El Tribunal Supremo mantuvo la validez de la legalidad del requisito de la administración de Jenniffer González de contar con una certificación de prensa del Departamento de Estado para cubrir conferencias de La Fortaleza, denegando así la solicitud del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que alega que dicha imposición constituye una violación al derecho constitucional a la libertad de prensa.