pagos del contratista para “ayudar”; y no divulgar esta información a las autoridades federales", detalla el acuerdo.

Según el documento judicial, si este caso hubiera ido a juicio, la Fiscalía federal habría presentado “pruebas contundentes, incluyendo testimonio de testigos, evidencia física y documental, que habrían demostrado más allá de toda duda razonable la culpabilidad de la acusada“.

De otro lado, el juez emitió una orden acogiendo una moción para posponer el juicio en el caso de Ivonne M. Falcón Nieves, hermana de Marielis.

Por tanto, el juicio por jurado se reprogramó para el período del 9 de febrero de 2026 al 6 de marzo de 2026, a las 9:00 a.m., en la sala 3 del Tribunal federal en Hato Rey, detalló el juez en la mencionada orden.

La decisión del juez surgió luego de que el licenciado Francisco Rebollo Casalduc radicara una moción, de cinco páginas, para posponer el juicio, que estaba programado inicialmente para el 2 de junio.

“El caso arriba mencionado presenta una circunstancia rara y poco común: la cobertura de prensa ha sido tan extensa que ha persistido —aunque en distintos grados— durante años desde la presentación de la acusación, e incluso continúa hasta el día de hoy, una década completa después. El abogado abajo firmante no puede señalar un caso reciente en este distrito que haya seguido generando publicidad durante tanto tiempo como este", dijo Rebollo Casalduc.

Según el abogado, a lo largo del proceso judicial, ambos casos han sido referidos conjunta e indistintamente como el caso de “las hermanas Falcón”, a pesar de que las circunstancias subyacentes de cada uno son distintas.

“Ambas apelaron sus casos juntas y el Primer Circuito devolvió los dos casos para nuevos juicios separados, aunque por razones diferentes. Son las únicas dos coacusadas que permanecen en el caso", dijo el licenciado.

Aseguró que la situación que ahora amenaza el derecho de Ivonne a un juicio justo es el hecho de que su hermana, en pleno ejercicio de su derecho, ha solicitado una audiencia para cambiar su declaración, admitiendo culpabilidad días antes del juicio programado.

“Este escenario presenta un riesgo claro y presente de que los jurados seleccionados tan cerca de la declaración de culpabilidad de Marielis Falcón puedan asumir que Ivonne Falcón también es culpable por asociación, a pesar de que sus casos son totalmente distintos —razón por la cual el Primer Circuito ordenó que sus juicios fueran separados", puntualizó.

De acuerdo a los archivos de El Nuevo Día, la acusación en este caso alegó un presunto esquema de venta de influencias que supuestamente creó Hernández para obtener contratos en la Cámara de Representantes, la AAA y en la Administración de Derecho Laboral (ADL), en una conspiración en la que habrían participado las hermanas Falcón Nieves, según los cargos.

Durante la cobertura del juicio, la Fiscalía federal vinculó los depósitos en efectivo en las cuentas de las hermanas Falcón Nieves con los pagos que un contratista alegó haber hecho por extorsión como parte del esquema creado por Hernández.

La Fiscalía federal convenció al jurado que Marielis Falcón Nieves sacó ventaja de la posición de su hermana en la AAA. Según el testimonio del excontratista de la AAA, las hermanas Falcón Nieves le procesaron facturas pendientes a cambio de un 10% del monto.