La turista que se declaró culpable por incendiar varios negocios en Cabo Rojo, Danielle Bertothy, fue sentenciada este lunes a cinco años de prisión.

Además, tendrá que cumplir tres años de libertad supervisada y 100 horas de servicio comunitario después de salir de la cárcel, que podría ser una institución penitenciaria cerca de Connecticut, donde vive su hermana.

Bertothy, de 37 años, también tendrá que pagar una restitución por los daños que causó el siniestro en el edificio del hotel “Luichy’s Restaurant and Guesthouse”, en el que había decenas de huéspedes durmiendo y que afortunadamente pudieron escapar a tiempo gracias a la alerta de vecinos. La cantidad final de esa restitución está por definirse.

La condena fue emitida por la jueza Gina Méndez Miró durante una audiencia en el Tribunal Federal del Viejo San Juan.

La residente de Misuri estuvo representada por los abogados Justin Gelfand y Jennie Espada Ocasio, mientras que por el Ministerio Público estuvo la fiscal Corinne Cordero Romo.

“Sus acciones colocaron muchas vidas en peligro y tuvo un costo tremendo para otros”, expuso la jueza antes de emitir la sentencia. “Los fuegos son impredecibles. Nadie puede controlar su curso. Fue bendecida de que nadie murió esa noche”.

Asimismo, explicó que “sentenciar no es castigar. Es balancear responsabilidad con justicia. Estoy bien al tanto de que este caso ha traído atención pública. Muchos quieren castigo más severo posible. Como decimos en Puerto Rico, ‘quieren que le encierre y bote la llave’”.

Luego, agregó que “no estamos en un coliseo romano. Mis responsabilidad es aplicar la ley, no satisfacer a la multitud. Tengo que impartir justicia, no venganza”.

Tras reconocer estar convencida por el arrepentimiento de la convicta, la jueza dijo que “el abuso de sustancias puede llevar a una persona a lugares oscuros. Estas no son excusas. Sabemos que sus acciones son inexcusables, pero ayudan a entender qué la trajo aquí”.

“Usted vivirá con el conocimiento de que sus acciones pusieron en peligro la vida de inocentes y que destruyeron el modo de vida de otras personas. Eso es una carga pesada. Es castigo por sí solo”, planteó.

“Así que la sentencia busca que pueda continuar con tratamiento y que a través de sus acciones pueda hacer algo positivo para la sociedad”, afirmó.

En la sala estuvo presente un familiar de Bertothy, quien se declaró culpable en julio pasado por “incendio de un edificio afectando el comercio interestatal”.

Antes de escuchar su sentencia, la mujer manifestó en la sala judicial que lamenta el “dolor que he causado por mis acciones”.

“Quiero pedirle perdón a las víctimas, la corte y familia por mis acciones”, dijo Bertothy, entre lágrimas. “Quisiera volver a atrás para tomar una mejor decisión ese día”.

“Me arrepiento de mis acciones. Tomo responsabilidad completa y estoy comprometida con mi rehabilitación”, agregó. “No hay excusa para mi comportamiento”.

Reconoció que no buscar ayuda para los supuestos problemas de salud mental que tenía resultó en que abusara de sustancias controladas, mientras que aseguró que desde que está en la cárcel ha mejorado a través de terapias, tratamientos, cursos y voluntariado.

“Quiero disculparme con mis seres queridos por la vergüenza que sufren por mí”, manifestó. “No soy la mujer aquí que ven en esos vídeos. Ni si quiera reconozco esa persona”.

Mientras, el dueño de Luichy’s Restaurant and Guesthouse, Ángel Luis Marrero Negrón, estuvo presente y leyó un emotivo mensaje por las angustias que ha atravesado desde el incidente.

“Lo que vivimos en estos meses pasados no ha sido fácil para poder asimilar esta gran pérdida económica y todas las emociones encontradas en el proceso”, expresó Marrero Negrón.

Manifestó también que quería preguntarle a Bertothy “¿qué pasó por su mente?, ¿Por qué ella actuó así, sin medir las funestas consecuencias de sus actos?“

“A principio yo tenía mucha tristeza en mi corazón por lo que ella nos ha causado y quería la pena máxima de 20 años, pero al pasar el tiempo, uno entiende el proceso y me allano al fallo de la juez”, apuntó.

“Puedo ver que ella está arrepentida y quiero comunicarle a ella que la perdono y que ya en mi corazón no hay rencor hacia ella”, agregó.

La alegación de culpabilidad de Bertothy había adelantado que las partes recomendaban la sentencia mínima de cinco años de prisión que permite el estatuto. La pena máxima era de 20 años de cárcel y una multa de hasta $250,000.

Mientras, el Ministerio público había recomendado la semana pasada que se fijara una restitución de la convicta por las pérdidas causadas a los negocios por $311,096.07 para el primer perjudicado; $3,333 para el segundo; $4,155 para el tercero; $2,179 para el cuarto; $5,838 para el quinto; y finalmente, unos $9,971.20 para el sexto.

