El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregarle a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico el requerimiento o “subpoena” administrativo recibido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para compartir los datos de más de 6,000 inmigrantes con licencia provisional en la isla.

La ACLU de Puerto Rico demandó al DTOP, el pasado 1 de octubre, exigiendo que compartiera la petición federal y demás documentos relacionados con la entrega hecha en enero. La entidad recurrió a la corte por la presunta oposición de la agencia a entregar el “subpoena”, alegando que se trataba de un documento confidencial.

“El acceso a la información es primordial y fundamental para una democracia sana y el principio de máxima divulgación debe permear todo el quehacer gubernamental”, reaccionó este viernes Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, en comunicado de prensa.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo.

La vista argumentativa se celebró ayer, jueves, en la sala del juez superior Anthony Cuevas, a la que acudieron abogados de la ACLU de Puerto Rico y la representación legal del DTOP, a cargo del Departamento de Justicia.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, Cuevas ordenó –en corte abierta– que los documentos debían entregarse. El Poder Judicial confirmó la determinación del juez, y contestó que, tan pronto se someta la resolución por escrito, se compartirá con este diario.

“El pueblo tiene el derecho fundamental de saber bajo qué circunstancias y supuestos se entregó la información que puso a miles de vidas en riesgo y cómo ocurrió el traspaso de estos datos, incumpliendo con la intención legislativa en la Ley 97 de 2013, que exige confidencialidad sobre esos datos”, expresó, por su parte, Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

A principios de junio, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), adscrita a ICE, reveló que había requerido información de inmigrantes con licencias de conducir, al principio de la segunda administración de Donald Trump. “Estamos en constante comunicación con el DTOP para continuar el intercambio de información”, estableció, entonces, la directora de HSI San Juan, Rebecca González Ramos.

Luego, el DTOP confirmó la información arguyendo que su División Legal respondió a un “subpoena”. En febrero, González Montalvo ocultó que hubiera alguna petición, al responder que no tenían ningún acuerdo de colaboración con ICE, pero después transcendió que habían compartido los datos desde enero.

Tanto el DTOP como HSI San Juan aseguraron recientemente a El Nuevo Día que ese ha sido el único requerimiento a la agencia para las investigaciones relacionadas con inmigrantes sin estatus definido.

“La decisión, en este caso, es un reconocimiento de que el público tiene un derecho inalienable a saber, de manera abierta y cándida, cómo se toman las decisiones que nos afectan a todos y que pueden tener consecuencias como las que el país ya ha visto, de ejecución de arrestos de personas inmigrantes en violación a protecciones constitucionales”, aseveró Arraiza Navas.