Sin embargo, durante la vista de hoy, la fiscal Cordero Romo indicó que todavía estaba esperando que algunas víctimas contestaran la petición de entrega de recibos o alguna otra evidencia que pruebe las pérdidas, incluyendo huéspedes, algunos de los cuales viven en otros países.

Méndez Miró acogió la petición de la fiscal para un plazo del 90 días en el que pueda culminar la entrega de la documentación, mientras que la defensa podrá presentar alguna objeción, de tenerla.

De lo presentado hasta el momento, el abogado de la defensa adelantó que no tenía objeciones por casi todo lo analizado hasta el momento, aunque adelantó que considera la posibilidad de discutir parte de la restitución a una de las víctimas con las siglas AMN, las mismas del dueño del hotel. Gelfand planteó que, en otra jurisdicción federal, un juez de distrito entendió que se debía deducir del pago de la restitución.

A su salida del tribunal, Marrero Negrón dijo que sí recibió alrededor de $21,000 a través de la plataforma de GoFundMe.

No obstante, aseguró que “la cantidad que se está reclamando es sin incluir ningún tipo de donación”, por lo que los $311,000 que reclama “está documentado y excluye totalmente cualquier donación”.

Por su parte, fuera del tribunal, Espada Ocasio sostuvo que la defensa no tiene realmente una objeción sobre la restitución, sino que lo catalogó más bien como un proceso en curso de parte de Gelfand para corroborar los reclamos de pérdidas de parte de las víctimas.

“Todavía no hay número final”, mantuvo la abogada. “No hay una cantidad es disputa. Se están analizando unos recibos”.

“Lo que trajo el licenciado Gelfand es más bien un asunto de que ya había unas cantidades que por GoFundMe se habían recibido y se va tratar a evaluar si legalmente se puede solicitar que se deduzcan del monto final”, abundó.

Los hechos se remontan al 1 de enero de 2025, cuando la mujer actuó de “manera desordenada” en el Bar Marea, ubicado en el edificio del hotel, en el sector Combate, en Cabo Rojo, según resumió la fiscalía en su memorando de sentencia.

Acto seguido, el personal del bar llamó a la Policía Municipal para atenderla. Posteriormente, se le pidió a la mujer que abandonara el bar. Los oficiales municipales la escoltaron al Airbnb donde se estaba hospedando, ubicado cerca del negocio.

Más tarde esa noche, la mujer regresó al Bar Marea e inició una confrontación con el personal, quien le negó la entrada. Los mismos oficiales municipales regresaron y le pidieron nuevamente que retornara a su Airbnb.

El 2 de enero, aproximadamente a las 12:47 a.m., la Policía recibió una llamada sobre un incendio que afectó los negocios Marinera Restaurant, Bar Marea Combate, Artesanías Juavia y la hospedería Luichy’s Seaside Hotel, de acuerdo a las autoridades.

Durante la investigación, se identificó un video captado por cámaras de vigilancia que mostraba que el fuego comenzó frente al Bar Marea.

“Según imágenes del Restaurante Marinera, se observa a una mujer que coincide con la descripción de la que fue retirada del Bar Marea dos veces la noche del 1 de enero, portando un recipiente rojo, presuntamente lleno de gasolina, caminando desde su Airbnb hacia el Bar Marea en las primeras horas del 2 de enero, cuando el negocio estaba cerrado”, dijo la fiscalía.

Otra cámara de seguridad de un negocio cercano muestra a la misma mujer caminando desde la propiedad del Airbnb con el recipiente, pasando por el Restaurante Marinera y deteniéndose frente al Bar Marea, agregó el Ministerio Público.

Poco después, se observa que se inicia un incendio en el lugar donde ella estaba. Luego, se le ve regresando por el mismo camino con el recipiente hacia el Airbnb. El fuego se propagó a negocios vecinos: Artesanías Juavia, Restaurante Marinera y Hotel Luichy’s.

El Hotel Luichy’s operaba casi a plena capacidad con aproximadamente 37 huéspedes, incluidos tres niños.

Posteriormente, clientes y el personal de los negocios afectados fueron desalojados por individuos que notaron el fuego. Todos resultaron ilesos.

Investigadores descubrieron que la dueña del Airbnb donde se alojaba la acusada le había proporcionado un recipiente rojo con gasolina para usar en un generador eléctrico debido a un apagón previo al incendio.

La pesquisa descubrió que, en la mañana siguiente, Bertothy adelantó su vuelo de regreso a Misuri. Cámaras de seguridad la captaron en negocios de comida. Posteriormente, agentes federales allanaron su residencia, donde encontraron la maleta con la etiqueta del vuelo comercial que abordó para salir de Puerto Rico.

De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, el 2 de enero, en Cabo Rojo, la acusada “dañó y destruyó maliciosamente mediante fuego un edificio y otras propiedades reales y personales usadas en comercio interestatal o afectando dicho comercio”.